La dignidad de la Justicia española: el CGPJ oficial y las elecciones alternativas

La dignidad de la Justicia española: el CGPJ oficial y las elecciones alternativas

Acaban de ponerse de acuerdo los partidos políticos entre bambalinas para pactar cómo repartirse el gobierno del Poder Judicial español. Y han tardado en conseguirlo.

Triste espectáculo es el de una clase política obsesionada por hacerse con el control de todos los resortes del poder, la Justicia inclusive. Es una tragicomedia que se repite cada vez que toca renovar el Consejo General del Poder Judicial. Esta vez, empero, hay un matiz: mediante la última reforma normativa, han pretendido adecentarse con un barniz de legitimidad. Así, los grupos políticos escogerán como miembros del futuro Consejo a los jueces que a tal efecto se postulen, siempre que los candidatos dispongan al menos del aval de veinticinco compañeros de la carrera judicial. Ni que decir tiene que, a la postre, los agraciados serán sólo aquellos a quienes les plazca a los partidos, independientemente de la cantidad de respaldos que los postulantes hayan logrado arrebañar.

Este mecanismo, fruto de la violación del programa electoral, tienta a los jueces a comprometerse en el juego de la politización, al tiempo que lanza a la opinión pública la falsa imagen de un Poder Judicial cómplice en los manejos de la partitocracia. Sin embargo, el engranaje está obturado. No sólo por la incapacidad de los respectivos prebostes para llevar a buen puerto sus cambalaches, sino porque se ha colado entre sus muelles y ruedecillas un cuerpo extraño, a saber: las “elecciones alternativas”. ¿De qué estamos hablando?



Los jueces españoles han rechazado abrumadoramente los tejemanejes del poder político. Muestra de ello es que solamente cincuenta y dos candidatos han decidido ofrecerse a los partidos con la esperanza de ser tocados por ese dedo mágico que un día los convertirá en figurantes de un Consejo politizado. La mayoría de las asociaciones judiciales boicotearon el proceso oficialista. Y, como resultado, sólo un mínimo de aspirantes se han postulado entre los casi cinco mil integrantes de la judicatura española. Un puñado de manoseada arena en una límpida playa.

Pero, además, un grupo de jueces, organizados espontáneamente a través del correo electrónico, sin conexiones con el poder político, económico, periodístico o servidumbres ideológicas de clase alguna, han decido organizar el mentado “proceso electoral alterativo”. Consiste en unas elecciones simbólicas, sin valor jurídico, pero muy valiosas como gesto de protesta ciudadana. Mediante el voto electrónico, debidamente garantizado por fe pública notarial, han elegido a doce compañeros en contestación a la farsa electoral de ese poder político invasivo que aspira a infiltrarse hasta en el más escondido rincón de nuestra Administración de Justicia. En este mismo blog se anunció en septiembre su celebración.

El acta notarial fue extraordinariamente laboriosa: se abrió por el notario una cuenta de correo exclusivamente con el objeto de recibir estos correos. Solo serían válidos los que procedieran de una determinado dominio y se recibieran durante un determinado plazo, de acuerdo con las bases publicadas. Se recibieron más de mil correos, la mayoría de ellos con votos a doce candidatos. El procedimiento fue abrir una hoja excel con los votantes por un lado y los candidatos por otro, para poder hacer el recuento y descontar más fácilmente los correos repetidos por error.

El éxito sorprendió hasta a los propios organizadores. Un millar de jueces de todo el territorio nacional participaron en las elecciones. El candidato más votado obtuvo 648 sufragios, frente a los exiguos 210 avales de la candidatura oficialista mejor dotada; por otro lado, el candidato alternativo menos votado registró 132 votos, muy lejos de los 28 escuálidos avales del postulante menos respaldado. La prensa difundió la noticia de la presentación de los resultados en el Ateneo de Madrid.

Es una larga historia cuyos capítulos se remontan al Manifiesto por la despolitización de la Justicia, al que se adhirieron en el año 2009 casi 1.500 magistrados. En definitiva, un acto de dignidad para demostrar que los jueces no andamos hambrientos de cargos y, sobre todo, una llamada de auxilio al pueblo español en unos momentos en que la división de poderes está más amenazada de muerte. Los jueces, solos, no podemos.