La relación cotizantes-jubilados cae al nivel de hace diez años

La relación cotizantes-jubilados cae al nivel de hace diez años

Por cada pensionista en Galicia hay 1,2 trabajadores, por dos en España

El desmoronamiento del mercado laboral es tan intenso que se ha convertido, de lejos, en la principal fuente de desequilibrio de las cuentas públicas. La tasa de cobertura de desempleo es cada vez más baja, pero el creciente número de parados está agrietando otro de los pilares del Estado de bienestar: la Seguridad Social. En Galicia apenas hay 1,26 cotizantes por cada jubilado. Una proporción que en el resto del Estado es de dos a uno. La crisis ha devuelto la relación entre los que aportan al sistema y los que se benefician de él al nivel de hace diez años.

¿Por qué es mayor el desequilibrio gallego?

Por su galopante envejecimiento poblacional. Un factor que hace a la comunidad mucho más dependiente de la caja única de la Seguridad Social, un vínculo que está acentuando la crisis. En Galicia, según los últimos datos de Estatística, hay 256 municipios, el 81 % del total, donde las rentas que generan los hogares apenas cubren el 85 % del gasto en prestaciones. Es decir, estamos en un territorio más dependiente de la hucha de la Seguridad Social que del dinamismo económico.

¿Cuáles son las perspectivas?

Muy poco alentadoras. El creciente desequilibrio entre quienes contribuyen a financiar el sistema y quienes viven de una pensión no solo está acentuado por el desempleo que genera la crisis. Según el INE, cada día emigran al extranjero 25 residentes y 20.500 ciudadanos se trasladaron el último año a otra comunidad del Estado. Y A Coruña es la ciudad que ha experimentado una mayor fuga de residentes.

¿Qué otros factores inciden en el desajuste?

Además de la destrucción de ocupados, es decir, de cotizantes al sistema, Galicia, en particular, y España, en general arrastran un problema añadido. Las empresas pagan a los jóvenes entre un 40 y un 50 % menos que el resto de la plantilla, tal y como consta en los datos de la propia Seguridad Social. Esto afecta también a la caja. Quienes se marchan del sistema como jubilados aportaban a las arcas en concepto de cotizaciones mucho más que los nuevos contratados que los sustituyen. La crisis está agravando todavía más este fenómeno. Hay poco trabajo, y los escasos puestos que se ofertan tienen remuneraciones muy bajas, lo que afecta a la base de cotización.

¿Cuáles son las consecuencias a corto plazo?

A finales de septiembre, el Gobierno aprobó disponer, por primera vez, de 3.063 millones de euros del fondo de reserva de la Seguridad Social, la denominada hucha de las pensiones, con el objetivo de cumplir con «una serie de necesidades de tesorería», según explicó entonces Soraya Sáenz de Santamaría. Pese a defender tras el verano que se actualizarían las pensiones, el Ejecutivo de Rajoy ha cedido a las presiones de la UE y, finalmente no revalorizará las jubilaciones en relación al coste de la vida. Desde Bruselas y Berlín han insistido al Gobierno español, vía Ministerio de Economía, en que debe poner fin al principio de elevar cada año las prestaciones con arreglo a la inflación, principio que consideran absurdo en una economía en franco retroceso.

¿Está en juego la sostenibilidad del sistema?

Algunas variables invitan a pensar que sí. Las proyecciones hechas hasta la fecha muestran, por ejemplo, que el gasto en pensiones supondrá en el 2025 una cifra equivalente al 15 % del PIB. En el 2050 el peso oscilaría entre el 20 y el 30 %. En la sostenibilidad del modelo no solo depende del aumento del número de pensionistas respecto al de cotizantes, sino del crecimiento de la inflación y de la pensión media.

¿Cuáles son las soluciones?

Sobre la mesa se han apuntado muchas alternativas. Entre ellas las hay poco relevantes en términos cuantitativos dada la dimensión del problema, como la reducción del gasto superfluo de la administración. Algunas de las propuestas pasan por que la Seguridad Social no se alimente solo de las cotizaciones y se incremente la fiscalidad a las rentas más altas (en España es una de las más bajas de la OCDE). E incluso se ha planteado un sistema mixto o de capitalización. Una alternativa, esta última, a todas luces inviable con la actual crisis. Una generación no puede asumir el coste de ahorrar para pagar su pensión futura mientras abona las prestaciones de los actuales jubilados.

¿Qué otras alternativas hay encima de la mesa?

El impacto demográfico puede mitigarse con el crecimiento económico, de forma que se atraiga mano de obra cualificada. Pero eso pasa por un cambio de modelo productivo. Y los recortes presupuestarios de las Administraciones y la debilidad financiera de las empresas afectan a las inversiones en innovación, lo que no permite trazar una estrategia a medio plazo. Retrasar la edad de jubilación, desincentivar todavía más las prejubilaciones, reducir la deuda pública y crear un fondo público de capitalización son otras de las vías que están ahora encima de la mesa. Algunas de ellas, como los adelgazamientos de plantilla, son un alivio empresarial para el tiempo presente como consecuencia de la crisis, pero suponen una hipoteca para el futuro.