20121114

El “fracaso de la huelga” obliga a suspender el juicio de los espías en el que iba a declarar Cospedal



La “huelga de la normalidad”, para el Gobierno, o la “huelga que ha fracasado”, según el PP, ha provocado, sin embargo, la suspensión del llamado juicio de los espías en el que iba a declarar a las 12 horas del 14-N la secretaria general de los conservadores, María Dolores Cospedal, por acusar sin pruebas al PSOE de contratar a una empresa de detectives privados para que espiara a líderes de su partido.
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“Detectives Almirantes”, que así es como se llama la empresa a la que Cospedal señaló directamente, se querelló contra la también presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, así como contra la alcaldesa de Ciudad Real y diputada nacional, Rosa Romero, y contra el portavoz del Grupo Popular en las Cortes manchegas, Francisco Cañizares, por no aportar ninguna prueba en el acto de conciliación, ya que, según estos detectives, el PSOE nunca los contrató, sino un funcionario del Ayuntamiento ciudadrealeño que se sentía perseguido por dirigentes municipales y que posteriormente denunció un supuesto caso de acoso laboral. Nada de espionaje al Partido Popular, ni a ninguno de sus líderes, incluida su secretaria general.

Ausencia de dos agentes judiciales

El caso es que este juicio se está prolongando en el tiempo, siempre por razones extrajudiciales, como la suspensión del pasado día 3 de octubre a consecuencia de una intervención quirúrgica del abogado de María Dolores Cospedal, o la de la mañana del 14-N, aplazada de nuevo pero en esta ocasión “por la huelga de la normalidad” o la “huelga que ha fracasado”, según el Gobierno y el PP, respectivamente. La realidad de la cancelación de la vista no es otra que  la ausencia de dos agentes judiciales del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Coslada, que  no han ido a trabajar por la huelga general convocada por los sindicatos este miércoles.

Imagen dañada por las acusaciones

Huelga general que no salva a Cospedal, sin embargo, de los cargos que pesan sobre ella y sobre sus dos “compañeros de espionaje”, los citados Romero y Cañizares, ya que el director de “Detectives Almirante”, Isidro García, mantiene sus imputaciones al considerar que los ataques protagonizados por la secretaria general el PP dañaron gravemente la imagen de su empresa. Acusaciones falsas que los acusados pudieron rectificar, y no lo hicieron, en el acto de conciliación

Cien mil euros a cada uno

El responsable de la agencia de detectives presentó la demanda el pasado enero por “intromisión ilegítima en el honor” de sus responsables y solicitando que cada uno de ellos (Cospedal, Romero y Cañizares) indemnice a la parte demandada con 100.000 euros. El demandante alegó que las declaraciones de los tres políticos populares en las que hacían referencia a la supuesta contratación de servicios por parte del PSOE para espiar al PP le causaron prejuicio en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen, mientras que los abogados de los demandados enmarcaron esas manifestaciones en un contexto de “campaña electoral”, dijo el pasado mes de julio el abogado de la presidenta de Castilla-La Mancha.

Protestas de los funcionarios

Lo que sí ha evitado Cospedal han sido las protestas de los funcionarios. Según fuentes del juzgado consultadas por ELPLURAL.COM, algunos trabajadores tenían preparada “una sorpresa”, como cuando el pasado mes de julio “empapelaron” la entrada con noticias referentes a la secretaria general del PP, lo que motivó las protestas de su abogado, Alberto Durán, quien se quejó ante el juez. En este sentido, el titular del Número 5 preguntó al letrado si creía que las protestas de empleados públicos afectaban a la “imparcialidad del proceso”, recordándole que existían “cauces” como la recusación o la presentación de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial para reprochar las acciones del juzgado, si bien dijo que en su opinión no existe “relación” entre las protestas y el juicio.

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