se están sorteando tortas y algunos tienen muchos números..
Draghi,
en contra de que los grandes depositantes sufraguen rescates
bancarios
El
rescate de Chipre ha sacado a la luz los diferentes puntos de vista
sobre la directiva en la que trabaja la Comisión Europea, el Consejo
Europeo y el Parlamento Europeo para minimizar la utilización de dinero
público en la recapitalización de entidades financieras. El Banco
Central Europeo, por ejemplo, discrepa abiertamente sobre un tema clave:
que los depositantes con más de 100.000 euros deban contribuir al
rescate de una entidad fallida.
“El BCE considera que la base de depósitos de las instituciones de
créditos es una fuente de financiación que debe ser reforzada. Para
ello, el objetivo de la resolución del Artículo 26 (2)(e) [que excluye
de las quitas a los depósitos inferiores a 100.000 euros] debe ser
ampliado a todos los depósitos, tal y como se definen en el Artículo 1
de la Directiva 94/19/EC, sin el límite de 100.000 euros”, asegura el
BCE en un documento que remitió a la Comisión el pasado 29 de noviembre
para expresar su opinión sobre el proyecto de Directiva.
La posición de Draghi
Es decir el BCE quiere incluir a todos los depositantes bajo el paraguas
protector que dispone la propuesta de la Comisión para incentivar a los
clientes de los bancos a financiar a sus entidades vía depósitos. Según
el borrador de la Directiva, todos los pasivos de una institución
deberán asumir los costes de futuras reestructuraciones, excepto los
depósitos asegurados (hasta 100.000 euros), los pasivos respaldados con
garantías (como las cédulas hipotecarias) y los pasivos con un
vencimiento residual de menos de un mes.
El pasado martes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se opuso
rotundamente a cualquier directiva que disponga que el Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE) solo pueda entrar a rescatar una entidad una vez
que los depositantes con más de 100.000 euros hayan sufrido quitas. Esto
alineó los intereses del Gobierno español con los del BCE.
Sin embargo, el papel del BCE en este asunto es meramente consultivo y
no tiene poder de veto ni de modificación de la Directiva, labor que
corresponde en estos momentos al Parlamento Europeo y a la Comisión
Europea. Sin embargo, el peso político del BCE y su influencia a la hora
de marcar los tiempos en la resolución de esta crisis pueden ser
utilizados por el Gobierno para defender su postura en Bruselas.
Aunque el debate sobre esta norma comenzó oficialmente en junio del año
pasado, el rescate de Chipre, en el que los depositantes de más de
100.000 euros de dos entidades del país pueden sufrir quitas de hasta el
60%, lo ha vuelto a poner de actualidad. Especialmente después de que
el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, asegurara el pasado
día 25 en una entrevista concedida a Financial Times y a Reuters que
Europa debe asumir un nuevo enfoque en las crisis bancarias. Y que ese
enfoque debe obligar a los acreedores de los bancos (entre los que
incluye a los depositantes no asegurados) a pagar los desmanes de sus
gestores antes de que entre un solo euro de dinero público (vía
Mecanismo Europeo de Estabilidad).
En
estos momentos, el Parlamento Europeo y el Consejo están trabajando
sobre un supuesto que mantenga la jerarquía tradicional a la hora de
asumir pérdidas: primero los accionistas, seguidos de los inversores en
productos híbridos (preferentes) y los bonistas junior. Hasta aquí, todo
claro. El debate es si después de los bonistas junior hay que incluir a
los bonistas senior y los depositantes no asegurados, en un mismo
nivel, o si los depositantes asegurados deben situarse un escalón por
encima (más protegidos) que los acreedores senior.
Yves Mersch, miembro del comité ejecutivo del BCE, explicaba la semana
pasada en una entrevista con EXPANSIÓN sobre esta directiva que “los
detalles sobre el reparto de la carga son, en última instancia, una
decisión política”.
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