El asombroso caso del partido menguante
Un rasgo característico de la política catalana ha sido, durante los
últimos 40 años, la ambigüedad. Y en eso, en la ambigüedad, nadie llegó
tan lejos como el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), socio
catalán del PSOE. Era el partido de las dos almas y las dos lenguas, el
partido españolista, catalanista e incluso, si convenía, nacionalista,
el mayor partido de izquierdas y el partido del establishment. Hasta
ahora.
La crisis ideológica de la socialdemocracia y, sobre todo, el auge del
independentismo, han convertido al PSC en un partido menguante. Su
electorado es cada vez más pequeño. Sus dirigentes admiten que el
partido corre el riesgo de desaparecer. Como en las muñecas rusas, cada
dirigente lleva dentro un sucesor de menor tamaño. Hablamos de votos.
Pasqual Maragall fue quien logró mejores resultados en unas elecciones
autonómicas: 1,1 millones en 1999 y algo más de un millón en 2003. Con
José Montilla, los votos bajaron hasta 789.000 en 2006 y 570.000 en
2010. El actual secretario general, Pere Navarro, se quedó en 523.000 en
2012. Y las previsiones para el futuro inmediato son pesimistas. «El
PSC se fundó para que la gente no tuviera que elegir», dice Miquel
Iceta, ex viceprimer secretario, miembro de la ejecutiva del PSOE y del
consejo nacional del PSC, y diputado en Madrid y Barcelona. «Si hay que
elegir», añade, «palmamos».
Antes de que se fundara el PSC, en 1978, el socialismo estaba muy
disperso en Cataluña y representaba, en términos numéricos, poca cosa.
Hasta la Guerra Civil, las corrientes mayoritarias de la izquierda
catalana fueron el comunismo y el anarquismo. Durante la dictadura, el
Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), comunista, aglutinó al
antifranquismo. En 1975 existían varios grupos socialistas y
socialdemócratas: la federación catalana del PSOE, la Convergencia
Socialista, el Partit Socialista (Reagrupament) de Josep Pallach y unos
cuantos afiliados catalanes al Partido Socialista Popular de Enrique
Tierno Galván.
Su fuerza era escasa. Ideológicamente eran muy dispares. Pero la alianza
de la antigua Convergència Socialista y de la federación catalana del
PSOE obtuvo en 1977, primeras elecciones democráticas, un resultado
extraordinario: ante la sorpresa general, y de los propios interesados,
PSC y PSOE se vieron convertidos en el mayor partido de Cataluña. Eso
llevó a la unidad. Hasta el Reagrupament, que había concurrido con la
Convergència de Jordi Pujol, se sumó al carro.
Caricaturizando un poco, la antigua Convergència Socialista era un
partido catalanoparlante, radicado en barrios elegantes y con una
militancia acomodada. Era el partido de Joan Reventós, Raimon Obiols,
Narcís Serra o Pasqual Maragall. La federación del PSOE, en cambio, era
un partido castellanoparlante, radicado en la periferia industrial de
Barcelona, con una militancia obrera procedente de la inmigración y poco
aficionada a las sutilezas catalanistas.
En las primeras asambleas del recién fundado PSC, las mayores
discusiones giraban en torno al idioma. Es decir, si había que debatir
en catalán o en castellano. Y no eran discusiones amables. Bajo otras
circunstancias, el extraño ensamblaje se habría desmoronado en poco
tiempo. Pero el PSC demostró, en 1982, que podía serle muy útil al PSOE:
obtuvo millón y medio de votos, más del 45% del total, y contribuyó de
forma decisiva a la gran mayoría absoluta de Felipe González. Desde
entonces, las dos almas del PSC alcanzaron un pacto: los obreristas que
venían del PSOE dejaban que los catalanistas procedentes del PSC
hicieran sus cosas con la Generalitat y el Estatut, y los catalanistas
se comprometían a no cuestionar España y a respaldar al PSOE de forma
inequívoca.
