eran uno de los despachos con más prestigio de España..
La juez Alaya vuelve a apuntar al papel de Garrigues en el fraude
La juez encargada del caso de los ERE fraudulentos de Andalucía
señala la connivencia entre el despacho, la Junta de Andalucía y la
expresidenta de la empresa aceitunera Acyco (filial de SOS hoy
traspasada a Hojiblanca) para conseguir ayudas y cometer fraude con
ellas. Mercedes Alaya anuncia nuevas vías de investigación.
La juez Mercedes Alaya, que instruye el caso de los ERE fraudulentos de
la Junta de Andalucía, ha descrito con detalle las ilegalidades
cometidas con dinero público por Encarnación Poto, expresidenta de
Acyco, empresa aceitunera que realizó un ERE antes de su incorporación
al Grupo SOS (hoy Deoleo) en 2003. Y el papel clave que desempeñó el despacho Garrigues en el fraude.
Este
bufete tiene a dos abogados del área laboral de Sevilla imputados -uno
de ellos socio de la empresa- y en el sumario hay alrededor de tres mil
folios que describen su actuación en el caso. La fiscalía Anticorrupción
ya señaló hace un año el papel clave de este bufete y del sevillano
Villasís -con otros dos letrados imputados-.
Poto, a quien Alaya impone una fianza de cuatro millones de euros en un
auto del pasado 3 de mayo notificado ayer y difundido por el PP andaluz,
se prejubiló en el citado ERE pese a que siguió siendo presidenta de
Acyco hasta 2011 y cobrando no sólo la prejubilación con dinero público,
sino dietas por asistencia a los consejos tanto de Acyco como de otras
empresas de SOS. La fianza se fija teniendo en cuenta todas esas
cantidades.
La juez señala que, fruto de todo ello, "puede afirmarse indiciariamente
que se ha enriquecido ilícitamente con cargo a fondos públicos,
propiciando a través de sus influencias y de las del despacho Garrigues
que contrató, la concesión por la Junta de Andalucía, sin mediar
solicitud alguna, de una ayuda sociolaboral tan cuantiosa como
innecesaria, porque de entrada no era necesario el ERE de Acyco" sino
una imposición del grupo SOS previa a la compra de la empresa.
La juez también apunta que Garrigues "garantizó" a Poto que la Junta
concedería la ayuda para el ERE -que ascendió a 2,9 millones- y que ella
sería incluida en él fraudulentamente. Además, la minuta de Garrigues
-109.620 euros- se pagó con otra ayuda pública de la Junta que consiguió
Poto.
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