La Audiencia Nacional plantea abrir un proceso penal por las preferentes de Bankia

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La Audiencia Nacional plantea abrir un proceso penal por las preferentes de Bankia

El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción su opinión sobre las querellas presentadas por el movimiento 15-M, UPyD y varios particulares. En las denuncias se planteaba la declaración como imputados de, entre otros, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, así como a cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia por estafa en la gestión de las participaciones preferentes, según la Cadena Ser.

El magistrado ha admitido a trámite varias querellas contra los altos cargos de entidades bancarias que intervinieron en la comercialización de dichos productos financieros, la primera de ellas la presentada por la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) el pasado 15 de abril. Andreu abrió entonces diligencias previas separadas e independientes de las que instruye también su juzgado sobre la salida a Bolsa de Bankia a las que ya se han sumado otros querellantes como el movimiento 15-M y ciudadanos particulares afectados por estas participaciones.

Las querellas admitidas se dirigen contra las entidades Caja Madrid y su filial, la mercantil Caja Madrid Finance Preferred S.A.; Bancaja y su filial Eurocapital Finance; Bankia; y el Banco Financiero y de Ahorros.

En cuanto a las personas físicas denunciadas en los escritos figuran, además de las ya mencionadas, los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.

Las denuncias también se dirigen contra "todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos".

Solicitan que se les impute a todos ellos la comisión de delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Plan deliberado

En opinión de los querellantes, recientes informes de la CNMV y del Banco de España acreditan que la comercialización de estos productos no fue "puntual y fortuita" sino "sistemática y deliberada" en ejecución "de un plan preconcebido por los órganos rectores de las Cajas de Ahorros y sus sucesoras para financiarse a costa de sus clientes minoristas".

Las querellas reflejan datos procedentes de la CNMV y del Banco de España que demuestran que "tanto Caja Madrid como Bancaja aprovecharon la falta de transparencia del mercado AIAF, de funcionamiento descentralizado, para crear un mercado interno ficticio en el que manipularon de forma continuada los precios de cotización para mantenerlos artificialmente altos".

Destacan así, que los bancos citados generaron un producto complejo con intención de que fuera difícilmente entendible, incentivaron su venta por parte de sus redes comerciales, se aprovecharon de la confianza de sus clientes, fingieron la existencia de un mercado secundario oficial real e intermediaron falsas operaciones de compra y venta para mantener la ficción creada.

El fraude alcanza la CNMV

Los querellantes consideran que la responsabilidad del fraude alcanza a la CNMV ya que "era perfectamente conocedora de las malas prácticas y no requirió a los interesados hasta junio de 2010". No fue hasta noviembre de 2011 cuando la comisión estableció nuevas obligaciones a los bancos para garantizar que la negociación de preferentes se hiciera en condiciones de mercado.

Incluyen también al Banco de España por su actuación tras la recompra de preferentes por parte de Bankia después de su constitución. Así, aseguran que la institución no se opuso a "la incuestionable manipulación y encubrimiento del mercado que evidenció esta operación". "La recompra se realizó con el conocimiento y autorización del banco de España con el fin de que la estafa subyacente no aflorara bajo ningún concepto", agregan.

Deficiencias de comercialización

Por su parte, el expresidente de la CNMV Julio Segura ha reconocido esta semana la existencia de "deficiencias en la comercialización de preferentes claramente generalizadas" en el mercado financiero español.

Por otro lado, ha apuntado que la CNMV disponía de 15 inspectores y para controlar entidades, frente a los 200 de que dispone el Banco de España sólo para supervisar entidades de crédito, al tiempo que ha apostillado que los inspectores "no son agentes de la ley y mentirles es gratis", ha lamentado.

En cuanto a la exigencia de responsabilidades en la acción supervisora de la CNMV, Julio Segura ha advertido de que este organismo "no puede" prohibir la venta de productos como las preferentes y que debería cambiar la ley para endurecer la norma en el apartado de comercialización de este tipo de productos a particulares. Además, ha precisado que la labor de este organismo es comprobar que la información remitida por las entidades se ajusta a lo que marca la ley y no valorarlas ni comprobar si es cierta.