Un caso cualquiera. 3 años de cárcel por sentarse delante de un portal

Un caso cualquiera. 3 años de cárcel por sentarse delante de un portal


El 18 de noviembre de 2011, la Policía Municipal de Madrid procedió, en el barrio de Manoteras, al desahucio de una familia de cinco miembros (madre, abuela y tres niños) debido a una estafa de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, pese a que la familia estaba pagando su deuda. Esa misma mañana, decenas de vecinos solidarios del mismo y otros barrios cercanos se concentraron allí para bloquear pacíficamente el paso a los funcionarios y a la policía, y así tratar de impedir el desahucio. Por desgracia, finalmente no se consiguió un aplazamiento.

Entre los vecinos apartados uno a uno por la policía se encontraba Patricia, que como el resto, volvió a su casa llena de frustración e impotencia. Esa misma tarde, Patricia fue detenida en su domicilio particular por agentes de la policía, acusada de un delito de atentado a la autoridad por lesiones graves a un agente. En caso de agresión, es impensable que no hubiera sido detenida en el lugar de los hechos, en vez de 10 horas más tarde en su casa. Pero si esto ya es sumamente extraño de por sí, resulta que los informes médicos realizados sobre la supuesta lesión ni siquiera coinciden todos en el mismo diagnóstico.

Por otra parte, ninguno de los vecinos, manifestantes ni periodistas que allí se encontraban vio nada parecido, y no existe ninguna prueba que apoye la acusación. No obstante, Patricia no cuenta con ningún testigo directo ni grabación del momento de los hechos, por lo que se haya expuesta a la presunción de veracidad del agente de policía.

Al enterarse de su detención, ya por la noche, el compañero de la comisión de legal de la Asamblea de Hortaleza, a la que Patricia pertenecía, se presentó en la comisaría para poder asistirla. La Policía no sólo le denegó ese derecho, sino que comunicó a Patricia que su abogado “no había venido” y la privaron de libertad hasta el día siguiente, alegando que sería puesta a disposición judicial, la cual finalmente no se produjo.

Hoy, casi dos años después de estos hechos, Patricia se halla a espera de juicio (con fecha por determinar) y de un posible embargo de cuentas por no poder pagar la fianza de 8.900 euros impuesta por el juez, además de los 3 años de prisión que pide la fiscalía.

De esta manera, nos vemos obligados a ejercer de recaudadores para pagar una sanción cuya suma irá destinada a los que la acusan falsamente, evitando así peores consecuencias para nuestra vecina y compañera. Si finalmente el juicio resultara favorable y Patricia quedara absuelta, todo lo recaudado se destinará a otros casos similares a éste.

Consideramos que este proceso penal, absolutamente desproporcionado y lleno de irregularidades, forma parte de una deliberada política de represión. Es evidente que pretende ser un castigo ejemplar para advertir a la gente que, de manera solidaria, decide tender una mano a sus vecinos para evitar que los intereses económicos pasen por encima de los intereses de las personas.

Más información sobre este caso: 

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eldiario.es – Castigar al desobediente, Isaac Rosa
El Diagonal – El fiscal pide tres años de cárcel por resistencia pasiva en un desahucio
Caden Ser – Hora 25
Más voces - Madrid: la fiscalía pide para Patricia tres años de cárcel y el juez le impone una fianza de 8.900 euros por sentarse en un portal para evitar el desahucio de una familia