Seis
consejos de Bruselas que han pasado desapercibidos pero que marcarán el
futuro
Entre la treintena larga de recomendaciones que la Comisión Europea
formuló ayer a España para contener sus desequilibrios macroeconómicos,
hay seis, seis en concreto, que han pasado desapercibidas, pero que
cambiarán de forma decisiva la forma en que se hacen las cosas en
nuestro país. Son éstas:
1. Examen sistemático de las principales partidas de gasto. Lo decía
hace unos días José María Fidalgo, ex secretario de Estado de CCOO y
ahora director de la Unidad de Mediación y Negociación de la IE Business
School, hablando de la reforma de las Administraciones Públicas: "En
español, ni siquiera tenemos traducción para el concepto anglosajón de
'accountability'".
Este término, íntimamente vinculado a la gestión corporativa y, más
concretamente, a la gestión pública, hace referencia a la evaluación de
las políticas y a la rendición de responsabilidades.
Implica, entre otras cosas, que todo gasto público debe ser evaluado, y
mantenido o retirado en función del resultado de la evaluación. Si es
eficaz se mantendrá, si no lo es, se eliminará.
Esto, en España, no se hace y según la Comisión Europea esa carencia
está detrás de la escasa eficiencia y la baja calidad del gasto público.
En 2006, el impulso del ministro Jordi Sevilla permitió la creación de
una Agencia Estatal de Evaluación del Gasto, que debía cumplir esta
función, pero nunca cuajó y a día de hoy lleva sin emitir un informe
desde 2011.
Bruselas quiere ahora que España empiece a hacer 'accountability' y le
ha exigido que, para empezar, realice un evaluación detallada de las
principales partidas de gasto del Presupuesto: a día de hoy, éstas son
pensiones, prestaciones por desempleo e inversiones en infraestructuras.
2. Evaluación independiente de grandes proyectos de infraestructuras.
Aeropuertos vacíos, líneas de AVE con costes astronómicos que acaban por
cerrarse por escasez de pasajeros, autovías por las que apenas pasan un
centenar de coches al día, ciudades de la cultura o de las artes y las
ciencias; según los expertos, muy pocas de las grandes infraestructuras
levantadas en España en los años del 'boom' soportarían una auditoría
que midiera la relación coste-beneficio.
Bruselas ve estas prácticas como un ejemplo del despilfarro y ha exigido
a España que establezca un sistema de evaluación independiente,
probablemente bajo la Autoridad Fiscal pendiente de desarrollo, que
evalúe la rentabilidad de los grandes proyectos de infraestructuras
previstos para el futuro. Muchas líneas de AVE podrían estar amenazadas.
3. Itinerario individual de colocación. La reforma laboral de 2002 sentó
el principio de que los Servicios Públicos de Empleo ofrecieran a los
desempleados inscritos en sus oficinas un plan personalizado de
inserción laboral, con medidas formativas y de mejora de su
empleabilidad adaptadas a su perfil profesional. Cualquiera que haya
pasado por el paro sabe que, una década después, poco se ha avanzado en
este principio.
Bien, pues antes de que acabe el año, el Gobierno deberá haber promovido
(la competencia en políticas activas es de las comunidades autónomas)
un sistema de asistencia individualizada a los desempleados que tenga en
cuenta sus perfiles profesionales y sus necesidades de formación. ¿Se
hará ahora? Bueno, al menos los hombres de negro de la troika van a
estar pendientes de que así sea.
4. Un empleo o formación para jóvenes en cuatro meses. Un millón de
jóvenes están en paro, el 57% de los jóvenes entre 16 y 25 años que
quieren trabajar no pueden hacer y un 90% de los jóvenes en situación de
desempleo no están cursando ninguna clase de formación.
Bruselas valora el plan de empleo joven de España, pero quiere
resultados y para ello plantea que se establezca en España la "garantía
juvenil" un principio que obliga a que en un plazo de cuatro meses a
todos los jóvenes en situación de desempleo se les ofrezca bien un
puesto de trabajo, bien formación, o bien un puesto de aprendiz.
5. Más apoyo al alquiler de vivienda. ¿Está haciendo lo suficiente el
Gobierno para impulsar el mercado de alquiler? Sí, se ha puesto en
marcha una ley que aumenta la protección sobre los arrendadores y que
suprime cláusulas injustas, como la obligación de actualizar las rentas
en relación al IPC, pero también es cierto que se han restringido las
ayudas al alquiler y que habrá más viviendas procedentes de bancos
vendiéndose dentro del banco malo, que en un parque social de
alquileres.
Bruselas exigirá a España que a principios de 2014 presente una
evaluación de cómo han funcionado las nuevas medidas de fomento del
alquiler para ver si han sido eficaces para impulsar este mercado.
6. Lucha contra la pobreza. España es uno de los países de la UE-27 con
un mayor porcentaje de su población en riesgo de caer en la pobreza.
Bruselas considera que esta situación no es ajena a un marco de
protección muy disgregado y poco eficaz.
Por ello, exige que el Gobierno ponga la lucha contra la pobreza en su
agenda reformista y que adopte y aplique "las medidas necesarias" para
mejorar los servicios de ayuda de calidad a las familias.
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