Ni media broma: as tratan en Irlanda al moroso hipotecario
En este país donde todo parece desmadrarse antes o después, le ha tocado
el turno en los últimos meses a las dos caras de una misma moneda: los
desahucios con las tragedias personales asociados a los mismos, por una
parte (V.A., "Desahucios, la muerte como exageración", 12-11-2012), y
las refinanciaciones hipotecarias y su impacto sobre el balance de los
bancos, por otra (EC, "Linde pone el punto de mira en las
refinanciaciones de segunda vuelta con empresas", 08-05-2013). No se
trata de un problema exclusivo de nuestro país. Ni mucho menos. Sin
embargo, en otros estados de la Unión Europea han decidido coger el toro
por los cuernos a través de un doble proceso: simplificación del
mecanismo ejecutivo y limpieza de cualquier atisbo de ‘fraude’, en la
medida en que este exista. Es el caso de una Irlanda que comparte
con España la responsabilidad ‘con todos los bienes presentes y futuros’
por lo adeudado al banco o a un acreedor no financiero.
Así, de acuerdo con el desarrollo recién publicado de la Ley de
Insolvencias aprobada por su Parlamento en enero del año pasado, cualquier
titular de una hipoteca que solicite a su entidad financiera una
condonación parcial de la deuda que con ella tiene contraída deberá
haber renunciado antes a cualquier bien considerado como suntuario y/o
prescindible, caso de la televisión por satélite o cable, la educación
de los hijos en centros privados, las vacaciones en el extranjero o,
incluso, el coche si tiene fácil acceso a los medios de transporte
públicos. De acuerdo con las declaraciones del nuevo Servicio de
Insolvencias establecido en la isla, recogidas por Financial Times, "no
se trata de que vivan con lo imprescindible, sino de que no se permitan
lujos que no pueden pagar".
Para fijar la frontera entre una vida corriente dentro de las
posibilidades y otra excesiva, el regulador irlandés ha tenido a bien
fijar las referencias de gasto mensuales para los ciudadanos que se
encuentren en esta tesitura. Así, por poner algún ejemplo, el límite
individual de compras alimenticias se fija en 247,04 euros al mes y el
de calefacción en 57,31. Podrá destinar a desembolsos ligados a su
"participación e inclusión social"–entradas de cine, pintas de cerveza y
similares- 125,7 euros cada treinta días. Se trata de una guía para
bancos y Administración a la hora de abordar cualquier reestructuración
propuesta por un cliente moroso y/o insolvente, condición que afecta a
una cuarta parte de las hipotecas concedidas en su intervenida economía.
Todo aquello que supere ese nivel de renta de ‘subsistencia’ será
utilizado como argumento en contra del deseo de quien demanda recortes
en su financiación ajena. El establecimiento de este techo (en el Reino
Unido existe algo similar por partidas de gasto, pero sin
individualización de cuantías) suena más a desiderátum que a referencia
realista por varios motivos: la dificultad de monitorizar los flujos
financieros de quien solicita el ajuste; la imposibilidad de controlar
su actividad sumergida (que paradójicamente se ve incentivada por esta
medida con el correspondiente impacto recaudatorio para las arcas
públicas); o su capacidad de utilizar sociedades para camuflar parte de
los 'caprichos' ahora considerados como no admisibles, entre otros.
No obstante, la medida responde al más puro sentido común. Y son varias
las razones. Está en primer lugar el llamado ‘riesgo moral’, premiar a quien incumple frente al que paga.
No se podría considerar su uso como legítimo si el ‘sacrificio’ social
no va acompañado del personal del que se beneficia de la renegociación.
En segundo término, obliga a la gente a vivir de acuerdo con sus posibles, cosa a la que no siempre está dispuesta.
Me contaba el director de un colegio privado hace bien poco que tuvo
que cancelar la beca a una familia después de que se pasaran una semana,
en pleno curso, esquiando en los Alpes franceses. En esta nación de
‘vecinas’, en el sentido más peyorativo del término, cuesta un mundo
aceptar lo inevitable. Por último, en un sistema bancario nacionalizado
como el irlandés, cualquier merma en su beneficio, como el derivado de
una quita, va al bolsillo de los contribuyentes. Establecer normas
taxativas para su ejercicio parece no conveniente, sino imprescindible.
No creo que la medida sea replicable a España pero, por si acaso, tomen
nota de cómo está el patio. Bromitas, las justas. Buen fin de semana a
todos.
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