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El chollo de comer en el Ministerio
El erario público carga con el coste de los menús artificialmente barato de los organismos.
Entre los funcionarios de toda España que visitan Madrid circula desde
hace años una consigna que se ha ido transmitiendo boca a boca a la hora
de elegir un sitio para ir a comer con las tres 'B' de bueno, bonito
(es lo que menos importa) y, sobre todo, barato. Hasta hace poco
donde mejor se comía y por el módico precio de cinco euros era el
restaurante del Ministerio de Sanidad, con tres menús a elegir. Sin embargo, ahora
el preferido es el restaurante del ministerio de Empleo en el que los
funcionarios, e incluso familiares directos invitados, pueden comer por
tan sólo 3,40 euros eligiendo un primer plato entre tres
sugerencias, un segundo (carne o pescado), más el postre y la bebida.
Justo enfrente de este ministerio, en el madrileño Paseo de la
Castellana, el menú del día en los restaurantes a pie de calle no baja de los 10 euros.
El comedor de Empleo, que ha sido destacado por los propios funcionarios como ejemplo de «la eficiencia de lo público», sólo abre de lunes a jueves porque los viernes la jornada laboral acaba a la hora habitual de la comida. Por otra parte, es frecuente, sobre todo en verano, ver cómo muchos de ellos aprovechan estos precios nada competitivos ni de mercado para ir a casa ya comidos. Este menú cuesta el doble, 6,80 euros, para los visitantes acreditados.
Cotizaciones
Se trata del Departamento cuya responsable, Fátima Báñez, decidió por
decreto en plenas Navidades que los vales de comida de los trabajadores
del sector privado coticen a la Seguridad Social (sin embargo están
exentos para Hacienda), además del transporte o de cualquier otro tipo
de remuneración en especie.
Curiosamente, la Tesorería de la Seguridad Social ha resuelto la semana
pasada una consulta de una empresa privada determinando que «la empresa
deberá obligatoriamente incluir en la base de cotización de los
trabajadores que accedan a este servicio la parte subvencionada del
mismo o su coste total si lo subvencionan íntegramente».
Pero no hay constancia alguna de que el ministerio de Báñez haya
empezado a aplicar esta medida en este comedor para incrementar la caja
de la Seguridad Social. Según fuentes del sector de la restauración, es
precisamente el único de todos los ministerios que es gestionado y
atendido por empleados del propio departamento. Lo que significa que el
precio está subvencionado ya que se mantiene con una dotación
presupuestaria. Este modelo de precios protegidos, con variaciones, se replica en la mayor parte de las administraciones y organismos públicos.
Sin embargo, a pesar de que el coste de estos servicios se carga al erario público, estos restaurantes no están abiertos al público, ni siquiera en la actual situación de crisis. Hay
colegios y guarderías donde un menú, calentar el tupper en el
microondas o usar las dependencias del comedor tiene precios superiores.
En el sector se señala que debería liberalizarse esta restauración y
que, con precios competitivos y no tasados para las empresas
explotadoras como hasta ahora, las administraciones podrían obtener
ingresos.
Es el mundo en que se mueven los administradores y la clase política en
muchos casos ajenos a la realidad y a los precios de la calle. De ahí que Zapatero señalara en 2007 en el programa de televisión Tengo una pregunta para usted que un café costaba 80 céntimos. En aquel momento, en el Congreso su precio era de 73 céntimos, y en la calle 1,20 euros.
Hacienda
No lejos del complejo de Nuevos Ministerios, es también conocida entre la función pública la cafetería que el Ministerio de Hacienda
tiene en el número 3 del Paseo de la Castellana, es decir, en la sede
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. En la cantina
de este histórico palacete, que gestiona Mediterránea de Catering -la
misma firma que cosechó miles de quejas en 2013 por la calidad de la
comida que sirve en el Complejo Hospitalario de Navarra-, comen los funcionarios por cinco euros y por 5,40 los acompañantes y las visitas. No
es extraño por ello ver allí hacia las 14.30 a los policías que
trabajan por la zona centro de Madrid, a los empleados del cercano
Ministerio de Interior -en cuyas dependencias no hay servicio de
restaurante- y hasta a sus respectivas familias e hijos.
Pero la relación de Cristóbal Montoro con esta restauración
subvencionada no ha sido siempre una seda. Fuentes próximas al
Ministerio refieren incluso que, cuando el PP llegó al Gobierno y
Montoro a Hacienda, una de las primeras medidas de austeridad fue cerrar
la cafetería de la sede de Alcalá, 9. Una decisión que no tardó en
rectificar ante la presión de los propios trabajadores, que
subrayaban entonces que «no es lo mismo el sueldo de un subsecretario
que el de un ordenanza, tampoco a la hora de comer por esta zona».
Local gratis
En los ministerios de Economía, Hacienda y Presidencia se puede comer
un menú completo diario por menos de siete euros e incluso de dieta.
