Europa Laica contabiliza más de 5.000 bienes inmatriculados por la Iglesia
Desde que en 2007 saltara la alerta sobre los bienes que la Iglesia
católica estaba inscribiendo a su nombre en el Registro de la Propiedad
amparada en los artículos de la Ley Hipotecaria que le dan categoría de
administración pública, Europa Laica ha venido desarrollando un trabajo
de investigación sobre ello que da como resultado la suma de más de
5.000 bienes inmatriculados por la Iglesia en todo el país.
Así, los datos que maneja esta organización -que trabaja por separar la
influencia de la religión del espacio público del Estado- señalan que
sólo en las provincias de alrededor de un millón de habitantes, existen
entre 500 y 1.000 bienes en cada una de ellas que han sido inscritos por
la Iglesia a su nombre, según explica a eldiario.es/andalucia el
presidente de Europa Laica, Francisco Delgado. “Venimos trabajando en
este tema desde que saltara la alarma sobre lo que estaba haciendo la
Iglesia a raíz de los casos detectados en Navarra”, cuenta Delgado para
explicar a continuación la “opacidad” con la que la Iglesia ha actuado y
la dificultad de contabilizar todos los bienes inmatriculados.
Primero fueron más de 1.000 bienes los que se certificaron por parte de
la Iglesia en el Registro de la Propiedad en Navarra, entre 1998 y 2007;
y a raíz de ellos, Europa Laica ha promovido grupos de trabajo en cada
provincia del país para arrojar luz sobre la práctica de bienes
inmatriculados por la Iglesia valiéndose de artículos franquistas de la
Ley Hipotecaria y su Reglamento, que “han permitido usurpar miles y
miles de bienes en España, con nocturnidad y alevosía”.
Investigaciones más avanzadas en la Comunidad Valenciana o Aragón han
hecho aflorar un largo listado de bienes de los que la Iglesia se ha
“apropiado”. De esa forma, además de lugares de culto, pasaron a manos
de la Iglesia propiedades como viviendas, fincas, viñedos, almacenes e
incluso trasteros, según consta en los datos que maneja Europa Laica y
las plataformas ciudadanas que trabajan sobre ello.
La Mezquita-Catedral y la acción de las administraciones
Y entre todos esos bienes, destaca la Mezquita-Catedral de Córdoba
–“ningún otro bien tiene su valor”- dice Delgado sobre el monumento que
la Iglesia inscribió a su nombre en 2006 por 30 euros. Desde el inicio
de su trabajo sobre las inmatriculaciones, Europa Laica tiene claro que
éste “es una cuestión política, no jurídica”, dice su presidente para
explicar que “el balón están en el tejado de las administraciones” y ha
lanzado un mensaje directo al Congreso de los Diputados para modificar
la Ley Hipotecaria y derogar -“con carácter retroactivo”- los citados
artículos que confieren a la Iglesia categoría de entidad pública. “El
poder ejecutivo tiene capacidad jurídica para hacerlo y no permitir que
una entidad privada siga actuando como entidad de carácter público.
Porque no lo es desde que en 1978 se aprobó la Constitución”, añade.
Igualmente y en referencia específica al caso de la Mezquita-Catedral,
Delgado ha solicitado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana
Díaz, “que no haga declaraciones y actúe” porque “la Mezquita es un bien
público, no es de la Iglesia y debe pertenecer a la ciudadanía”.
Y en un mensaje directo al Ayuntamiento de Córdoba y a su alcalde, José
Antonio Nieto (PP), desde Europa Laica han pedido “que trabaje a favor
de las instituciones públicas y de la ciudadanía”. En ese sentido, ha
añadido: “Si el ayuntamiento plantea el tema, si tiene voluntad
política, lo tiene ganado en los tribunales”.
“Los partidos políticos en general han hecho dejación de sus
obligaciones” en el caso de las inmatriculaciones, ha criticado Delgado.
“Ningún ayuntamiento, salvo alguno de Navarra y País Vasco, han dado la
voz de alarma”, añade. Y también pone sobre la mesa el papel de los
registradores de la propiedad: “Han hecho la vista gorda ante algo que
no era normal”.
Campaña de Europa Laica
“Desde Europa Laica vamos a seguir luchando” dice sobre su tarea para
alzar la voz contra las inmatriculaciones de bienes por parte de la
Iglesia, explica su portavoz. “La razón está de nuestra parte aunque es
un camino lento”, ha añadido para “felicitar” a la Plataforma
Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos que ha abierto recientemente el
debate en Córdoba para conseguir la titularidad pública de este
monumento y ya cuenta con más de 200.000 firmas ciudadanas de apoyo y
adhesiones de personalidades del mundo académico, de la cultura y el
pensamiento. “Es un movimiento cívico que va a generar el apoyo de la
inmensa mayoría de la ciudadanía para que la Mezquita pase a ser un bien
de derecho público”.
Sobre su propia tarea, Europa Laica proseguirá su trabajo de
investigación para sacar a la luz bienes inmatriculados, además de
promover una campaña de recogida de firmas y apoyo social que, a través
de su web FIRMA: No a las inmatriculaciones de la iglesia católica y por una Mezquita pública y de uso civil más de 7.000 adhesiones contra las inmatriculaciones de la Iglesiac atólica y por una Mezquita pública y de uso civil.
En un documento dirigido al Congreso, Senado, Ministerio de Educación y
Cultura, Junta de Andalucía, Parlamento de Andalucía, Parlamento y Unión
Europea, Consejo de Europa y UNESCO, se pide la “devolución de la
Mezquita de Córdoba al Estado” y se sugiere que se constituya una
fundación o patronato público que gestione el monumento, integrado por
el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, con participación
del Estado central, universidades y entidades privadas de carácter
cultural o de investigación. Asimismo, también se pide “que la Mezquita
de Córdoba dejede ser un lugar de culto religioso-católico y de
explotación del Obispado de Córdoba, para convertirse en un espacio
exclusivamente civil, como monumento histórico-cultural al servicio y
disfrute de toda la ciudadanía”. Y añaden, sobre su denominación, que
sea llamado oficialmente “Mezquita de Córdoba”, sin más alusión a la
catedral que se inserta en su interior.
Este mismo documento de Europa Laica incluye otras dos peticiones, ya a
nivel general. Una, para solicitar que se modifiquen los artículos de la
Ley Hipotecaria que han posibilitado que la Iglesia haya realizado
inmatriculaciones a su nombre en el Registro de la Propiedad de bienes
no registrados hasta la fecha, al otorgarle categoría de
administraciónpública a la Iglesia y sin más justificación que la firma
de sus propios obispos. Y una segunda para “que se devuelvan a los
municipios, entes públicos, personas físicas o jurídicas del lugar donde
se encuentran ubicados todos los bienes, edificios o espacios usurpados
y que, supuestamente carecían del título escrito de dominio hasta ese
momento, mediante las inmatriculaciones ejercidas por la jerarquía
católica haciendo uso de la Ley Hipotecaria”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario