Guerra abierta entre registradores y notarios por el control del Registro Civil

en pleno siglo XXI, con Internet y las nuevas tecnologías, un par de figuras de otros tiempos discuten, pero no para facilitar y abaratar la vida a los borregos de turno, no: discuten para ver quién cobrará unas nuevas tasas (se pagará por todo, lean el segundo párrafo) en ésta "democracia" y éste "libremercado"..


Guerra abierta entre registradores y notarios por el control del Registro Civil

Guerra abierta entre notarios y registradores. El Consejo General del Notariado ha puesto el grito en el cielo ante el anteproyecto de reforma de los registros públicos, cuyo borrador ha sido elaborado por la Dirección General de los Registros y del Notariado al margen del colectivo notarial. En virtud del texto, los registradores pasarán a llevar, además de los registros de la Propiedad y Mercantil, el Registro Civil, el de Fundaciones, el de Últimas Voluntades y el de Seguros.

Dicha reforma obligará a los ciudadanos a inscribir "casi todo", desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros. “Los hijos no habrán nacido hasta que se inscriban, los matrimonios igual, los poderes no podrán utilizarse sin inscripción, no se cambiará de domicilio si no consta en los libros, los matrimonios deberán explicarle al registrado y al mundo la intimidad de sus capitulaciones matrimoniales, quedará patente la confianza o desconfianza de los apoderados de cualquier persona física”, denuncian los notarios en el editorial del último número de su revista, Escritura Pública.

Estos censuran que el ciudadano perderá privacidad ya que “los registradores se convertirán en una especie de Gran Hermano dado que tendrán acceso, con un solo clic, a toda información sobre la vida de una persona: si está casado, dónde vive, si ha hecho un testamento o firmado un seguro. Absolutamente todo”, explican a El Confidencial desde el Consejo General del Notariado.

Mayor lentitud y coste económico para los ciudadanos

El aumento de los asuntos que será necesario inscribir supondrá un lastre para el tráfico jurídico, al aumentar los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica. “Los notarios seguiremos haciendo nuestro trabajo, firmando poderes notariales, redactando testamentos... Pero si sale adelante la reforma, todos estos trámites también tendrán que ser inscritos en el registro, lo que ralentizará el tráfico jurídico. Es un exceso de formalismo y supondrá mayor burocracia. Lo que antes se hacía en 24 horas se retrasará varios días”, lamentan los notarios.

Sin olvidar, tal y como explican los notarios, el coste económico que supondrá para los ciudadanos. Por ejemplo, si el anteproyecto sale adelante, por un poder se pagará cuatro veces más “sin que por ello los ciudadanos vayan a tener mayor seguridad jurídica”.

El Notariado también denuncia que la comisión mixta ordenada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reformar el texto tampoco incorpora ninguna de sus propuestas, por lo que este se mantiene "prácticamente igual". También critican que la reforma carezca de estudios sobre su viabilidad económica. Censuran que el borrador no aborde aspectos susceptibles de mejora, como la posibilidad del acceso directo al contenido de los libros registrales en el momento de firmarse la escritura pública ni tampoco la conexión entre el Catastro y el Registro Civil para garantizar a los ciudadanos que los datos de ambos sobre una misma finca coinciden, algo que en la actualidad "no siempre es así y genera inseguridad jurídica".

A su juicio, el borrador modificará de raíz el sistema de seguridad jurídica preventiva español, pese a ser uno de los mejores del mundo y haber demostrado su eficacia. "Con la excusa de encargar la llevanza del Registro Civil a los registradores, se pretende sustituir el actual modelo de seguridad jurídica preventiva por otro que será perjudicial para la sociedad y un caso aislado en la Unión Europea", añade.

Por último, el Notariado critica también que es "incomprensible" que en 2011 se aprobara una ley de reforma del Registro Civil, con consenso de todos los grupos parlamentarios, y que antes de su entrada en vigor en 2014 se pretenda cambiarla íntegramente.