El Estado deja de perseguir el fraude por falta de personal en el Fogasa

y la solución propuesta es la privatización!!! con lo bien que ha ido (recordando los EREs en Andalucía) ahora sólo falta que haya una parte interesada, para que la corrupción también aterrice en éste apartado.

el país se sigue desmoronando, pero entre fallas, feria de abril, fútbol y toros.. todos miran para otro lado mientras el rey va desnudo.. disfruten lo votado..


El Estado deja de perseguir el fraude por falta de personal en el Fogasa

• Los letrados que deben cerciorarse de que una empresa es insolvente y de que el Estado debe asumir la indemnización de sus trabajadores acuden solo a uno de cada tres juicios
• El organismo dice que está "sistemáticamente condenado al pago de prestaciones indebidas" por la falta de personal
• La única solución propuesta desde el ministerio de Empleo es la privatización de parte del servicio

La falta de control sobre fondos públicos nunca es una buena noticia, pero cobra gravedad cuando la crisis y los recortes arrecian. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) -un organismo público del que dependen miles de trabajadores, que gestiona recursos públicos y que está colapsando- no solo arrastra desde hace varios años retrasos en sus pagos que llegan a superar el año, sino que, según ha podido saber eldiario.es, su escaso personal acude solo a un 30% de todos los procesos judiciales en los que debe velar por sus intereses y, por tanto, de que el uso de fondos públicos sea el adecuado. El propio organismo reconoció en febrero que, con los recursos actuales, el Fogasa está "condenado al pago de prestaciones indebidas".

El Fogasa es un organismo público que depende del Ministerio de Empleo y que se encarga de gestionar los expedientes y sufragar las indemnizaciones y los salarios de los trabajadores de empresas que se hayan declarado insolventes o en concurso de acreedores. Debe velar por que efectivamente la situación de la empresa requiera la intervención del organismo, que se cumplan todos los requisitos y que los pagos se hagan conforme a la ley, algo que sus escasos recursos le impiden hacer ahora.

De los 400 trabajadores del organismo, cerca de 130 son letrados. Su labor es la de acudir a las vistas para velar por los intereses del Fogasa -y, por lo tanto, del Estado- en los procesos en los que se requiere el pago de indemnizaciones y salarios a empresas que se han declarado quebradas e insolventes. El Estado asume el coste de la indemnización, siempre y cuando se demuestre que, en efecto, la empresa no tiene cómo atender a estos derechos.