Deloitte ingresó el triple en Cataluña tras contratar a un asesor de Mas

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Deloitte ingresó el triple en Cataluña tras contratar a un asesor de Mas

Deloitte triplicó sus ingresos en Cataluña durante los primeros años del mandato de Artur Mas. Un periodo que coincidió con la incorporación de David Madí, exasesor del presidente la de Generalitat, en las oficinas de Barcelona de la firma auditora como director del área de Consultoría Estratégica.

Tras este nombramiento, Deloitte ganó, entre 2011 y 2012, once contratos de la Generalitat, que sumaron más 41 millones de euros. Una cifra que contrasta con los 13,8 millones que la consultora logró durante los tres últimos años del Gobierno del tripartito.

Así lo recoge el anuario "Media.Cat 2013", que a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), contabiliza todos los contratos que fueron adjudicados a la firma presidida por Fernando Ruiz en los últimos cuatro años.

David Madí anunció en 2010 su retirada de la política para iniciar una carrera en el sector privado. En ese momento, el por entonces presidente electo, Artur Mas, se despidió de forma emotiva de Madí, calificando su marcha como una "pérdida muy dolorosa" y asegurando que era el "colaborador más cercano, valiente y querido", ya que había "sabido mantenerse en los momentos más complicados" y "había aguantado muchos golpes".

Primer contrato

A los seis meses de abandonar el mundo de la política, se hizo público su fichaje por Deloitte, donde estaría al mando de la consultoría estratégica de las oficinas catalanas. Semanas más tarde, y con Mas al mando de Cataluña, la firma resultó adjudicataria del contrato para auditar la situación económico financiera de la Generalitat por unos 800.000 euros.

Aunque en este caso las gestiones para la adjudicación se habían iniciado mucho antes del fichaje de Madí, los dos años siguientes se convertirían, según el Anuario, en el periodo más fructífero para Deloitte en sus relaciones con la Generalitat.

Concretamente, según el DOGC, la firma ganó once contratos por un valor exacto de 41.686.268 euros. Además hay que sumarle otros dos contratos por un monto total de un millón de euros adjudicados a Deloitte como parte de una unión Temporal de Empresas (UTE) con IN2 Ingeniería de la Información y AXPE Consulting.

Esta suma de dinero triplica la que Deloitte ingresó de la Generalitat durante los tres años del Gobierno de izquierdas (2008-2010). En este periodo de tiempo la auditora se hizo con diez contratos, sin embargo estos no sumaban más de 3,8 millones de euros.

Por otro lado, y durante la misma legislatura, la UTE en la que participaba Deloitte consiguió unos doce proyectos más del tripartito que rondaban los 10 millones de euros.

Según el Anuario Media.cat, a lo largo del gobierno de izquierdas, los organismos que adjudicaban los contratos a Deloitte o a la UTE, iban desde el Departamento del Interior al de Relaciones Institucionales, pasando por Presidencia o Bienestar Social. En ninguno de estos proyectos la cifra superó los dos millones de euros. Tan sólo hay un caso en el cual la UTE logró ser adjudicataria de dos contratos, que están ligados al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), y tienen un valor de 2,3 millones.

Polémica en el sector TIC

El CTTI está relacionado con la mitad de los contratos adjudicados a Deloitte durante el mandato de Mas. De hecho, este organismo fue protagonista de uno de los proyectos más polémicos y cuantiosos de esa legislatura. Según la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, el CTTI convocó un macroconcurso TIC de 55 millones de euros.

PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Capgemini fueron las tres firmas que se presentaron a este concurso, resultando ganadoras las dos últimas. Concretamente, la firma dirigida por Fernando Ruiz se hizo con el lote más grande, ya que según los datos del DOGC, Deloitte ingresará 33 millones en cuatro años, más dos de prórroga.

Según el Anuario, el sector TIC se queja de que hay "numerosas anomalías en las adjudicaciones del ámbito tecnológico en Cataluña". Así, indican que la Administración "exige cláusulas que provocan una concentración en un número reducido de empresas, en detrimento del amplio colectivo de auditores".