y en el caso remoto que Europa ponga alguna multita, la acabará pagando el borrego que ya pagó la ampliación, claro..
disfruten lo votado..
Una sospecha de corrupción en El Musel a despejar cuanto antes
La Oficina Contra el Fraude de la UE considera que la ampliación del puerto de El Musel fue adjudicada de manera irregular y que sus sobrecostes no están justificados. Estamos hablando de la mayor obra civil jamás llevada a cabo en Asturias, con una inversión superior a los 700 millones de euros. La acusación es gravísima, y merece con urgencia las aclaraciones pertinentes. LA NUEVA ESPAÑA desveló ayer que los inspectores han descubierto engaños en el peso y el precio de los áridos usados. Los trabajos estuvieron envueltos en la polémica y en la sospecha desde el primer día. Una infraestructura llamada a relanzar la economía regional puede acabar hundiéndola. Los culpables, si se confirma, deben, por lo menos, quedar retratados.
La ampliación de El Musel fue una iniciativa cuestionada desde el inicio. Observando la inactividad de los muelles durante gran parte del año, era inevitable que los ciudadanos se hicieran preguntas sobre si el tráfico marítimo real de la región merecía un esfuerzo tan descomunal en un gigante portuario. Además, todos los planes para complementarlo y darle sentido -el polo energético, la zona logística- han resultado un fiasco. La crisis los barrió como hojarasca. Los responsables del Puerto y los gobernantes de turno insistieron hasta la saciedad en que sin acometer una remodelación de esa magnitud El Musel sucumbiría a medio plazo frente a sus competidores. Era cuestión de supervivencia.
La obra está culminada, poco sentido tiene seguir flagelándose sobre sus dimensiones. Desmesurada o no, sí ha carecido, en su puesta en escena y en su ejecución, de la solvencia, la seriedad y el rigor que una operación de esta envergadura merece. Mal común, en unos tiempos pasados en los que nada parecía ponerse por delante y cualquier ocurrencia ni siquiera precisaba responder a una necesidad para salir adelante. Sobraba el dinero. Como en el Niemeyer, que vio la luz porque el arquitecto brasileño regaló una maqueta y había que aprovecharla. Como en la Laboral, con una ciudad de la cultura inventada para llenarla. O como en las autopistas radiales de Madrid, una red de peaje al lado de autovías gratuitas destinada al fracaso y ahora nacionalizada. Todo lo arregla el bolsillo del contribuyente. Primero costea las obras. Luego, los desastres.
La Oficina Europea Contra el Fraude, a propósito de El Musel, acaba de dar esta semana un salto cualitativo tras una larga investigación discreta y confidencial. LA NUEVA ESPAÑA reveló ayer en exclusiva las partes sustanciales de su informe, muy duro. La cantera de Aboño, al lado del puerto, siempre estuvo en el punto de mira. El concurso público recomendaba, por cercanía, extraer de ella la mayor parte de los áridos. Una de las empresas concurrente, la que finalmente ganó el concurso, figuraba entre sus propietarios, lo que la colocaba de partida en una posición de ventaja. Los auditores comunitarios hablan de fallos graves de control de las autoridades españolas, de sospechosa falta de colaboración del contratista, de distintos precios aplicados a las piedras y de anomalías en los pesajes. Ya no estaríamos ante meras discrepancias políticas, divergencias en la selección de prioridades eficientes, dudas sobre inversiones productivas o interpretaciones opuestas sobre textos legales, sino directamente ante un caso de supuesta corrupción.
La Oficina Contra el Fraude tiene fama de maximalista y en sus misiones de control casi siempre dispara por elevación. Pero sólo actúa cuando cuenta con indicios suficientes de una estafa a las arcas europeas. Sus informes no son vinculantes, incluso queda margen para que el Estado español alegue y negocie alternativas con la Comisión. La contundencia del documento contra El Musel, no obstante, merma las posibilidades de hallar una salida satisfactoria.
Una actuación ideada para salvar el puerto de Gijón y regenerar el tejido económico regional amenaza con causar un daño enorme a Asturias, además de al erario público. El socialista Areces, como presidente del Principado, fue el impulsor político de la ampliación. Los puertos son del Estado, aunque, tras el primer pacto de Aznar con los nacionalistas catalanes, las autonomías deciden sobre ellos, una bicefalia que enreda mucho las cosas. Con Cascos -entonces factótum del PP- en el Gobierno central el proyecto quedó desbloqueado y diseñado en sus términos actuales, tras descartar la variante que defendía entonces el Principado, aún más faraónica. La ministra socialista Magdalena Álvarez contrató los trabajos, y su sucesor, José Blanco, también socialista, miró después para otra parte hasta cortar la cinta inaugural. Antes de que el puerto se convierta en una trágica pesadilla de la que no podamos despertar, los ciudadanos necesitan muchas explicaciones. Y también que los culpables, de haberlos, afronten sus responsabilidades. Esto tendrá que empezar a ser habitual en España. Ha de llegar el día en que la exigencia de la sociedad lo convierta en costumbre.
La controversia evoca los peores vicios de la España de los negocios de palco: la improvisación, el despilfarro, el descontrol, la carencia de rigor administrativo, los concursos inducidos, la falta de transparencia, la sumisión de los criterios técnicos al poder político, la connivencia entre gobernantes y empresas. Volviendo la vista atrás, con los datos frescos del informe PISA, que certifica la calamitosa enseñanza práctica y teórica española, cabe interrogarse sobre si antes que a infraestructuras no habría merecido más la pena destinar la ingente cantidad de recursos de que dispusimos a apuntalar la formación del capital humano.
¿Habrán influido trasiegos de sobres y oscuras maniobras bajo la mesa en algunas de esas erradas políticas? Muchos rectores de la UE, en especial nórdicos y germanos, están convencidos de ello. Ojalá se equivoquen, pero cada día parece más claro que algunos de los defensores de las espectaculares obras públicas no actuaban tanto por patriotismo como por intereses personales poco confesables.
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