Existe una ley de carácter universal, que diferencia entre las formas de gobierno y las formas de régimen y que, en palabras del catedrático Dalmacio Negro, indica como: “los gobiernos son siempre oligárquicos con independencia de las circunstancias, el talante y las intenciones de los escritores políticos y de los políticos”.
En otras palabras, los regímenes son materialmente oligárquicos aunque no lo sean formalmente las formas de gobierno. Las familias que acceden a la oligarquía forman un grupo más o menos reducido de la sociedad política.
La estructura institucional del régimen político determina que sea más cerrada o más abierta la sociedad política, de modo que haya más o menos personas que influyan en la población como “think makers” y que accedan con mayor o menor facilidad a los puestos públicos de “decision makers”. Se trata de una regularidad de la clase política o, si se prefiere, de una ley de la naturaleza humana que es inmanente a todas las formas de gobierno, cuyo descubrimiento formal fue realizado por Robert Michels.
Grado de oligarquización de la sociedad
Existen dos conceptos que permiten analizar el grado de oligarquización de una sociedad. Hay que diferenciar entre la “potestas” (o poder formal) y la “autoritas” (o influencia o poder informal). Por un lado, las formas de gobierno constituyen una estructura formal que determina el número de responsables del mando en la sociedad y su grado de poder sobre los ciudadanos. Y, por otro lado, las formas de régimen constituyen el funcionamiento efectivo del orden político que determina el número de personas influyentes y su grado de influencia sobre los individuos.
De hecho, las disputas políticas en el medio y largo plazo giran entorno al grado de oligarquización de los regímenes. Así, por ejemplo, se puede tener una democracia multipartidista que formalmente establezca una sociedad abierta pero, en función del grado de involución institucional, seguir manteniéndose la casta política, heredada de una dictadura previa. Es decir, una cosa es la estructura formal y otra cosa es el régimen político. El régimen puede seguir siendo cerrado y, de hecho, sin financiación transparente y sin democracia interna, prevalecer el inmovilismo y el sometimiento a la autoridad en el seno de las instituciones, sobre el mérito y la capacidad de las personas.
De ahí, la importancia del marco institucional de cada país y de las características institucionales que lo definen porque el grado de oligarquización de la sociedad depende mucho de la dispersión pluralista del poder: la separación “real” de poderes, la independencia judicial “efectiva”, el cumplimiento “estricto” de la Ley, el principio de consentimiento de los ciudadanos ante las decisiones políticas trascendentales,…
Sin embargo, en última instancia, como señalaban Montesquieu o Tocqueville, la religión y las virtudes del “êthos” son las que moderan la oligarquía. Por ello, desde su agnosticismo, Friedrich A. Hayek llegó a la conclusión de que las religiones eran los “guardianes de la tradición” porque la existencia de un orden extenso, complejo y abierto de colaboración humana, que es los que constituye una sociedad civilizada, depende de que estén arraigadas, entre la mayoría de los ciudadanos, ciertas instituciones morales como el respeto por la vida, la familia, la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos, el dinero,…
Las instituciones morales, como patrones de comportamiento adquirido, que arraigan en la población por medio de la “autoritas” de las religiones (y, últimamente, de las ideologías) son el contrapeso que controla la evolución o involución institucional de la “potestas” de un país y, por tanto, también el grado de oligarquización de la sociedad.
Ideologías Colectivistas
Por ello, las ideologías colectivistas intentan imponer la democracia formal como religión civil e intentan controlar la educación y los medios de comunicación en aquellos territorios donde logran el poder político.
Sin excepción, todos los gobiernos colectivistas instrumentalizan el Estado de Derecho, intentan cambiar las virtudes del “êthos” por medio de legislación “al servicio de la política y no de los ciudadanos” pero, significativamente, extienden el incumplimiento de la Ley (“rule of Law”) y la impunidad ante los delitos de la oligarquía.
Y, sin excepción, la sucesión en el poder de los gobiernos colectivistas se puede observar en la “híper-legislación” del Parlamento con una permanente acción legislativa “destructiva” del “êthos” o del conjunto de valores morales mayoritario entre los ciudadanos.
Regímenes Colectivistas
Con el paso de las décadas, se puede identificar la imposición de un régimen colectivista sobre la población de un territorio porque se observan cinco hechos concretos de caracterización:
1) el aumento constante del tamaño del Estado –actualmente en Europa el sector público rebasa el 50% del PIB en muchos países— hasta niveles económicamente ineficientes,
2) la cristalización de una casta política,
3) la tiranía del consenso de los valores colectivistas con todos los partidos políticos partiendo de presupuestos idénticos como, por ejemplo, el culto y endiosamiento del Estado, el ateísmo antirreligioso, las bioideologías, el socialismo de Mercado o, si se prefiere, el capitalismo de Estado,
4) el deterioro institucional con legislación intervencionista y,
5) la generalización de la corrupción.
Se puede observar cómo, reiteradamente, cuando detentan cargos públicos, los “socialistas de todos los partidos” actúan a favor de los privilegios de la casta política y sus redes clientelares y en contra de los derechos individuales y de las soluciones de libre mercado. Así, al alcanzar el poder, los sucesivos “gobiernos intervencionistas” intentan expandir el poder político para abarcar los últimos rincones de la sociedad, entrando a legislar e imponer normas sobre los aspectos más íntimos de la libertad del individuo como la vida, la familia, el idioma, la educación, la propiedad, la información libre o la libertad de empresa.
En definitiva, son las ideologías colectivistas las que, permanentemente, intentan aumentar el grado de “oligarquización” de la sociedad. Y la observación de la realidad política nos permite constatar que se cumple la ley de hierro de la oligarquía.
Regímenes Colectivistas
Con el paso de las décadas, se puede identificar la
imposición de un régimen colectivista sobre la población de un territorio
porque se observan cinco hechos concretos de caracterización:
- 1) el aumento constante del tamaño del Estado –actualmente en Europa el sector público rebasa el 50% del PIB en muchos países— hasta niveles económicamente ineficientes,
- 2) la cristalización de una casta política,
- 3) la tiranía del consenso de los valores colectivistas con todos los partidos políticos partiendo de presupuestos idénticos como, por ejemplo, el culto y endiosamiento del Estado, el ateísmo antirreligioso, las bioideologías, el socialismo de Mercado o, si se prefiere, el capitalismo de Estado,
- 4) el deterioro institucional con legislación intervencionista y,
- 5) la generalización de la corrupción.
Se puede observar cómo, reiteradamente, cuando detentan
cargos públicos, los “socialistas de
todos los partidos” actúan a favor de los privilegios de la casta
política y sus redes clientelares y en contra de los derechos individuales y de
las soluciones de libre mercado. Así, al alcanzar el poder, los sucesivos “gobiernos intervencionistas” intentan
expandir el poder político para abarcar los últimos rincones de la sociedad,
entrando a legislar e imponer normas sobre los aspectos más íntimos de la
libertad del individuo como la vida, la familia, el idioma, la educación, la
propiedad, la información libre o la libertad de empresa.
En definitiva, son
las ideologías colectivistas las que, permanentemente, intentan aumentar el
grado de “oligarquización” de la sociedad. Y la observación de la
realidad política nos permite constatar que se cumple la ley de hierro de la
oligarquía.
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