El juez investiga un fraude millonario del IVA en los comedores escolares
La justicia investiga un posible fraude millonario del IVA relacionado
con empresas y fundaciones que ofrecen el servicio de comedor escolar y
de monitores de los mismos. Las diligencias, abiertas en los Juzgados de
Instrucción número 1 del Prat de Llobregat y número 7 de Martorell,
deben determinar si existen responsabilidades por un presunto delito
económico de estafa contra la Hacienda Pública que, según diversas
fuentes, podría superar los 10 millones de euros.
Pedro Ariche, fiscal de delitos económicos, ha reconocido a EL PAÍS que
la investigación se encuentra en su tramo final. La instrucción de El
Prat de Llobregat se centra en la Fundación Catalana del Esplai —entidad
sin ánimo de lucro dedicada a actividades para la infancia y la
juventud— y en dos asociaciones (Asociación Catalana de Casas de
Colonias y Asociación de Recursos de Servicios de Esplai) que forman
parte de su entramado. Por otra parte, en Martorell investigan a 7 i
Tria SA, empresa de Sant Andreu de la Barca, propiedad de Josep Oriol
Carbonell, fundador y expresidente de la Associació Catalana d’Empreses
de Lleure, Educació i Cultura (ACELLEC), patronal del sector.
Actualmente, Carbonell es vicepresidente de ACELLEC y presidente de la
Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y
Animación Sociocultural (FOESC).
Las dos investigaciones judiciales están relacionadas con una consulta
vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de
Hacienda, realizada a petición de la FOESC, según la cual se debe
aplicar el 21% de IVA en el servicio de monitores de comedores
escolares. En plena crisis, la noticia preocupa en escuelas y
asociaciones de padres que temen un aumento en la factura.
Sin embargo, la información en torno a esta noticia es incompleta. Por
una parte, se ha dado por hecho que todas las empresas del sector
facturan sin IVA cuando no es así, lo que explica la indignación de
varios empresarios consultados por EL PAÍS y que siempre han aplicado el
impuesto. No en vano, la investigación se centra en algunos de los que
llevan años facturando sin IVA. Por otra parte, tampoco se ha hablado de
las investigaciones en curso ni se ha dicho que Carbonell es uno de los
imputados.
Hacienda considera que las fundaciones distorsionan el mercado si no pagan IVA
El debate en torno a la exención del IVA en el servicio de comedor
escolar lleva años coleando. A grandes rasgos, hay dos posturas. Por un
lado están las empresas del sector de la restauración que aplican el
impuesto y, por el otro, las empresas —no todas— y las fundaciones sin
ánimo de lucro que facturan sin IVA. Según estos últimos, están exentos
del impuesto por cumplir una función educativa. Ante este argumento, las
empresas de restauración recuerdan que la ley es igual para todos, que
el servicio es exactamente el mismo y se quejan de competencia desleal.
“Durante estos años nos han perjudicado mucho”, admite una empresaria.
El conflicto empezó la senda judicial el 27 de marzo 2009, cuando el
empresario Marcos Perea denunció a la Fundación Catalana del Esplai. En
el documento exponía una consulta vinculante de la Dirección General de
Tributos, donde se exponía que las fundaciones “compiten directamente
con sociedades mercantiles que prestan los mismos servicios, pero
pagando todos los impuestos, y que esta situación presenta graves
distorsiones del mercado”. La resolución concluía que “en ningún caso
los servicios de comedor escolar y de monitores pueden entenderse como
complementarios de los servicios de asistencia social, sino que cada uno
constituye una prestación de servicios independientes, siguiendo cada
uno su propio régimen tributario”. La única excepción, aclara Hacienda,
es cuando las entidades sociales prestan servicios a menores de seis
años.
Sin embargo, la Fundación Catalana del Esplai no era la única en
acogerse a la exención, también lo hacían empresas como 7 i Tria SA.
Ante tal situación, el 3 de junio de aquel 2009, Juan Ignacio Xiberta,
abogado del denunciante, envió un burofax a la ACELLEC advirtiéndoles de
las irregularidades detectadas y de la consulta vinculante. Pero ni la
demanda, ni la advertencia a la patronal, ni otras consultas vinculantes
que resolvían en contra de la exención hicieron que los defensores de
la misma cambiaran de postura. Y el proceso judicial siguió su curso.
Así, en El Prat de Llobregat abrieron las diligencias previas a la
Fundación Catalana del Esplai y a las dos asociaciones dependientes
mientras que en Martorell hicieron lo propio con 7 i Tria, después que
Perea también los denunciara.
Un comedor escolar. / Carmen Secanella
En la actualidad, tal y como reconoce el fiscal Ariche, ambas
investigaciones están en su tramo final y acumulan abundante
documentación. Entre la del Prat de Llobregat hay un informe de peritaje
sobre la Asociación de Recursos de Servicios de Esplai, entidad que
gestiona el servicio de comedor escolar de la Fundación. El informe,
fechado el 4 de noviembre del 2011 y realizado por dos inspectores de la
Agencia Tributaria a petición del juzgado, se centra en el período
2006-2009 —ambos años incluidos—, pues eran los ejercicios concluidos y
no prescritos hasta el momento de la denuncia. El informe señala que la
exención del IVA no incluye el servicio de comedor escolar, un ámbito
que para la Fundación no es baladí pues solo en el 2008 sirvió casi
600.000 comidas a 38.000 alumnos.
Los afectados están convencidos de que el caso acabará archivado. Josep
Oriol Carbonell afirma que están “tranquilos a nivel judicial”, aunque
inquietos por las consecuencias de la imposición del IVA en el servicio.
También remarca que las anteriores consultas vinculantes no eran tan
clarificadoras y critica el afán recaudatorio de la medida. Por su
parte, Josep Gassó, presidente de la Fundación —y que, como Carbonell,
está imputado— asegura que defienden “el derecho de fundaciones y
asociaciones de carácter social a facturar sin IVA estos servicios
educativos y sociales, así como el derecho de las familias a no tener
que soportar el coste adicional que supondría la aplicación de este
impuesto”. Gassó insiste en diferenciar entre asociaciones sin ánimo de
lucro —y por tanto sin intención de enriquecerse— y empresas privadas.
También advierte que se mantendrán firmes en su postura, pues cuentan
con el aval de expertos en derecho tributario y porque están
“convencidos de la legalidad y coherencia” de su actuación.
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