La inaplazable por necesaria liberización farmacéutica

La inaplazable por necesaria liberización farmacéutica

PP, PSOE y farmacéuticos establecidos no quieren aumentar la competencia permitiendo la libre apertura, porque eso disminuiría los ingresos de los actuales propietarios de farmacias

MÁS de seis millones de parados. Esa es la cifra oficial de la más lacerante sangría de cuantas padece nuestro país. Seis millones de personas son muchas personas. Muchas familias. Muchos proyectos de vida. Muchas ilusiones rotas. Y muchas situaciones de extrema necesidad física y de extrema humillación psicológica. Frente a esto, el Gobierno de la nación debe hacer algo. Si todo se limita a subir impuestos a quien todavía produce, y a recortar prestaciones a quienes ya no pueden producir, más pronto que tarde el sistema se colapsará. Por eso, a finales del año pasado, hemos tenido conocimiento de ciertos proyectos legislativos que el Gobierno se propone acometer para incentivar el movimiento económico que, se quiera reconocer o no, es la base sobre la que pivota el sistema fiscal. Dicho de otro modo, pagar impuestos está bien, a condición de que haya quien los pague.

Pues bien, una de esas iniciativas es el conocido como APL (anteproyecto de ley) de servicios profesionales, dado a conocer el 20/12/2012. En ese texto se hace referencia fundamentalmente a tres profesiones: La de abogado/procurador, la de arquitecto/arquitecto técnico y la de farmacéutico de oficina de farmacia. Ocupémonos de la profesión de farmacéutico:

Desde el 24 de enero de 1941, en España quedó limitado el número de farmacias por Decreto. Desde ese día, ha sido cada vez más difícil abrir una nueva farmacia. Todas las normas estatales y autonómicas que regulan la apertura de nuevas farmacias obedecen, de una u otra forma, a obstaculizar lo más posible estas aperturas, y todas intentan que si hay que abrir un poco la mano, las nuevas boticas vayan a parar a manos de amigos o allegados. En la mayoría de los casos, las nuevas farmacias son para quienes transmitieron la suya a su recién licenciado hijo/a (o tal vez la vendieron en el mercado de licencias de farmacia), y optaron por una nueva alegando sus dilatados méritos profesionales, los cuales no pocas veces se resumen en la tenencia de uno o varios farmacéuticos adjuntos llevando su botica, mientras ellos disfrutan de la vida con un refinamiento exquisito.

Bien, pero el paro sigue subiendo y las cotizaciones a la seguridad social, en consecuencia, siguen bajando. ¿Y qué creen ustedes que se le ocurre al ministro De Guindos, persona de notables implicaciones familiares en el mundo de la farmacia? Nada más, y nada menos, que reconocer en el texto que comentamos que la competencia crea empleo y bienestar, y que, en consecuencia, proyecta permitir la entrada de capital no farmacéutico en la farmacia. Dicho de otro modo, plantea permitir que personas y sociedades sin titulación universitaria en farmacia puedan ser propietarias de este tipo de establecimientos, cosa que ahora mismo no es posible, con la salvedad de una proporción de capital que permite la ley de sociedades profesionales.

De Guindos plantea mantener el oligopolio, pero modificando la cualidad de los oligopolistas. Y ante este proyecto legislativo, los farmacéuticos establecidos salen en tromba a cargar contra el Gobierno porque pondría (sic) «la salud pública en manos del Gran Capital -así, en mayúscula, como si se tratara de una tesis sobre Marx-, que sólo busca el beneficio económico».

Sin embargo pocos saben que en el informe sobre Sanidad que Rajoy encargó hace ya más de un año a sus más directos colaboradores, había un apartado específico que versaba sobre la necesaria reforma farmacéutica. Ese informe apuntaba sin reservas hacia el modelo navarro de farmacias, que básicamente es un modelo que garantiza las farmacias necesarias, y a partir de ahí otorga libertad de establecimiento a todo farmacéutico que quiera establecerse, con un límite cuantitativo bajísimo como cláusula de cierre. En suma, frente al modelo español que garantiza clientes a las farmacias, el modelo navarro garantiza farmacias a los pacientes.

En este punto, el lector se preguntará: «Si el modelo que propicia nuevas aperturas es el navarro (constatado además por 12 años de experiencia sin menoscabo sanitario alguno, sino todo lo contrario), ¿por qué razón ni De Guindos lo propone como fórmula competitiva, ni los farmacéuticos establecidos reconvienen al Gobierno con esa propuesta ante la «amenaza sanitaria» que supone la llegada del «Gran Capital?». ¿Y por qué el PSOE, que conoce el modelo navarro, no lo opone como fórmula alternativa en lugar de sólo quejarse de que entrará ese gran capital que es tan pernicioso, que luego coloca a todos sus dinosaurios de la política?».

¿Qué sentido «competitivo» tiene mantener intacta la restricción del número de farmacias y limitarse a cambiar la cualidad de los futuros oligopolistas? Desde luego, incrementar la competencia no, pues el número de farmacias no aumentará. ¿Qué sentido tiene que el PSOE y los farmacéuticos establecidos, conocedores del modelo de mínimos, no lo abanderen para evitar la implantación de esa plaga egipcia que son las multinacionales?

La respuesta a todas estas preguntas sólo puede ser una. A saber: PP, PSOE y farmacéuticos establecidos no quieren incrementar la competencia permitiendo la libre apertura, porque eso disminuiría los ingresos de los actuales propietarios de farmacias. Si De Guindos realmente piensa hacer «esa concesión» a las grandes cadenas, ha sido por imposición de Bruselas, no por incrementar la competencia ni, desde luego, para mitigar el lacerante problema del empleo.