El pacto arrojó grandes beneficios, aunque en las elecciones autonómicas
se notara de forma sistemática el desinterés del sector españolista:
los resultados del PSC eran siempre peores que los de CiU, por la
desgana de una parte de su militancia y la abstención de una parte de su
electorado. Eso estaba asumido. Con el poder del PSOE en Madrid y con
el dominio sobre las principales ciudades catalanas -los socialistas
dirigieron Barcelona desde 1979 hasta 2011- bastaba y sobraba para
disponer de cargos, despachos e influencia. Incluso hoy, en sus horas
más bajas, el PSC mantiene aún las alcaldías de Lleida y Tarragona, y
ostenta una vistosa mayoría absoluta en Cornellà.
El principio del declive
En 2003, Pasqual Maragall, aliado con Esquerra Republicana (ERC) y los
ecosocialistas de Iniciativa, se hizo con la presidencia de la
Generalitat. En 2004, José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó la
presidencia del Gobierno español. Fue la cumbre. Y el principio del
declive. «Hemos perdido votos españolistas por la decepción que causaron
la segunda legislatura de Zapatero y la Generalitat tripartita de José
Montilla, y hemos perdido votos catalanistas por el fiasco del Estatut»,
admite Iceta.
En aquellos años empezó a pasar factura la ambigüedad. La del PSC de
Maragall, impulsor de un nuevo Estatut junto a un socio de gobierno,
ERC, que decidió no votarlo porque lo suyo era la independencia; la de
Zapatero, que prometió la aprobación en Madrid de cualquier cosa que
emanara del Parlament, para luego resultar que no; la del PSC de
Montilla, que se unió al nacionalismo en la protesta contra los recortes
al Estatut y acabó pagando el desastre casi en solitario.
Lo peor, sin embargo, comenzó hace un par de años, con el formidable
auge del independentismo. Resulta erróneo considerar que el separatismo y
sus disfraces eufemísticos, como el derecho a decidir, constituyen un
fenómeno creado por Artur Mas (que no da para tanto, ni mucho menos) o
los mensajes de la televisión autonómica. La Assemblea Nacional de
Catalunya, el organismo que organiza las manifestaciones del 11 de
septiembre y propugna la independencia sin medias tintas, es
probablemente, por número de cotizantes, la mayor fuerza política
catalana.
Ni Oriol Junqueras, de ERC, ni el propio Mas pueden permitirse un paso
atrás: la desautorización por parte de la ANC les hundiría
electoralmente. El independentismo, robustecido bajo las sucesivas
administraciones nacionalistas, ha logrado captar a miles de
catalanistas frustrados por un sistema autonómico que consideran
perjudicial, a sectores juveniles que rechazan el sistema español
surgido de la Transición y a muchas personas que, hartas de la crisis,
piensan que sería mejor romper y empezar desde cero.
En un país como España, cuyo único proyecto político parece consistir en
pagar deudas e ir tirando, el independentismo es capaz de suscitar
entusiasmos y pasiones. Y alivia a los cabreados. Como cualquier
movimiento altamente emocional, su fuerza es fluctuante. La fuerza, en
cualquier caso, existe. ¿Sabe alguien dónde desembocará esta crisis? En
el PSC, desde luego, no.
Jordi Solé Tura, uno de los padres de la Constitución, militante
histórico del PSUC que pasó en el PSC sus últimos años, ya escribió en
1987 que a una consulta sobre la autodeterminación sólo se podría llegar
«a través de un proceso insurreccional, o a través de una durísima
batalla política llena de elementos y factores insurreccionales, con un
eje que sería exclusivamente la concesión o no de la independencia».
Solé Tura concluía que esa situación supondría, además de la destrucción
del sistema democrático establecido en 1978, «la ruptura interna de
todos los partidos, sindicatos y organizaciones del conjunto de la
izquierda».
Aún no se ha llegado ahí. Aún no hay nada irreversible. Conociendo la
historia de Cataluña, hecha de repentes tremebundos y cautelosas
retiradas, conviene mantener un cierto escepticismo. Pero la izquierda
catalana ha chocado ya con el iceberg de la autodeterminación. Entre la
separación y la unidad, tanto el PSOE como el PSC apuestan por la
unidad. Con matices, claro, para que el PSC no parezca viajar en el
mismo barco (aunque lo haga) que el PP, Ciutadans y Rosa Díez(*).
Después de una serie de vistosos bandazos respecto al referéndum sobre
la independencia, formalmente convocado para el 9 de noviembre, el PSC
ha decidido que lo del «derecho a decidir» ya no le parece tan bien,
aunque el año pasado estuviera a favor.
