20130717

La crisis del ladrillo hunde un 34% el negocio de notarios y registradores

La crisis del ladrillo hunde un 34% el negocio de notarios y registradores

Edificios y obras abandonados a medias, destrucción de empleo en todos los sectores. Son las cicatrices más visibles que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria deja en España desde el año 2008. Pero el parón de la actividad en el sector de la construcción y la disminución de la compraventa de viviendas ha afectado también a categorías laborales que no suelen asociarse con la crisis económica: registradores de la propiedad y notarios.

“La actividad del notario puede verse como un termómetro de la realidad social. Esto siempre pasó y sigue pasando también en un momento de crisis económica”, explica a este diario Alfonso Cavallé, oficial mayor del colegio notarial de Canarias y portavoz del Consejo Nacional. Los datos le dan la razón. Desde el año 2007, el volumen de actos que los notarios tramitan cada año ha bajado a un ritmo medio del 8% anual. En 2012, se realizaron en España siete millones de actos de este tipo, un 34% menos de los más de 11 millones de 2007, según los datos que el Consejo ha facilitado a El Confidencial.

Como buen espejo, o termómetro de la sociedad, la actividad notarial fue bajando de la mano de la compraventa de inmuebles. El negocio relacionado con la vivienda representó históricamente el mayor volumen de escrituras manejadas por estos funcionarios públicos especializados en Derecho. Ya que hoy se tramitan menos de la mitad de inmuebles que en 2007, las transacciones notariales de vivienda bajaron de media un 58% en las diferentes comunidades autónomas.

Las polémicas cláusulas suelo o la letra pequeña de las hipotecas suelen asociarse con la actividad notarial. Pero “con la crisis, las actas familiares o empresariales son las que más manejamos, con diferencia”, aseguran desde el Consejo. La confianza de la población en la actividad notarial, corroborada por los estudios sociológicos al respecto, y los precios relativamente bajos de los aranceles hacen que se mantenga la actividad. El informe "Doing Business" de 2013, del Banco Mundial, indicaba que los notarios españoles son los más baratos de su entorno, muy por debajo de la media alemana (con aranceles medios de 1.104 euros) o la austriaca (1.500 euros).

Estas cifras no han evitado que los 3.000 notarios españoles tuvieran que hacer “enormes esfuerzos” para mantener inalteradas sus plantillas. En el sector se estima que la facturación de las notarías bajó entre el 40% y el 70% desde el comienzo de la crisis. Un portavoz del Consejo asegura que, a pesar de esto, los 17.000 empleos que crean las notarías se mantienen inalterados. Pero sí hay noticia de notarías que han tenido que declararse en concurso de acreedores, aunque el Consejo no recoge ningún dato oficial. Fuentes de los colegios regionales señalan que, en 2011, cinco notarías tuvieron que declarar la suspensión de pagos en España. La estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye esta actividad laboral entre las “actividades jurídicas”. De ellas, 14 empezaron este trámite previo a la quiebra en el año 2012, el doble de las siete de 2008.

Ángel Luis Serrano, notario asturiano con 24 años de carrera sobe sus hombros, asegura que hoy factura la tercera parte de lo que facturaba en 2007. La crisis golpeó duro: en 2011 su notaría entró en un concurso de acreedores recientemente resuelto. Sin embargo, el número de empleados en la notaría (en cuanto a contratación, el notario es un empresario más) se redujo a la mitad: de 20 a 10 personas. “Las escrituras relacionadas con la vivienda representaban la gran mayoría de las que firmaba”, explica Serrano a El Confidencial. Los 30 euros por un testamento “no dan ni para mantener a la persona que lo redacta”, asegura. Ahora mismo, añade, “pólizas, ampliaciones y documentos de empresas son lo que está manteniendo a flote el sector”.

En el último concurso público para acceder a la profesión, de 204 plazas disponibles 139 quedaron vacantes. Sin embargo, eso no implica que la notaría 'cierre': con el siguiente concurso o a través de traslados se suelen cubrir esas plazas.

Esto no pone a salvo de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Algunos de los colegios regionales contactados por El Confidencial han señalado que, por primera vez, varias notarías se han visto obligadas a llevar a cabo ese procedimiento laboral. El Consejo no tiene un dato oficial sobre esta práctica, pero hay casos ejemplares. Entre ellos, la Comunidad Valenciana: el 50% de las 382 notarías de Alicante, Castellón y Valencia tuvieron que aplicar varios ERE para reducir plantillas u horario de trabajo.

Es muy parecida la forma en la que se ha visto afectada la actividad de los registradores de la propiedad, a menudo en conflicto abierto justamente con los notarios. El colegio profesional que reúne a esta categoría no ha facilitado ulteriores datos al respecto.

Las estadísticas de transmisión de derechos, disponibles en el INE, aclaran que el volumen anual de este trámite ha bajado en un 40% desde el 2007 hasta la actualidad. En las ciudades es donde más se notó la bajada: las transmisiones de derechos de viviendas urbanas bajaron en un 62% hasta 2012. En el caso de los solares, hoy se maneja el 38% de los que se tramitaban antes de la crisis.

La Comunidad de Madrid es una de las que más transmisiones de derechos de este tipo realiza cada año: si el Colegio de la capital tenía que registrar, de media, 61 transmisiones cada día en 2007, su número ha bajado hoy a 31, como consta tras analizar los datos que el INE publica mensualmente. La contundencia de este dato ha provocado que el Colegio de Registradores, contactado por este diario, no quisiera añadir comentarios al respecto: “Los hechos son más contundentes que las razones”, se limitó a afirmar un portavoz.

Entre estos hechos cuentan también los numerosos ERE. El primero llegó en noviembre de 2011 al Registro de la Propiedad número 1, de Burgos. En la última semana, la Asociación Profesional de los Registradores y los sindicatos del sector no llegaron a un consenso para firmar el nuevo convenio colectivo. Según denuncia UGT, el acuerdo prevería una rebaja salarial del 38% en las oficinas con menos de diez empleados.

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