casualidades, como siempre.. disfruten lo votado..
Deloitte ingresó el triple en Cataluña tras contratar a un asesor de Mas
Deloitte triplicó sus ingresos en Cataluña durante los primeros años del
mandato de Artur Mas. Un periodo que coincidió con la incorporación de
David Madí, exasesor del presidente la de Generalitat, en las oficinas
de Barcelona de la firma auditora como director del área de Consultoría
Estratégica.
Tras este nombramiento, Deloitte ganó, entre 2011 y 2012, once contratos
de la Generalitat, que sumaron más 41 millones de euros. Una cifra que
contrasta con los 13,8 millones que la consultora logró durante los tres
últimos años del Gobierno del tripartito.
Así lo recoge el anuario "Media.Cat 2013", que a través del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), contabiliza todos los
contratos que fueron adjudicados a la firma presidida por Fernando Ruiz
en los últimos cuatro años.
David Madí anunció en 2010 su retirada de la política para iniciar una
carrera en el sector privado. En ese momento, el por entonces presidente
electo, Artur Mas, se despidió de forma emotiva de Madí, calificando su
marcha como una "pérdida muy dolorosa" y asegurando que era el
"colaborador más cercano, valiente y querido", ya que había "sabido
mantenerse en los momentos más complicados" y "había aguantado muchos
golpes".
Primer contrato
A los seis meses de abandonar el mundo de la política, se hizo público
su fichaje por Deloitte, donde estaría al mando de la consultoría
estratégica de las oficinas catalanas. Semanas más tarde, y con Mas al
mando de Cataluña, la firma resultó adjudicataria del contrato para
auditar la situación económico financiera de la Generalitat por unos
800.000 euros.
Aunque en este caso las gestiones para la adjudicación se habían
iniciado mucho antes del fichaje de Madí, los dos años siguientes se
convertirían, según el Anuario, en el periodo más fructífero para
Deloitte en sus relaciones con la Generalitat.
Concretamente, según el DOGC, la firma ganó once contratos por un valor
exacto de 41.686.268 euros. Además hay que sumarle otros dos contratos
por un monto total de un millón de euros adjudicados a Deloitte como
parte de una unión Temporal de Empresas (UTE) con IN2 Ingeniería de la
Información y AXPE Consulting.
Esta suma de dinero triplica la que Deloitte ingresó de la Generalitat
durante los tres años del Gobierno de izquierdas (2008-2010). En este
periodo de tiempo la auditora se hizo con diez contratos, sin embargo
estos no sumaban más de 3,8 millones de euros.
Por otro lado, y durante la misma legislatura, la UTE en la que
participaba Deloitte consiguió unos doce proyectos más del tripartito
que rondaban los 10 millones de euros.
Según el Anuario Media.cat, a lo largo del gobierno de izquierdas, los
organismos que adjudicaban los contratos a Deloitte o a la UTE, iban
desde el Departamento del Interior al de Relaciones Institucionales,
pasando por Presidencia o Bienestar Social. En ninguno de estos
proyectos la cifra superó los dos millones de euros. Tan sólo hay un
caso en el cual la UTE logró ser adjudicataria de dos contratos, que
están ligados al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la
Información de la Generalitat (CTTI), y tienen un valor de 2,3 millones.
Polémica en el sector TIC
El CTTI está relacionado con la mitad de los contratos adjudicados a
Deloitte durante el mandato de Mas. De hecho, este organismo fue
protagonista de uno de los proyectos más polémicos y cuantiosos de esa
legislatura. Según la Plataforma de Servicios de Contratación Pública,
el CTTI convocó un macroconcurso TIC de 55 millones de euros.
PricewaterhouseCoopers, Deloitte y Capgemini fueron las tres firmas que
se presentaron a este concurso, resultando ganadoras las dos últimas.
Concretamente, la firma dirigida por Fernando Ruiz se hizo con el lote
más grande, ya que según los datos del DOGC, Deloitte ingresará 33
millones en cuatro años, más dos de prórroga.
Según el Anuario, el sector TIC se queja de que hay "numerosas anomalías
en las adjudicaciones del ámbito tecnológico en Cataluña". Así, indican
que la Administración "exige cláusulas que provocan una concentración
en un número reducido de empresas, en detrimento del amplio colectivo de
auditores".
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