El referéndum «es una acción unilateral condenada al fracaso», en
palabras del secretario general, Pere Navarro, ex alcalde de Terrassa.
Lo que propone Navarro, coordinado con Alfredo Pérez Rubalcaba, es «un
Estado federal». En la práctica, la propuesta (que mantiene la soberanía
en el conjunto del pueblo español) equivale a un perfeccionamiento del
sistema autonómico, con el Senado como cámara territorial y con las
competencias y la financiación regidos por unas expresas normas
constitucionales. Eso implicaría una reforma de la Constitución que
todos, desde Rubalcaba y Navarro hasta el último de los militantes,
reconocen actualmente inviable. Es decir, proponen paciencia y, de
momento, no hacer nada.
En lo cotidiano, quieren seguir ejerciendo como partido socialdemócrata y
reclamando, aunque sea sin éxito, que se palien los efectos de la
crisis sobre los ciudadanos más débiles. «Iremos a las próximas
elecciones como el partido de la cordura, como una opción intermedia,
pero supongo que los unionistas y los independentistas querrán medir sus
fuerzas respectivas y votarán por opciones más rotundas», comenta
Iceta. «Lo más probable es que obtengamos un mal resultado».
Camino de la irrelevancia
Esa perspectiva agrava el riesgo de desaparición, porque, a diferencia
del Parlamento español, el Parlamento catalán no se rige por el
bipartidismo. Mientras el PSOE permanece como principal fuerza de la
oposición, por cochambrosos que sean sus resultados, el PSC ya es el
tercer partido del Parlament en número de escaños. En las próximas
elecciones podría bajar a la cuarta posición, tras CiU, ERC y PP, lo que
supondría una casi completa irrelevancia. Y un partido de gobierno como
el PSC, habituado a los despachos y los escaños desde el mismo momento
de su fundación, no puede permitirse la irrelevancia.
Rocío Martínez-Sampere, economista de 39 años y participante en las
primarias que elegirán al candidato socialista a la alcaldía de
Barcelona, forma parte de los renovadores del PSC. Para ella, el colapso
no se debe tan sólo a la crisis de la socialdemocracia y a la embestida
independentista: «Mantuvimos el poder, pese a la sangría de votos,
gracias a las alianzas, y un sistema interno endogámico impidió que nos
adaptáramos; una vez perdido el poder, nos hemos quedado en casi nada».
Martínez-Sampere considera que «el independentismo se ha apropiado de
las ideas de cambio y progreso». «Yo soy federalista, el gran problema
consiste en que la gente se crea a estas alturas nuestro federalismo y
lo que percibo, haciendo campaña en estas primarias, es una gran
incredulidad, respecto a nosotros y respecto al conjunto del sistema
tradicional», dice.
Martínez-Sampere fue uno de los cinco diputados socialistas que, el mes
pasado, consideraron un error el no del partido en la enésima votación
parlamentaria sobre el referédum. En esa ocasión, se pedían al Estado
las competencias necesarias para realizarlo. Uno de los rebeldes, Ángel
Ros, alcalde de Lleida, renunció a su escaño para no romper la
disciplina de partido. Otros tres (Marina Geli, Joan Ignasi Elena y
Núria Ventura) la rompieron y votaron sí. Martínez-Sampere, que
propugnaba la abstención, acabó votando no para que no se agravara la
crisis, pero renunció a sus cargos ejecutivos en el partido. Para ella,
el no constituía una incoherencia respecto a decisiones anteriores.
Para los tres que votaron sí, recibiendo por ello como castigo un
desplazamiento a la última fila de escaños y una serie de curiosos
desprecios personales, pero nada más, el no era algo aún más grave: lo
interpretaron como una ruptura con el alma catalanista y una traición al
electorado. El ambiente interno en el PSC, ya bastante enrarecido,
empeoró desde ese incidente. «Deberíamos hacer algo», opina
Martínez-Sampere, «para recuperar el crédito ante los electores; no
estoy respaldando el referéndum, pero la crisis catalana no se resolverá
con un arreglo en los despachos. Sin gestos fuertes y sin participación
de la ciudadanía, seremos incapaces de salir de esto».
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