El fiscal critica al juez Castro por investigar a la infanta Cristina en el caso Nóos «por lo que es»

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El fiscal critica al juez Castro por investigar a la infanta Cristina en el caso Nóos «por lo que es»

Pedro Horrach ha vuelto a negarse a la imputación de la hija del rey al alegar que las dos últimas diligencias «corroboran la inexistencia de indicios»

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a oponerse a la imputación de la infanta Cristina, según figura en el último escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción numero 3 de Palma, en el que pide además la apertura de diligencias previas contra el responsable del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a efectos de que dirimir las posibles responsabilidades penales por haber acusado de falsear datos fiscales a los inspectores de la Agencia Tributaria encargados de analizar las operaciones económicas de Aizoon y sus socios, los Duques de Palma.

«Es un principio básico del Derecho Penal que no se puede imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho», ha subrayado el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en su escrito, presentado este martes ante el juez José Castro, en el que vuelve a mostrar su disconformidad con la posibilidad de que se impute a la hija del rey por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, al alegar que las dos últimas diligencias de investigación aportadas al caso Nóos -un informe de la Agencia Tributaria y otro del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional- «corroboran la inexistencia de indicios incriminatorios» de los que pudiera derivarse su encausamiento.

Con el informe de Anticorrupción, el magistrado ya tiene sobre la mesa todos los pronunciamientos de las distintas partes que han decidido emitir su criterio sobre si la infanta debe o no ser imputada: también han presentado su escrito la Abogacía del Estado, los propios Duques y el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, quienes del mismo modo se han opuesto al encausamiento. No así el sindicato Manos Limpias, que ve indicios delictivos en la hija del rey. El juez decidirá al respecto, previsiblemente, pasadas las fiestas navideñas.

El representante del Ministerio Público, que ya se opuso a la imputación en el extenso informe que presentó a mediados de noviembre al afirmar que sobre la infanta «meras conjeturas o sospechas», da por reproducido íntegramente el contenido de ese anterior escrito, y añade además que las dos últimas pruebas aportadas a la causa, en alusión a los informes de Hacienda y la Policía, «eran irrelevantes desde el punto de vista penal y, por tanto innecesarias», lo que a su juicio «ha provocado una dilación no conveniente» a las investigaciones. «Innecesarias y redundantes» porque, justifica el fiscal, el carácter personal de los gastos de Aizoon que se analizaba en estos informes «estaba con anterioridad acreditado en la causa sin necesidad de mayores diligencias».

Además, asevera que a los anteriores «calificativos» cabría añadir el de «contradictorias», puesto que, considera, no puede achacarse responsabilidad penal a cada uno de los socios de una empresa -en referencia a la infanta y a Iñaki Urdangarin como socios de Aizoon- y, a continuación, «negarlo para afirmar la existencia de una sociedad que opera en el tráfico mercantil con objeto social, actividad e infraestructura propias».

Por todo ello, Horrach sostiene que la consecuencia de estas pesquisas ha sido «desdibujar tanto los hechos delictivos como las personas responsables de los mismos por la proyección social y mediática originada, sin que el tipo, cuantía y color de los globos utilizados en las fiestas de aniversario [gastos a los que, entre otros, hacen referencia los informes] hayan añadido elementos relevantes desde el punto de vista penal».

«Intensa activiadad investigadora en torno a Aizoon»

Al hilo de lo anterior, el fiscal destaca el hecho de que el Juzgado haya desarrollado durante los últimos meses «una intensa actividad investigadora centrada exclusivamente en la mercantil Aizoon y en los gastos personales imputados a Doña Cristina de Borbón», sin que las pesquisas se hayan extendido, «en los mismos términos de intensidad», a otras mercantiles del conglomerado Nóos participadas por Ana María Tejeiro, mujer del exsocio de Urdangarin, Diego Torres.

Horrach ve igualmente «llamativo» que la Agencia Tributaria descartó la participación de Tejeiro en un delito contra la Hacienda Pública al centrarse el presunto fraude fiscal en el IRPF de su marido, en relación a las sociedades participadas por ambos, y que no se actúe del mismo modo en el caso de los Duques de Palma y Aizoon, refiriéndose en este sentido a la conocida como teoría del levantamiento del velo. «Resulta más llamativo aún que el órgano instructor haya ordenado haya ordenado la liquidación de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades de Aizoon y no se haya solicitado la liquidación fiscal por el mismo concepto respecto de las sociedades antes mencionadas», incide el fiscal anticorrupción, remarcando además que «en un Estado de Derecho, ante circunstancias idénticas, la respuesta judicial debe ser idéntica, de modo que el objeto de la investigación penal sean las personas por su presunta participación en los hechos delictivos y no por su condición».

Acusaciones «graves y falsas» del responsable de Gestha

En lo que a la actuación del responsable de Gestha se refiere, el fiscal basa su petición de incoar diligencias previas contra él en el hecho de haber acusado a los inspectores de Hacienda en funciones de auxilio judicial en el caso Nóos de «manipular los datos fiscales», lo que a su juicio es «una imputación grave, gratuita y falsa». «Grave porque implica imputarles la perpetración de un hecho delictivo. Gratuita y falsa porque además de no corresponderse con la realidad, no se halla refrendada por ningún elemento de prueba que la sustente», alega Horrach, quien ve «obligado» amparar en las funciones de auxilio judicial «a los profesionales que las desarrollan, pues lo contrario conllevaría un permanente estado de indefensión y tolerar conductas que interfieren y pervierten el proceso penal, haciendo del mismo el escenario perfecto para dar publicidad a intereses ajenos a él».