20131210

El Gobierno quiere que el Fogasa deje de pagar indemnizaciones a los despedidos en pymes

a muchos se les va a atragantar el turrón, veamos:
  • las pymes representan más del 95% de las empresas en hispanistán (o representaba, dado que han cerrado a miles); luego ésta medida va a afectar de lleno a la "clase media", que son la mayoría de trabajadores,
  • el restante 5% (siendo generosos, que puede que sea un 2%) son empresas grandes que actúan como un monopolio: Telefónica, eléctricas.. en realidad muy pocas más..
  • el FOGASA paga con más de un año de retraso porque no tiene fondos; no es problema de "falta de personal".. tienen ordenadores; han ido rebajando las indemnizaciones (de 150 días a 120 días) y luego del triple del SMI al doble del SMI, pero por lo visto de algún lado tiene que salir el dinero para pagar a los miles de asesores y consejeros nuevos que se han colocado los últimos años..
a la noticia se le ha escapado la cuantificación de la "senda de la recuperación" de la que habla Rajoy, y de la "salida de la crisis" de la que hablan todos los "medios de información", concretando:
  • 84257 empresas quebradas (las que cierran y tienen fondos para indemnizar a los trabajadores no están aquí, pero son muchas otras),
  • 254931 (ex)trabajadores recibieron fondos el año pasado, de empresas que quebraron hace 2 años.. a lo mejor es que hispanistán aún no estaba el "la senda de la recuperación"..
y dice que se va a ahorrar 315 millones de Euros.. cuando el despilfarro, el nepotismo, la corrupción.. suponen la pérdida de miles (y muchos miles) de millones de Euros..

sin olvidar que ya no existe el "derecho al pataleo": ahora con la "ley de seguridad ciudadana" cualquiera en desacuerdo con la "versión oficial" es un filoterrorista, y es tratado como tal: multas astronómicas, y puede que cárcel,

disfruten lo votado..



El Gobierno quiere que el Fogasa deje de pagar indemnizaciones a los despedidos en pymes

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró la semana pasada a los máximos dirigentes de la patronal y los sindicatos que no iba a tocar el Estatuto de los Trabajadores en los anunciados “ajustes” de la reforma laboral. Sin embargo, el PP ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, que se tramita en el Senado, para eliminar el pago de los ocho días de indemnización que hasta ahora abona el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a los despedidos de empresas de menos de 25 trabajadores. De esta forma, pretende ahorrar unos 315 millones de euros al año, el importe de la factura pagada por este concepto en 2012.

Es la partida más pequeña de las prestaciones que abona: también pagó 568 millones de euros por insolvencia y 647 millones por procedimientos concursales. En total, sustituyó los pagos que deberían haber hecho 84.257 empresas.

Según denuncia el sindicato UGT, la supresión de este apartado del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, supondrá, además, la eliminación de un buen número de los 181.000 expedientes que en estos momentos se encuentran bloqueados en el Fogasa. Por falta de personal y desbordado por el aumento de empresas en crisis, el organismo tarda año y medio en resolver los expedientes y pagar a los trabajadores.

La enmienda del PP pide que la medida entre en vigor el próximo 1 de enero y tenga "carácter indefinido". Para los populares, la supresión de estos pagos pretenden "recuperar" para el Fogasa "su naturaleza de entidad de aseguramiento". Según explica en su enmienda, limitar su papel como institución de garantía "en los supuestos de insolvencia
o concurso empresarial" desincentivará el despido y fomentará el mantenimiento del empleo.

La finalidad del Fogasa es abonar los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas. El año pasado recibieron dinero del fondo un total de 254.931 trabajadores.

Entre recortes y bloqueos

UGT recuerda que no es el primer recorte que sufren las prestaciones abonadas por el Fogasa. En julio de 2012 el Gobierno ya redujo de 150 a 120 días el número máximo de días de salario que paga. También rebajó la indemnización máxima del triple del salario mínimo interprofesional al doble.

El Ministerio de Empleo ha intentado desbloquear el atasco de expedientes en el fondo de varias maneras. Ninguna efectiva, hasta el momento. Primero diseñó un plan de viabilidad que incluía encargar a una empresa privada la tramitación de los expedientes. Tras desecharse esa opción, se encargó a la empresa pública Tragsatec de la tarea. Para ello, se ha empezado ya a entrenar a administrativos de esta filial del grupo Tragsa, en pleno Expediente de Regulación de Empleo (ERE), para hacer el trabajo. También ha contratado a 170 trabajadores interinos, pero sólo hasta este fin de mes, para intentar agilizar los expedientes. Sin embargo, según fuentes sindicales, el atasco continúa.

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