El cura de Borja sacó los 185.000 euros de la parroquia en apenas siete meses

El cura de Borja sacó los 185.000 euros de la parroquia en apenas siete meses

Las extracciones de dinero de las cuentas de la parroquia de Borja que han llevado al sacerdote Florencio Garcés a ingresar en prisión preventiva por un presunto desfalco de 185.000 euros y un delito contra la libertad sexual se produjeron en apenas siete meses, desde abril hasta finales de noviembre, según explicaron fuentes conocedoras de la investigación.

Las salidas, la mayoría de entre mil y 4.000 euros, fueron frecuentes en ese periodo, en el que mosén Florencio, tras la muerte del sacerdote Juan Garcés, quedó como único autorizado en algunas libretas de la parroquia --antes figuraban los dos--. El cura sacaba el dinero en efectivo y por ventanilla. La Guardia Civil, en unas pesquisas coordinadas por la jueza de Tarazona, trata de determinar dónde ha ido a parar ese dinero.

El cura, que denunció en mayo y noviembre dos presuntos episodios de extorsión, sostiene que entregó 50.000 euros a J. L. C., miembro de la familia borjana conocida como zapato veloz, y 25.000 a S. C. Ambos y otras tres personas están imputados por extorsión, aunque la Fiscalía, tras los careos celebrados el miércoles, no ve creíble la versión de la entrega de dinero por amenazas o engaños.

El primero negó haber recibido esa cantidad, mientras que sus tres familiares detenidos en la operación Espino sostienen que el párroco les dio pequeñas ayudas y algunas remesas de alimentos. El segundo, que admitió el cobro, imputa al sacerdote una conducta sexualmente impropia con él.

MÁS DE 100.000

Por otro lado, el letrado de uno de ellos aportó en el juzgado un documento que indica que el párroco pagó 2.000 euros de una minuta de 5.000.

Dando por ciertas esas entregas, que el sacerdote justifica por haber sido víctima de supuestos engaños por su buena fe, quedaría por determinar el destino de más de 100.000 euros, que el religioso dice que destinó a acciones de beneficiencia y caridad.

El principal motivo de su encarcelamiento preventivo, solicitado por la Fiscalía a la vista de los datos aportados por la Guardia Civil y que se mantendrá durante el tiempo necesario para que la Guardia Civil cierre la investigación, es impedir que, en caso de que los fondos sigan bajo su control, pudiera efectuar maniobras de ocultamiento que dificulten las pesquisas.

El grueso del dinero salió de una de las diez cuentas de la parroquia, a la que fueron a parar los 600.000 euros resultantes de la venta de unos terrenos que un feligrés legó para fines sociales. Una tercera parte de ese dinero fue entregado al obispado.

La jueza ha citado a declarar como testigos el miércoles al obispo de Tarazona, Eusebio Hernández Sola; al vicario general de la diócesis, Juan Manuel Melendo Alcalá, al ecónomo y al cura de Ainzón.

La instructora ha ordenado al obispado, a petición de la Fiscalía, que documente el control de cuentas de la parroquia de Borja en los últimos años --Garcés sostiene que responde ante el ecónomo y que este no le ha llamado la atención por su gestión--. Los testigos, por otro lado, deberán explicar las normas económicas y financieras de la diócesis.

Los responsables del obispado consideraron, tras consultarles los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil durante la primera fase de las pesquisas, que la gestión de la parroquia era irregular. Fiscalía y la jueza pretenden arrojar luz sobre esos movimientos de dinero, su realización y su supervisión.

En el ministerio público preocupa "el riesgo de descrédito que puede sufrir la Iglesia" por el caso mosén Florencio. "Confiamos en que el obispado va a colaborar con la instrucción de la causa. Fundamentalmente, porque están en juego los intereses de los feligreses", destinatarios últimos de los fondos, indicaron fuentes del ministerio público.

El delito de apropiación indebida, por el que está imputado el cura, es de tipo público; es decir, que es perseguible y castigable con independencia de que la víctima ejerza o no la acusación.