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Enésimo desalojo fallido de las cuevas del Sacromonte de Granada
El Ayuntamiento de Granada ha vuelto a fracasar en un intento de
desalojar las cuevas del cerro de San Miguel, en el barrio del
Sacromonte, la auténticas casas-cuevas, de habitantes 'trogloditas', y
no las zambras turísticas de la parte más urbanizada del barrio. Una
concentración de más de 200 personas convocadas por 'Stop Desahucios' y
una batería de recursos administrativos por parte de los abogados de los
'carvenícolas' ha impedido un desalojo por causa de ruina anunciado
para este martes 10 de diciembre.
En la explanada bajo la Ermita de San Miguel, único acceso en coche
desde el cuál podrían haberse desplegados unos hipotéticos
antidisturbios, algo más de 200 manifestantes, que sumaban activista de
Stop Desahucios, vecinos de la zona y convocados del resto de Granada
-concejales de IU en el Ayuntamiento incluidos- se desplegaron entre las
8.30 y las 14.30 para impedir el notificado desalojo de ocho cuevas en
presunto estado de ruina.
Tenían planificada incluso las tácticas de resistencia pasiva,
impidiendo el paso de policías, operarios o maquinaria por los difíciles
accesos del cerro, pero no les hizo falta. Finalmente, ni la empresa
encargada de tapiar las cuevas ni los agentes de la Policía Local se
presentaron. Si hubo una breve aparición de la Policía Nacional, pero
notificada por una presunta concentración ilegal y que se limitó a
comprobar que los manifestantes no estaban alterando el orden. Hubo
desayuno y una suerte de picnic, pero poco más. Mucho frío a las 8.30 de
la mañana, y una pequeña victoria para los últimos cavernícolas.
Y es que la notificación del desalojo era una resolución municipal
contra la que los abogados de la cooperativa Abogados en Red han
alegado, por vía administrativa, que no se ha dado tiempo a personarse a
los afectados, además de señalar una serie de incorrecciones en la
misma entre las que destaca que los peritajes que decretan la ruina son
de 2010, que el Ayuntamiento está desalojando a vecinos que cuentan en
el padrón como habitantes de sus cuevas -por lo que no puede alejar que
son ocupas, ya que es ir contra sus propias decisiones administrativas- y
que incluso si hubiese acudido la Policía Local "no tienen la autoridad
para ejecutar un desalojo", según la letrado Marisa Dávila.
En total se trata de ocho cuevas, una de las cuales contabiliza en el
censo desde hace 11 años, tiene luz y agua corriente y cuyos habitantes
alegan que nunca ha llegado a visitarla un perito, u otra que sirva como
sede a un grupo religioso musulmán de inmigrantes senegaleses que son
legalmente una asociación. La resolución que los desaloja es del 22 de
noviembre pero se notificó el 2 de diciembre, dándoles 10 días para
responder con el puente de la constitución por medio.
Es el tercer intento en los últimos seis años de desalojar la zona que
afronta el Ayuntamiento de Granada, que en 2007 ya entró con
antidisturbios y en 2010 con una retroexcavadora, extremo este último
que ha prohibido Cultura por ser la zona protegida como entorno de la
Alhambra y el BIC de la antigua muralla zirí. La concejal de Urbanismo,
Isabel Nieto, ya ha anunciado que el Consistorio acudirá a los
tribunales para obtener una orden de desalojo.
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