Crisis económica: Encarcelado, desahuciado y perseguido por Hacienda
- Tras perder su piso le reclaman el impuesto de plusvalía
- Hacienda reclama a Antonio que regularice sus impuestos de una casa que se quedó el banco.
Es el colmo del drama de los desahucios: quedarse sin vivienda por no poder pagar la hipoteca y encima tener que hacer frente al impuesto sobre el incremento de su valor, aún cuando ni siquiera se haya producido tal aumento.
Los ayuntamientos, que son quienes recaudan este impuesto sobre el incremento de valor de bienes de naturaleza urbana -conocido popularmente como plusvalía-, caen en la contradicción de reclamar este tributo a quienes, por otro lado, incluyen en la lista de los más necesitados en el área municipal de Servicios Sociales.
Y se llega, ciertamente, al límite de la desesperación, cuando un padre o madre de familia ve cómo se le retiran todas las ayudas estatales y municipales -ni siquiera puede optar a un taller de empleo-, al tener pendiente la plusvalía de una vivienda que ha perdido por ejecución hipotecaria, desahucio, lanzamiento, dación en pago o como quieran llamarlo.
Un ejemplo real de los problemas de los desahuciados con los impuestos -esta vez relacionado con el IRPF- es el caso de Antonio Muñoz, que fue acusado de un doble asesinato que no cometió y, cuando la justicia le reconoció -después de pasar ocho meses en prisión-, que las acusaciones sobre él no se sustentaban, ya había perdido su trabajo, su camión, sus ahorros y su vivienda.
Subsidio de 426 euros al mes
Cuando pensaba que la peor de sus pesadillas había terminado, recibe una carta del Ministerio de Hacienda exigiéndole que se presente este miércoles, 24 de abril, en las oficinas del Inem de Castellón porque se encuentra en una "presunta situación irregular" y se enfrenta a la suspensión cautelar del subsidio por desempleo a mayores de 52 años (de 426 euros al mes) a partir del 21 de mayo de 2013.
A Hacienda le consta dicha 'situación irregular' por una vivienda con valor catastral de 23.838,19 euros en el municipio castellonense de Figueroles. Vivienda que le supuso en 2006 una hipoteca de unos 145.000 euros, vivienda que perdió por ejecución hipotecaria iniciada a finales de 2009 y que el mismo banco que le había desahuciado se quedó en subasta, el 15 de diciembre de 2010, por la mitad del valor de la tasación, esto es, por 80.210 euros, al quedar desierta la licitación.
"No me explico por qué me llega esta reclamación ahora, justo cuando sé que el banco ha vendido aquella casa a un particular. Imagino que tendrá que ver con la plusvalía, pero desconozco que siendo desahuciado tuviera que pagar ese impuesto", comentaba Muñoz esta semana, quien lamentaba que "no sé ni el importe de lo que me reclaman, pero ya es lo que me faltaba. No tengo bienes pero tampoco quiero deber nada a nadie".
Los Ayuntamientos, en general, consideran una ejecución hipotecaria como una operación de transacción y reclaman al desahuciado el impuesto sobre el incremento del valor del bien, atendiendo a la Ley de Haciendas Locales. En particular, en este caso, el Ayuntamiento de Figueroles asegura que no le consta ninguna liquidación pendiente de pago de Antonio Muñoz y desvincula la "irregularidad" que le reclama Hacienda del impuesto de plusvalía.
Y, sin embargo, la cuestión es que el Ministerio de Hacienda le exige ahora la declaración del Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas de 2011 que el año pasado no estuvo obligado a presentar. Consultados varios expertos sobre este extremo, atribuyen la exigencia de Hacienda a que el desahuciado debió cumplir con la Renta de 2011 para informar acerca de su nueva condición. De lo contrario, a la Agencia Tributaria le consta una transacción en la propiedad que el afectado no ha declarado, pero no le consta que fue una ejecución hipotecaria.
Deudores de unos y de otros
Su caso no es ni único ni aislado y es un golpe más a la dramática situación de muchas familias que acuden a los Ayuntamientos en busca de amparo. Cada persona tendrá una historia, una y miles de excepciones a las normas, leyes, ordenanzas, que quizás habrá que replantear.
El primer Ayuntamiento de la provincia de Castellón que ha reflexionado en este sentido ha sido Vila-real, que ha anunciado una moratoria sobre este impuesto ante un desahucio o dación en pago. Su concejal de Servicios Sociales, Mònica Àlvaro, explica que el consistorio, "como la entidad más próxima a la ciudadanía, no puede agravar la situación que están atravesando miles de ciudadanos que, a la desgracia de verse desahuciados de sus casas, perder la vivienda, y muchas veces continuar siendo deudores de la entidad de crédito que les financió, han de añadir el ser deudores de la Administración municipal en el caso de no haber liquidado el impuesto sobre el incremento de valor de bienes de naturaleza urbana".
Àlvaro califica de "injusto" para las familias desahuciadas este impuesto. "Es evidente que el incremento de valor de la vivienda -de haber alguno- sobre el hogar que las familias se ven obligadas a abandonar, no redunda de ninguna manera en el bienestar de las personas que se ven forzadas a perder su casa", argumenta.
La edil lamenta que "hoy por hoy, resulte imposible eximir a la ciudadanía en riesgo de exclusión social o desahuciada del pago de estas plusvalías, porque esto implicaría un cambio real en la Ley de Haciendas Locales más allá de las parcas medidas establecidas por el Real Decreto 6/2012 sobre medidas urgentes contra los desahucios".
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