habrá que escarmentar a la chusma..
La fiscal pide penas de cinco años y medio de cárcel para los 20 acusados de asediar el Parlament
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 5 años y 6 meses de cárcel y
una multa de 7.500 euros para cada uno de los veinte acusados por el
asedio al Parlament en junio de 2011 como autores de un delito contra
las instituciones del Estado en concurso con un delito de atentado
contra la autoridad.
En su escrito de acusación, la fiscal Teresa Sandoval sostiene que
"varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de
personas que les impedían el acceso al Parlamento, mediante empujones,
golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en
su seguridad personal".
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración
convocada por el 15M ante el Parlamento catalán derivó en situaciones de
asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos al presidente
de la Generalitat, Artur Mas, al que se le impidió el paso cuando
viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado y accedió
finalmente en helicóptero junto con otros diputados.
El juez instructor Eloy Velasco acordó mantener imputados a 22 de los
acusados de participar en el asedio, aunque ahora la Fiscalía se refiere
a 20 (14 hombres y 6 mujeres), y destacó entonces que la intimidación a
parlamentarios por parte de un grupo convierte lo que pudiera ser una
falta en un delito grave, interpretación que según indicaron entonces
fuentes jurídicas podría aplicarse para perseguir los escraches.
En el escrito de acusación, la fiscal pide también una multa de 7.500
euros a cada uno de los acusados (1,5 millones en total) y a uno de
ellos le imputa una falta de daños por haber pintado una cruz en la
gabardina de una de las diputadas autonómicas.
En el relato de hechos, la fiscal explica que los acusados
protagonizaron una serie de "comportamientos y actitudes violentas e
intimidatorias" contra los diputados que tenían como objetivo impedir su
asistencia al pleno, que ese día discutía las enmiendas a la totalidad
de los presupuestos catalanes y un proyecto de ley de medidas fiscales y
financieras.
Narra que "en un contexto de protesta social ante los recortes de
prestacionales acordados con anterioridad por el Parlament", se convocó
una manifestación bajo el lema Aturem el Parlament. No deixarem que
aprovin retallades ("Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben
recortes").
Así, indica que en la noche del 14 al 15, varias personas pusieron "gran
cantidad de objetos, materiales de obra (vallas, hormigón, cuerdas,
maderas...) en las puertas de acceso" al recinto del Parlament con el
objetivo de impedir el acceso a la Cámara. En la manifestación llegaron a
reunirse mil personas y la Policía bloqueó entonces las puertas de
acceso y dejaron una abierta para que entraran los diputados, en torno a
la cual llegaron a concentrarse unas 600 personas.
Aunque finalmente los diputados llegaron a acceder al Parlament en
helicóptero y en coches policiales, la sesión parlamentaria se inició
con un retraso de once minutos y tuvo que suspenderse media hora para
dar tiempo a que llegaran más diputados (el pleno se inició con 70 de
los 135 parlamentarios), y finalmente se suspendió hasta el día
siguiente.
El escrito de acusación hace un relato individualizado de las conductas
de cada uno de los acusados y sitúa a cuatro de ellos, Javier Tadeo,
Cristóbal Nicolás, Daniele Vinci y Rubén Molina, en el asedio al coche
oficial de Artur Mas, al que cortaron el paso y, tras subirse al capó
para dar golpes al vehículo, lo zarandearon y le impidieron acceder al
Parlament.
Tilda de "actitud extremadamente agresiva" la de una de las acusadas,
Marta Pi Morera, quien empujó al diputado Joan Boada, y explica cómo
otro de ellos impidió el paso al invidente Josep Maria Llop Rigol. A
Alfons López Tena le robaron del bolsillo unas llaves y a Ernest
Maragall le rodearon varios que se le encararon con actitud hostil,
"completamente pegados a él", y uno de los acusados, Ciro Morales, "le
gritó a escasos centímetros dejándole perplejo, desorientado y buscando
una salida para escapar del acoso".
La fiscal relata además que a la diputada Ana Isabel Marcos se le arrojó
"gran cantidad de una sustancia líquida", cuando uno de los acusados,
Antoni Dolz, la cogió del brazo y le dijo: "Ahora toca la sesión
fotográfica. Sonríe", tras lo que la fotografió y la grabó en vídeo.
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