En una época en la que todos los representantes políticos se están subiendo al carro de la transparencia, aunque algunos muy a pesar suyo, parece que va siendo necesario hablar de la forma en la que se realiza la evaluación de las políticas públicas que se desarrollan en nuestro país, que es de todo menos transparente.
La transparencia supone que los ciudadanos tengan acceso a la información pública, resultado del reconocimiento del llamado “derecho a saber” o “derecho de acceso a la información pública”, e implica que los ciudadanos tengan derecho a conocer cómo se prioriza, gestiona y administra el dinero público.
La evaluación de políticas públicas consiste en una serie de técnicas orientadas a valorar, de forma objetiva y fiable, cómo de efectiva y eficiente es, o se estima que será, una intervención pública.
La Comisión Europea define la evaluación como “juicio o dictamen sobre las intervenciones de acuerdo con sus resultados, impactos y las necesidades que se pretendían satisfacer” y destaca que sus principales objetivos son aportar conocimiento útil para la definición de las acciones, incluyendo el establecimiento de prioridades políticas, valorar la eficiencia de las inversiones, mejorar la calidad de las intervenciones e informar sobre los logros de la intervención con el fin de cumplir con la rendición de cuentas exigible a los poderes públicos.
Bajo estas premisas, parece evidente que una evaluación que realmente persiga dichos fines debería cumplir una serie de requisitos:
- La evaluación debería ser realizada por una entidad o institución independiente del organismo público que ha diseñado y puesto en marcha la política pública.
- La evaluación no sólo debe realizarse al finalizar la política pública (evaluación ex post), sino también antes de definir dicha política (evaluación ex ante) con la finalidad de entender correctamente el problema que se pretende corregir y decidir (lo que los anglosajones denominan knowledge based decision-making) qué intervención es la más adecuada para resolver el problema. Incluso, si la política pública se desarrolla en un espacio temporal amplio, es necesario realizar evaluaciones intermedias que permitan analizar posibles desviaciones del objetivo.
- La evaluación debe realizarse utilizando técnicas y herramientas de recogida de información y de análisis contrastados (encuestas a los colectivos afectados por la política, análisis de coste-beneficio, etc.). La disponibilidad de datos es, por tanto, un prerrequisito imprescindible para la evaluación. Una evaluación debe ser replicable y verificable por terceros por lo que tanto los datos como las técnicas utilizadas deben ser públicas y accesibles.
Así, las “Finantial Regulations” de la Unión Europea, que establece los principios básicos de funcionamiento y normas de gestión de todo el presupuesto de la Unión Europea, exige que todos los programas o actividades de la Unión que supongan un gasto considerable deben ser objeto de evaluaciones ex ante y ex post, y que estas evaluaciones deben ser difundidas entre el resto de instituciones de la Unión, incluyendo el Parlamento. Pero no se evalúan únicamente los programas y acciones que implican un gasto público, sino que la actividad legisladora es también objeto de evaluación con el fin de mejorar la calidad normativa y legislativa.
En el caso estadounidense hay un elemento importante añadido al esfuerzo gubernamental por implementar la evaluación como parte integrante de los procesos de diseño y ejecución de políticas públicas y es el papel de la sociedad civil y los denominados think tanks. En el mundo anglosajón, además de una sociedad civil fuertemente articulada, existe una cultura de la evaluación muy arraigada en la que los think tanks tienen un papel muy relevante ya que son – en principio – entidades independientes que aúnan los enfoques académico y pragmático.
¿Podemos decir lo mismo en el caso de España? Mucho nos tememos que no es así.
En primer lugar veamos quién tiene la responsabilidad de evaluar las políticas públicas en España. En 2006 se creó la AEVAL (Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios), responsable de evaluar las políticas públicas y la calidad de los servicios de la Administración General del Estado, y de aquellas Comunidades Autónomas que así lo decidiesen mediante la firma de un convenio. En la exposición de motivos de la Ley 28/2006 mediante la cual se creó la AEVAL se declara que un aspecto capital que se incorpora a la gestión de servicios públicos a través de las Agencias Estatales es la profundización en una nueva cultura de gestión que ha de apoyarse en el cumplimiento de objetivos claros, medibles y orientados hacia la mejora en la prestación del servicio, con las consiguientes ventajas para los usuarios y para los contribuyentes.
Aunque el legislador español ha reconocido la necesidad de mejorar la gestión pública a través de la creación de objetivos claros y medibles y de juzgar su cumplimiento, la falta de independencia de la AEVAL del poder ejecutivo restringe seriamente su papel evaluador. Tal y como se recoge en los estatutos de la AEVAL, sus órganos directivos (Presidente y Consejo Rector) son designados por el Consejo de Ministros y su personal es dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Es posible que un organismo cuya dirección es nombrada directamente por el mismo poder ejecutivo que diseña y pone en marcha las políticas públicas a nivel estatal las evalúe de forma independiente y con rigor? Ciertamente nos parece muy difícil. Para evitar esta dependencia organismos como la Unión Europea convocan periódicamente concursos públicos abiertos en régimen de concurrencia competitiva para que instituciones independientes lleven a cabo la evaluación de sus políticas públicas. Esto por no mencionar el número y tipo de evaluaciones que realiza, que darían para un post nuevo y hasta para un libro. Sólo les sugerimos que revisen las evaluaciones publicadas (las últimas de 2011) y vean el Plan anual 2013, donde se le encomienda para este año evaluar 5 temas, entre ellos uno de los más interesantes la evaluación de la calidad de los servicios prestados por los Centros de Vacunación Internacional.
En segundo lugar vamos a ponerles un ejemplo del tipo de evaluaciones se realizan en España para los grandes planes de actuación que muestra el déficit de nuestro país en materia de evaluación de políticas públicas. Se trata de la evaluación del denominado Plan Avanza. Este plan, lanzado en 2005, cuya finalidad era impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento en España, supuso una dedicación presupuestaria en su primera fase (2005-2008) de 5.076 millones de euros. En el primer año de su segunda fase (2009) el presupuesto ascendió a 1.516 millones de euros. Pues bien, ante cifras tan destacadas, la única evaluación disponible es una serie de presentaciones descriptivas del reparto del presupuesto ejecutado en el marco del plan. Y es que nuestros políticos confunden evaluar con describir, y eso siendo muy optimistas. Pero dado que en España no es ni remotamente posible acceder a información completa, relevante y veraz de lo que sucede y de cómo se gasta nuestro dinero, no es de extrañar que la evaluación esté lejísimos de las prioridades de nuestros gobernantes, que se limitan a realizar someras descripciones de la ejecución de sus políticas. Y esto es especialmente grave en un momento de políticas de contracción del gasto y aumento de los impuestos, y de cambios regulatorios muy relevantes, ya que no tenemos ni la más remota idea de los efectos reales de estas reformas, no sabemos si están alcanzando los objetivos para los que fueron diseñadas, si hay alternativas mejores o cómo podrían mejorarse.
En la era del conocimiento los políticos tomas decisiones guiados por la ideología en el mejor de los casos o por el interés personal en el peor de ellos. O si no pongamos como último ejemplo el misterioso informe previo de evaluación sobre la privatización de la sanidad madrileña –sobre este tema les recomendamos este artículo de 2012 -. Todos los madrileños estamos deseando leerlo y si verdaderamente es tan clarificador, ¿no ayudaría a que los ciudadanos apoyasen la medida? ¿O es que no somos los ciudadanos lo suficientemente inteligentes como para discernir, ante datos objetivos y claros, lo que es mejor para nosotros?
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