En concreto, en el Ministerio que dirige Soraya Sáenz de Santamaría, el
menú es de 6,60 euros, pero se puede comer por 4,10 si sólo se consume
un primer plato o 5,60 euros si se trata del segundo. En el Departamento
de De Guindos, el coste es de 6,75. Y en el de Montoro, que suele estar
muy pendiente de que tribute el salario en especie y los productos o
bienes con precios por debajo del mercado, el menú es de 6,40 euros, con la posibilidad para los que sean diabéticos de elegir el postre adecuado.
Aunque los precios siguen estando por debajo de los de mercado, el modelo de adjudicación es diferente. Es decir,
se autoriza el servicio a la empresa privada concesionaria que oferte
el precio más bajo, siempre y cuando mantenga las condiciones de bajos
precios estipulados. Eso sí, el servicio deberá ser equivalente «a los
de una cafetería de primera categoría y a los de un restaurante de buen
nivel y calidad», con el compromiso de utilizar productos de «marcas
comerciales de reconocida calidad y prestigio» y el deber de conservar
la documentación que certifique su procedencia.
A cambio, al contratista le sale gratis el local y las instalaciones, luz, climatización o el agua.
O asume también otros servicios que se licitan, por ejemplo los de
limpieza en el caso del Palacio de la Moncloa. En este complejo, que
alberga el Ministerio de la Presidencia se adjudicaron recientemente los
servicios de cantina y el de limpieza de las dependencias al empresario
hostelero Ramiro Jaquete.
Sin embargo, no todo es rentabilidad. Una empresa de hostelería que
explota la cafetería y el restaurante de una de las sedes del Ministerio
de Asuntos Exteriores amenazó recientemente con dejar de prestar sus
servicios si el Departamento de José Manuel García Margallo no permitía
la entrada de trabajadores de empresas cercanas al centro. ¿El motivo?
No les salía rentable tener el local abierto para unos pocos menús y
cafés.
Subvención
En el restaurante del Congreso de los Diputados, que recientemente pasó
del Grupo Cantoblanco a la firma Eurest, los precios de la carta -a
propuesta de los propios órganos de la Cámara- son muy inferiores a los
que se pueden encontrar en otros establecimientos de la zona de la
Carrera de San Jerónimo y del centro de la capital. Y ello pese a que
sus señorías disponen de una media mensual de 1.800 euros (en 14 pagas)
para atender estos gastos y el alojamiento. Curiosamente, tampoco
tributan a Hacienda.
Estos precios de no mercado, que pueden ser aprovechados también
por los visitantes -incluso periodistas- se financian con una asignación
de 4,3 millones entre 2013 y 2015 -más IVA- procedentes de la partida que los Presupuestos Generales del Estado conceden al Congreso.
Esta cifra, que percibe la empresa privada adjudicataria y que también
dispone gratis del local, la limpieza, el mobiliario e, incluso, la
desratización o desinsectación, sirve para cubrir precisamente la
diferencia del contrato de servicio con el precio real. Los precios
máximos que se pagan son los siguientes: menús del día (9 euros),
desayunos (1,05 euros), cafés (0,85 euros) y por ejemplo una pieza de
fruta del tiempo (1,20 euros). No obstante, a los funcionarios les
cuesta la mitad, es decir, 4,50 euros, pues disponen de unos bonos
similares a los cheques de comida. En el Senado el café con leche vale
1,05 euros y el menú del día 8,35. Lo gestiona Mesa Real, del Grupo
Lezama, y es sólo para el personal de la casa.
Respecto a la bebidas alcohólicas, las espirituosas, como los gintonic,
han sufrido una revalorización política hasta los seis euros, después de
que se conociera que costaban menos de cuatro euros. Salvo en el
Congreso y Senado, las bebidas alcohólicas de alta graduación, las
copas, han desaparecido de todos los organismos oficiales, siendo el
Ministerio de Fomento el último en quitarlas en junio de 2013: sólo se
puede tomar vino, cerveza, cava y vermú. Y no en todos los ministerios.
Vales de comida
En el sector privado, la situación es casi dramática. «Estamos viviendo un auténtico tsunami tras el decreto 16/2013», explica Emilio Gallego, de la Federación Española de Hostelería (Fehr), quien recuerda que los vales de comida mueven «1.060 millones de euros anuales y son empleados a diario para comer por 600.000 trabajadores».
Gallego rechaza las palabras de Báñez, que pidió a las empresas «hacer
su política social con cargo a los beneficios empresariales, y no con
cargo al sistema de protección social». «Son prestaciones que cubren
necesidades básicas, no se trata de regalarle un reloj de oro a tus
empleados», critica. Además, y en su opinión, la medida «tergiversa de
forma tan brutal el mercado» que también afectará a las concesiones. «En
los márgenes en que se mueve el sector y tras cinco años de crisis,
cualquier movimiento deja sin rentabilidad estos negocios», dice.
En términos similares se expresa Juan Ignacio Díaz, de Fehrcarem, la hostelería organizada: «vamos a ser los campeones del tupper en los aparcamientos».
Díaz recuerda que la medida «equivale a una subida del IVA de 1,5
puntos», que peligran «30.000 empleos» y que los cheques «se usarán un
40% menos».
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