Los servicios profesionales: la reforma olvidada por el Gobierno que la troika no le perdona

una reforma que lleva olvidada unos diez años, cuando no se dudó ni un minuto en recortar de forma retroactiva (e ilegal; incumpliendo los compromisos adquiridos) las "primas" a las renovables..

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Los servicios profesionales: la reforma olvidada por el Gobierno que la troika no le perdona

"Si nos hemos atrevido con los pensionistas, somos capaces de todo". Así de vehemente y retador se expresaba un secretario de Estado del Gobierno al explicar cómo al Ejecutivo no le había temblado la mano al recortar las primas a las energías renovables de forma retroactiva. El Gobierno del Partido Popular exhibe su enfrentamiento con las eléctricas como una de las demostraciones de su independencia y su ardor reformista que, dicen, ha aplicado en todas las áreas.

Sin embargo, hay una línea roja, una última frontera que no es capaz de rebasar ni este Gobierno ni los que le precedieron. Se trata de la reforma de los servicios profesionales, una suerte de anatema para el Ejecutivo que Bruselas le acaba de recordar que es un deber pendiente.

En teoría, una reforma de los servicios profesionales podría mejorar la competencia de, precisamente, uno de los servicios más resistentes a cambiar sus condiciones en España. En un mercado europeo abierto, un sector de servicios profesionales con mínimas barreras de entrada tendría, siempre según los tecnócratas europeos, más posibilidades de ser competitivo.

La reforma, que reduciría las competencias de los colegios profesionales, entre otras cuestiones, ha sido un mantra para todos los organismos internacionales que llevan exigiéndosela a España desde hace años. Un secretario de Estado de la legislatura socialista asegura que el proyecto "lleva diez años metido en el cajón". El otrora político asegura que esta es la gran reforma pendiente del Ejecutivo pero que no se atreve a acometer. "Los que demandan reformas siempre piden que sean en el sector que no les incumbe. Los empresarios, el mercado de trabajo, y así sucesivamente. Pero los profesionales nunca creen que la reforma pendiente es la suya", sintetiza.

Hubo un momento en el que pareció que el Ministerio de Economía iba a a acometer una aparentemente ambiciosa reforma, para lo que se comprometió en el Plan Nacional de Reformas que envió a Bruselas. Llegó inclusó a aprobar en Consejo de Ministros un descafeinado anteproyecto de ley, en pleno mes de agosto, lo que causó un gran revuelo entre las organizaciones profesionales implicadas. Desde entonces, el anteproyecto duerme en algún rincón del Consejo de Estado donde no parece tener muchos visos de salir a corto plazo.

El polémico proyecto, que a este ritmo difícilmente verá la luz antes de 2015 a no ser que el Ejecutivo opte en el último momento por un decreto ley, trata de aligerar las obligaciones de ciertas profesiones reguladas. Sin embargo, fue llamativo en su aprobación que uno de los sectores más regulados de forma no consensuada, las farmacias, se libró sin apenas un roce en el texto.

Pero Bruselas no olvida y en las recomendaciones emitidas el viernes con motivo del final de la revisión del programa financiero por parte de la troika, le dice a España que "algunas medidas han sufrido retraso, como la ley de servicio profesionales y colegios, que puede resultar menos ambiciosa de lo originalmente anunciado, además del arranque de la autoridad fiscal independiente".

El otro gran compromiso pendiente de España – el auditor independiente del déficit y las cuentas públicas– va a ver la luz antes incluso que la prometida liberalización de los servicios. Pese a la lentitud con la que Hacienda aplica ciertos compromisos europeos, ha logrado adelantar a la bestia negra del ministerio que dirige Luis de Guindos.

Por todo esto, los profesionales liberales, arquitectos, abogados, ingenieros y un largo etéctera pueden ser los últimos en ver cómo el Ejecutivo legisla sobre sus colectivos en esta legislatura. El mérito es, precisamente, de los mismos colegios a los que la UE quiere quitar poder y que han sometido al Gobierno a un auténtico asedio desde dentro.

Habrá que esperar, por tanto, a disfrutar de los 7.000 millones de euros en los que De Guindos cifró el impacto de la medida que descansa en los despachos del Consejo de Estado, un órgano compuesto básicamente por letrados que deben opinar sobre la reforma de su colegio y otros afines.