qué raro.. una noticia de hispanistán, y es de la corrupción..
lo raro es que nadie de hispanistán lo haya denunciado (eso no es tarea del fiscal anticorrupción, no), será que habrá bastante untados.. disfruten lo votado..
La UE lleva ante la justicia a Baltar por la gestión de ayudas comunitarias
La Diputación de Ourense presidida por José Luis Baltar “simuló”, entre
2003 y 2004, que hacía contratos con publicidad para adjudicar —por más
de 13 millones de euros de los fondos comunitarios— la instalación de
depuradoras en numerosas aldeas de la provincia aunque en realidad los
concedía a dedo. La beneficiaria fue SMA, una sociedad a la que estuvo
vinculado el actual delegado de la Xunta en Ourense (en aquella época
vicepresidente de la institución provincial y alcalde de Arnoia),
Rogelio Martínez, que firmaba las adjudicaciones y el pliego de
cláusulas. Las recepciones llevaban la rúbrica de Baltar.
Los inspectores de anticorrupción de la Unión Europea (UE) que han
investigado este procedimiento consideran “de tal gravedad la actuación
de la Diputación ourensana que —además de imponerle una multa de 10,1
millones de euros a la institución— han decidido denunciarlo ante la
Justicia española para que determine si el organismo provincial cometió
los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de
influencias.
José Manuel Baltar, el hijo-sucesor del otrora todopoderoso barón del PP
gallego, demoró todo lo que pudo la entrega a los grupos de oposición
en la Diputación provincial del demoledor informe elaborado por los
técnicos de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE. El
miércoles, en una comparecencia ante los medios de comunicación, había
anunciado que tenía el documento y —apelando a la transparencia, aunque
sin desvelar una sola línea del rotundo contenido a los periodistas-
señaló que la OLAF acusaba a la institución de “supuestas
irregularidades” contra las que anunció una contradictoria batería de
actuaciones: la apertura de una comisión de investigación en la
Diputación (la misma que le habían reclamado insistentemente PSOE y BNG y
a la que se opuso con rotundidad), la presentación de alegaciones
contra todas las denuncias y el anuncio de que los “supuestos” delitos
ya han prescrito.
Ayer, con una hora de demora sobre el plazo legal, remitió por fin a la
oposición el informe de la UE y su moción para abrir la comisión de
investigación en la Diputación. PSOE y BNG confirmaron entonces sus
sospechas: los inspectores de la UE tildan de “fraude” el proceso de
adjudicación de las depuradoras, imponen la multa millonaria a la
endeudada institución y acusan a los dirigentes de la institución
provincial de “manipular las certificaciones para dar apariencia de
veracidad a los procedimientos de contratación”.
Los inspectores de la UE tienen claro que desde el organismo provincial
“existía la intención de favorecer al grupo Netaccede” en el que está
integrada SMA, la adjudicataria de las obras y creadora de esas
depuradoras diseñadas para barcos que acabaron multiplicándose como
hongos (la Diputación adjudicó 107) entre las huertas de las aldeas de
Ourense y que los alcaldes más disciplinados encienden y apagan de
inmediato porque disparan el consumo de luz: les sale el recibo a más de
25.000 euros al año por depuradora y en muchos municipios se han
instalado varias.
La OLAF cree que la Diputación “tenía una estrategia tendente a
favorecer a SMA o a su grupo empresarial” y entiende que el proceso de
adjudicación realizado desde la institución provincial puede ser
constitutivo de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y
falsedad en documento público además del “fraude al presupuesto
europeo”. Los inspectores de la UE sostienen que el pliego de
condiciones que los dirigentes de la Diputación aprobaron para sacar a
concurso la adjudicación de estas estaciones de tratamiento de residuos
se adaptaba como un guante a la propuesta concreta de SMA. Además, ha
“encontrado documentos que prueban” que, en algunos casos, “las obras
estaba adjudicadas antes de lanzar los correspondientes procedimientos
de contratación”. Ocurrió en el municipio de Arnoia, del que en esa
época era alcalde el vicepresidente de la Diputación y hoy representante
institucional de Feijóo en el dominio de los Baltar, el superdelegado
de la Xunta, Rogelio Martínez, acusado también de malversación de fondos
públicos, estafa y falsedad documental en relación con otras
adjudicaciones de obras realizadas también con fondos de la UE en su
pueblo.
La “manipulación” de la que deja constancia el informe se refiere al
apaño de la Diputación para “dar verosimilitud a los procedimientos
simulados de contratación”. Se hacía en dos pasos. Primero, el organismo
provincial “modificaba la fecha de la primera certificación para que
fuera coherente con la cronología del procedimiento simulado de
contratación”. Después, se “evitaba indicar fecha alguna en los
proyectos y en las fichas”.
El informe concluye que SMA no tuvo competencia, la Diputación se gastó
los fondos comunitarios y la provincia se quedó sin un eficaz sistema de
depuración. La institución comunitaria entiende, por todo lo anterior,
que debe de intervenir la Justicia.
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