La economía de Rajoy: liquidar empresas, salvar banqueros

La economía de Rajoy: liquidar empresas, salvar banqueros


Los gobernantes de la derecha suelen presentarse siempre como grandes defensores de las empresas y del funcionamiento más eficaz posible de la economía pero hay muchas pruebas que demuestran lo contrario. Son las políticas económicas que aplican las que destruyen el tejido empresarial orientado a crear riqueza y empleo, y lo hacen, casi siempre, en aras de defender a los bancos y al capital financiero en general.

En estos momentos tenemos una prueba más de ello con el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Refinanciación y Reestructuración de deuda comercial que previsiblemente será aprobado por el Consejo de Ministros de hoy viernes.

Dicho Decreto se presenta, como suele hacer casi siempre este gobierno, como el instrumento necesario para conseguir un objetivo loable, en este caso ayudar a que gran número de empresas puedan “retomar la senda de la rentabilidad” facilitando acuerdos de refinanciación. Pero se oculta que en realidad tiene otras verdaderas pretensiones. Ahora, y una vez más, hacer un traje a medida a la banca española a costa, de nuevo, de toda la economía española y del tejido empresarial más en concreto.

Aunque el Decreto es farragoso y entra en detalles que serían difíciles de explicar claramente en un artículo resumido como éste, lo que se propone realmente y sus razones se pueden exponer breve y lo más claramente posible de la siguiente manera.

El negocio de los bancos es prestar y en los años anteriores a la crisis hicieron todo lo que estuvo en su mano para establecer un modelo económico basado en el crédito precisamente para aumentar como fuese su negocio. La consecuencia fue, como todo el mundo sabe ya, que prestaron por encima de sus posibilidades y que ahora se encuentran, como hemos dicho, con una cartera de activos muy deteriorada.

Cuando eso sucede, el equilibrio patrimonial de los bancos se resiente y si se quiere que la contabilidad lo refleje fielmente se debería corregir el valor contable de esos activos, disminuyéndolo en la misma medida de la pérdida que esté suponiendo el fallido que se produzca. O, como procedimiento alternativo, generar “provisiones” (es decir, algo así como unos fondos que se “guardan” en previsión de que ocurra algo, como en este caso que no se llegue a cobrar el crédito) a medida que se vaya percibiendo la morosidad o la mayor probabilidad de no cobro.

Sin embargo, los bancos son muy reacios a actuar de ese modo, es decir, a minusvalorar sus activos o a establecer provisiones realistas puesto que eso disminuye su rentabilidad, dado que, en el primer caso, los hace menos solventes, o porque inmoviliza fondos cuantiosos, cuando se dotan provisiones.

La banca ha presionado desde que estalló la crisis para que no se le obligase a provisionar todos los fondos que hubieran sido necesarios ante el descalabro patrimonial que sufrió. Y también para que la Unión Europea cambiase la normativa contable y le permitiera valorar sus activos a precio de adquisición en lugar de mercado (es decir, para que no tuviera que reflejar la pérdida de valor que han ido sufriendo), lo que claramente supone una falsedad flagrante, gracias a la cual los bancos pueden presentar balances más saneados cuando en realidad están todos quebrados.

Pues bien, lo que se busca verdaderamente con el Decreto que hoy aprueba el gobierno, que como he dicho se justifica como una medida para ayudar a las empresas, es dar una vuelta de tuerca más y proporcionar a la banca un nuevo colchón permitiéndole que haga desaparecer de sus balances la basura que representan miles de créditos de dudoso o imposible cobro resultado de su irresponsabilidad y mala gestión en los últimos años.

Así, el Decreto establece que las empresas en dificultades por tener créditos con los bancos estarán obligas a llegar a acuerdos de financiación con sus acreedores (los bancos) en virtud de los cuales las deudas que tengan con ellos pasarán a ser inversiones de éstos en el capital de las empresas.

La operación es perfecta. Al transformar los activos podridos en inversión en el capital de las empresas deudoras, pasan de ser sus acreedores con pocas expectativas de cobrar a ser sus dueños. Y así matan varios pájaros de un tiro.

Por un lado, en lugar de la posibilidad de perderlo todo si la empresa deudora entra en concurso de acreedores, se convierten en sus propietarios. Y además lo consiguen sin demasiado riesgo, porque el Decreto establece que si la empresa entrase más adelante en concurso, el banco dejaría de nuevo de ser inversor para pasar a ser otra vez acreedor y así poder ponerse en la cola para cobrar.

Por otro lado, al hacer eso, los créditos morosos que los bancos tenían antes en su balance (y por los que tenían que establecer costosas provisiones) o aumentar su capital, desparecen, porque ahora ya no son deudas de improbable o imposible cobro sino inversiones. Así podrán aparecer como entidades saneadas en las pruebas de stress y seguir dando beneficios a pesar de que materialmente están igual de quebrados que antes.

Se podría decir que con este procedimiento se ayuda a las empresas porque se les permite que lo que antes eran deudas que tenían contraídas con los bancos se conviertan ahora en su propio capital. Pero eso es solo una mejora aparente por varias razones.

En primer lugar, porque la existencia futura y la rentabilidad de la empresa no van a depender solo de tener más capital (y menos cuando éste es en cierta medida ficticio, como ocurre con la operación que el gobierno contempla el Decreto a propuesta de los bancos) sino mejores expectativas y posición en el mercado, algo que no depende solo de que la empresa sea ahora controlada por un banco o por un fondo especulativo. La historia reciente demuestra que la lógica de rentabilización del capital financiero es muy diferente de la del capital productivo. Por eso es fácil deducir que lo que producirá esta medida, en el mejor de los casos, es una dependencia mucho mayor de las empresas participadas de la estrategia global de los bancos y, en el peor, su liquidación o gestión para aumentar su valor. ¿Alguien cree que los fondos buitre que con toda seguridad van a estar detrás de este tipo de operaciones van a ser los que de verdad estarán interesados en recuperar seriamente a las empresas españolas en dificultades para que de nuevo se dispongan a crear riqueza y empleo? ¿No es más razonable y realista pensar que su estrategia será aumentar simplemente su valor de mercado para liquidarlas más adelante, que es lo que generalmente suelen hacer en su práctica diaria?

La realidad es que hay tantas empresas españolas con dificultades, en primer lugar, porque los bancos llevaron a cabo muy mal su política de financiación. Y, en segundo lugar, porque la crisis creada por los bancos las ha dejado sin demanda y sin mercado. Por eso, lo que necesitan las empresas no es que bancos o fondos especulativos pasen ahora a ser sus dueños, porque eso con toda seguridad no se traducirá mejor actividad productiva. Lo que requieren es financiación más barata y sin condiciones que impliquen dejar que sus gestores dejen de serlo y más ingresos en la economía para que tengan demanda. Y lo que hace el gobierno es justamente lo contrario de lo que habría que hacer pues se limita a poner en marcha un mecanismo para que los bancos (que las han llevado a la ruina) sean ahora las que las gestionen para rentabilizar la deuda que tenían con ellos.

La banca, como siempre, va a ganar de nuevo a costa de toda la economía y de las empresas en particular pero no por casualidad sino gracias a la ayuda de un gobierno que, para colmo, se llena permanentemente la boca con palabras de apoyo a las empresas.