Los avales dejan al PP en fuera de juego

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Los avales dejan al PP en fuera de juego


El pasado mes de abril, una interpelación parlamentaria puso en alerta a la mismísima Comisión Europea, que se vio obligada a iniciar unas investigaciones por la política de ayudas del gobierno de la Comunitat Valenciana a sus clubes de fútbol de elite. Un apoyo público a empresas privadas deportivas sin precedentes documentados y que, paradójicamente, ha supuesto finalmente la puerta a la autodestrucción de algunos de ellos gracias a los paralelos proyectos urbanísticos fracasados que nacieron con aquellas alianzas. Una política que fue denunciada ininterrupidamente por Levante-EMV, que advirtió de los graves riesgos en la firma indiscriminada de aquellos avales como de las operaciones inmobiliarias que iban emparejadas.

Los números están ahí. Son terroríficos. Insultantes para los ciudadanos de una autonomía a la que aquella actitud complaciente se le ha vuelto en contra. El efecto boomerang es evidente. El Consell tiene graves asuntos pendientes con los bancos, con la millonaria deuda del propietario del Valencia „la Fundación VCF„ a Bankia (85,2 millones de euros) como foco principal de atención. Como epicentro de un terremoto económico acompañado de diferentes demandas que han situado al club más representativo de la C. Valenciana al borde del precipicio. Y al Consell como autor de otra gran irresponsabilidad.

La apuesta de Francisco Camps, fiel centinela de la estrategia de Eduardo Zaplana, de apostar por los grandes eventos deportivos también llegó al fútbol. En plena hegemonía y euforia del PP en la Comunitat, no hubo reparo en parchear los agujeros financieros de los grandes equipos sin ningún rubor. Mientras su órgano propagandístico (RTVV) publicitaba la apuesta de aquel gobierno por el progreso y la imagen de la Comunitat, el dinero se escapaba a espuertas por los desagües. El fútbol es, hoy, otro de los culpables de la ruinosa situación del pueblo valenciano.

Con aquella pregunta parlamentaria, realizada por el eurodiputado socialista Andrés Perelló, se denunciaba por qué la Generalitat Valenciana había avalado préstamos por valor de 118 millones de euros al Valencia CF, Elche CF y Hércules CF, todos ellos sociedades anónimas de titularidad privada. ¡118 millones! A este dinero hay que sumar otros 6 millones garantizados por el mismo régimen, en este caso el Ayuntamiento de Valencia, a un crédito a favor del Levante UD, el único de todos ellos que se declaró en concurso de acreedores. El resto no se atrevió. Pero, en realidad, todos evitaron la disolución gracias a la intervención del partido del gobierno, con firmas de avales a diestro y siniestro, sin pensar en las consecuencias, que hoy son desastrosas.

El pacto entre el PP y los clubes de fútbol para evitar la liquidación, y tratar de aprovecharse después de operaciones urbanísticas que en ningún caso han llegado a fructificar, fue clonado en todos los casos. Una «fórmula modelo» se puso en práctica. Ante la necesidad de dinero, el club proponía una ampliación de capital. La mayoría accionarial era entonces suscrita por la Fundación del club „cuyo espíritu original cambió radicalmente„, gracias, en todos los casos, a la petición de un préstamo millonario. Todos los créditos eran avalados entonces por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el órgano financiero de la Generalitat, convertido de repente en la «casa de la caridad» del fútbol autonómico. Lo que pasó después ya lo sabe todo el mundo. Las fundaciones, instituciones con unos limitados ingresos económicos, nunca estuvieron preparadas para responder a sus obligaciones con los bancos. «No pasa nada, la Generalitat lo pagará todo», llegó a decir el presidente de uno de estos clubes en una conversación privada. Efectivamente, el avalista comenzó a responder ante los primeros impagos con el dinero de todos los valencianos, sean o no aficionados al fútbol. El Hércules fue el primero en caer. Amplió capital por valor de 18 millones y las acciones fueron suscritas por su Fundación. En 2010 no pudo hacer frente a su primera cuota, de 500.000 euros. El IVF tuvo que responder a los 18 millones ante el Banco Sabadell-CAM, que enero de 2012 ejecutó el aval. Valentín Botella y Enrique Ortíz quedaron como principales acreedores.

El Valencia fue el que había ideado la fórmula, ante su asfixia económica, con una ampliación de 92 millones de euros 2009. Tras una suscripción de títulos por los accionistas, la Fundación se quedó el club en propiedad con 70,4 por ciento de la masa accionarial. Francisco Camps aprobó una arriesga operación. La extinta Bancaja, con José Luis Olivas a la cabeza, prestó los 75 millones. Hoy, su banco matriz, Bankia, apenas ha cobrado 1,2 millones de euros de intereses de la Fundación. El Consell tuvo que desembolsar el primer plazo, de 4,8 millones. Una demanda del abogado valenciano Andrés Sanchis ha imputado a los responsables de aquella ampliación, y está por ver como terminará.

Otra demanda anuló el aval del IVF, un problema grave para que la Fundación y el Valencia refinancien sus préstamos. La situación es dramática, porque Bankia quiere cobrar y nadie le puede pagar. Todo iba emparejado a la venta de las parcelas de Mestalla, que iban a permitir, al mismo tiempo, construir un nuevo estadio. Hoy el Valencia sobrevive con la venta de sus estrellas y el recinto nuevo lleva cuatro años paralizado. La economía del club está bloqueada. Igual que la polémica «operación Porxinos». El expresidente Juan Soler reconoció en su día haber dado un «pelotazo» urbanístico por los terrenos que el Valencia compró en Ribarroja para construir su futura ciudad deportiva. Aquel terreno continúa virgen. Entre las denuncias de los vecinos y la falta de financiación del club, aquel proyecto está totalmente estancado.

El Elche fue el último en subirse al tren de los avales. En febrero de 2011 recibió dos préstamos por valor de 14 millones „9 de la CAM y 5 del Banco de Valencia„ para cubrir una ampliación de capital. El Consell, como garante, tuvo que responder al primero.

El Villarreal es el único que no ha recibido un préstamo avalado. Pero en sus arcas ha entrado dinero público: por patrocinar el Aeroport de Castelló „que nunca ha llegado a funcionar„ y por los derechos de su mascota, propiedad de la extinta Radio Televisión Valenciana.