y además los puestos "a dedo" suelen estar colocados en las capas altas: labor indefinida, y sueldos abultados..
disfruten lo votado..
'Dedocracia' para el funcionariado
La imagen tópica, caricaturesca, de un empleado público es la de un tipo
cetrino, con visera y manguitos cubriéndole las mangas de su camisa
blanca, con un matasellos en la mano que estampa con desgana en un
documento que no le interesa lo más mínimo. Lo cierto es que la realidad
es radicalmente la contraria.
La forma de llegar a un puesto en concreto en la Administración es
mediante el concurso de méritos (capacidad, preparación, formación...) o
por libre designación, es decir, a dedo. Según datos oficiales de la
Comunidad de Madrid, en 2012, el número de puestos de funcionarios de
carrera provistos por concurso de méritos fue de 463 y 245 entre enero y
el 31 de julio de este año. La cifra de funcionarios que se movieron el
pasado año por libre designación fue de 233 y 154 en lo que va de año.
Si se confrontan estos dos datos, el resultado es que más de un tercio
de los trabajadores públicos que han llegado a su actual puesto -entre
enero del pasado año y julio de este- lo han hecho a dedo.
Hay que precisar que en ambos casos se trata de un procedimiento
reglado, establecido por ley por la Administración regional. Desde los
sindicatos se ha denunciado que muchos de estos puestos han sido creados
ad hoc por los poderes políticos para garantizar que determinadas
personas desempeñan una actividad concreta.
Un portavoz de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno negó este extremo. «Las movilidades se hacen para mejorar áreas
y necesidades que hay que cubrir en la Administración. Los cambios se
hacen a través de las comisiones sectoriales de las consejerías»,
precisa.
Para llevar a cabo esta práctica de la libre designación de
funcionarios, la Administración autonómica suele recurrir al artículo
49.1 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la
Comunidad de Madrid. Los motivos que se esgrimen son: «La especial
responsabilidad y confianza que supone el ejercicio de las funciones que
tienen asignadas los citados puestos, de acuerdo con lo establecido en
la relación de puestos de trabajo», según se precisaba, ayer mismo, en
una de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM). Los aspirantes han de cumplir una serie de
requisitos para entrar en el proceso.
El asunto ha llegado a la Asamblea de Madrid y el grupo parlamentario de
UPyD ha presentado, a través de su diputada Elvira García Piñeiro, una
Proposición de Ley para reducir la movilidad. Es decir, que se limite
esa libre designación a altos cargos, como gerentes o directores
generales, así como a sus secretarias. García Piñeiro quiere que se
introduzca una cláusula en la Ley por la que no se pueda hacer «en
ningún caso respecto de aquellos puestos de trabajo de contenido
esencialmente técnico, los correspondientes a tareas profesionales
reservadas a cuerpos concretos o escalas de funcionarios, los que
dependan jerárquicamente de otros puestos no provistos por el sistema de
libre designación y, con carácter general, los puestos de nivel de
complemento de destino inferiores a 30».
Los magenta quieren que el nombramiento se realice atendiendo a los
principios de mérito, capacidad y adecuación al puesto. Asimismo,
quieren que no pueda procederse al nombramiento ni cese en puestos
provistos por libre designación durante el primer mes desde el
nombramiento del responsable del que dependan.
A su entender, es imprescindible que haya una convocatoria pública en el
BOCM con los requisitos mínimos exigibles a los funcionarios que
aspiren a desempeñarlos.
De igual forma, creen que es necesario que se haga una memoria
justificativa de la modificación la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT), del puesto en concreto que se introduce o cambia.
Asimismo, tienen la intención de que en ningún caso exceda «el número de
puestos de libre designación la tasa máxima de un quinto del número
total de los puestos de nivel 26 o superior reservados a personal
funcionario de cada una de las consejerías, o entes de ellas
dependientes, de la Comunidad de Madrid», precisan en el escrito.
Hay que precisar que el PP tiene mayoría en la Asamblea de Madrid por lo
que las modificaciones que se realicen tienen que ser aprobadas por
ellos.
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