Educación renueva los conciertos con colegios que segregan por sexos
La Xunta de Galicia mantenía la incógnita sobre el futuro de los
conciertos educativos con cinco colegios ultracatólicos de la comunidad
que segregan a los niños por sexos desde que, el pasado marzo, el
Tribunal Superior de Justicia de la comunidad los declarara ilegales.
Tras unos días de titubeos, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo anunció
entonces que acataría el fallo judicial y desistió de recurrirlo ante el
Supremo, que ya ha emitido una decena de resoluciones declarando
ilegales los acuerdos públicos con ese tipo de centros. Pero este
miércoles, en plenas vacaciones, la Consejería de Educación de la Xunta
ha dado a conocer los conciertos con colegios privados para los próximos
cuatro años, entre los que se incluye la renovación de los acuerdos con
los centros que segregan a los niños.
Para justificar su decisión, el Gobierno gallego argumenta que la
sentencia del Tribunal gallego no es firme, ya que las empresas
propietarias de los cinco colegios en cuestión —Fomento de Centros de
Enseñanza, vinculada al Opus Dei, y Asociación Fontenova— la han
recurrido ante el Supremo. La Xunta también alude a que en el
anteproyecto de la nueva ley educativa elaborado por el Ministerio de
José Ignacio Wert, todavía pendiente de su tramitación parlamentaria,
figura un artículo que propone blindar la posibilidad de patrocinio
público a los centros que imparten la llamada “educación diferenciada”.
Wert introdujo esa reforma tras la constatación, por la abundante
doctrina jurídica del Supremo, de que esos conciertos contravienen de
forma expresa la vigente ley de educación. El Alto tribunal se tuvo que
pronunciar tras una larga batalla judicial en la que también se han
visto envueltos los Gobiernos de Andalucía, Asturias y Cantabria.
Una decena de resoluciones del Supremo también los declaró ilegales
Del mismo modo, en marzo pasado, el Tribunal Superior de Galicia utilizó
el mismo argumento que el Supremo para dictar la suspensión de los
centros segregados de la comunidad, tras un recurso presentado por el
Sindicato Gallego de Trabajadores de la Enseñanza (STEG). Los
magistrados gallegos, citando textualmente esa jurisprudencia,
concluyeron que, aunque “no se cuestiona la existencia de la educación
diferenciada, tan legítima como el modelo de coeducación [niños y niñas
juntos]”, eso no implica que “pueda acogerse al sistema de enseñanza
gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos”. La Ley
Orgánica de Educación de 2006 establece que los criterios de admisión de
los centros no pueden tener elementos discriminatorios, entre los que
se cita expresamente el sexo.
La Xunta solo ha dejado fuera de los conciertos ahora renovados a los
alumnos que se matriculen por primera vez, en los cursos iniciales de
Primaria y Secundaria. En todos los niveles restantes se mantiene la
situación actual para “garantizar que el alumnado ya escolarizado no
sufra alteración alguna en su trayectoria educativa y pueda terminar sus
estudios en las mismas condiciones con las que los iniciaron”, según
una nota de la Consejería de Educación. El Gobierno gallego apunta que
ese es el mejor modo de “minimizar los posibles efectos en el alumnado y
las familias en general, a la espera del pronunciamiento del Supremo”.
El patrocinio a estos centros cuesta a la Xunta tres millones al año
Los cinco colegios que se beneficiarán de la medida son Aloya, Las
Acacias y Montecastelo, en Vigo, y Peñarredonda y Montespiño, en A
Coruña. Según el sindicato nacionalista Confederación Intersindical
Gallega (CIG), en el caso de Las Acacias el concierto con la Xunta
incluso se amplía al incluir un nuevo ciclo superior de FP de
Integración Social “que le fue negado a varios centros públicos de la
provincia de Pontevedra”.
Los conciertos con esos cinco colegios fueron anulados en 2009, poco
antes de abandonar el poder, por la coalición de socialistas y
nacionalistas que entonces gobernaba Galicia. Una de las primeras
medidas que tomó el PP de Feijóo al llegar a la Xunta fue reponerlos.
Casi al mismo tiempo, Feijóo suprimía otra medida del Gobierno anterior,
la gratuidad de los libros de textos, para ahorrar unos tres millones
de euros al año, cantidad similar a la que cuesta a la Administración
pública el patrocinio de los centros de “educación diferenciada”. Desde
entonces, el PP ha ido aplicando sucesivos recortes en Educación —el
próximo curso, la supresión de 45 aulas rurales y la implantación del
copago en los comedores escolares— de los que siempre han quedado a
salvo los centros segregacionistas. STEG, el sindicato que ya presentó
el anterior recurso, anunció que planteará una nueva demanda.
Enlace del Diario Oficial de Galicia:
Orden del DOG nº 155 de 2013/8/14 - Xunta de Galicia
No hay comentarios:
Publicar un comentario