Investigan al director general de carreteras de Castilla y León, por un presunto cobro de comisiones en la adjudicación de la variante de Guardo

corrupción, nepotismo, despilfarro.. lo habitual en hispanistán, país donde "la crisis vino de fuera", claro..

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Investigan al director general de carreteras de Castilla y León, por un presunto cobro de comisiones en la adjudicación de la variante de Guardo

La unidad de delitos económicos de la policía, UDEF, a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, trata de averiguar si hubo enriquecimiento ilícito por parte del Director de Carreteras de la Junta de Castilla y León, Luis Alberto Solís y de dos funcionarios de su departamento. En concreto la UDEF busca en las cuentas bancarias de estas personas y sus familiares movimientos que hagan dudar de la procedencia del dinero. Este es un paso más del juzgado en su investigación iniciada hace dos años .por un presunto delito de cohecho, prevaricación y tráfico de información privilegiada.

El juez, además de abrir esta investigación del patrimonio del director de carreteras y de sus dos funcionarios también ha solicitado que se amplíen las pesquisas para conocer los movimientos bancarios de las empresas civil 4 y Eipsa, a las que la Consejería de fomento, de la Junta de Castilla y león adjudicó la dirección facultativa de las obras de la variante de Guardo en Palencia por 400 mil euros.

El objeto de esta investigación es conocer si en la época en la que se llevó a cabo la adjudicación de esta obra, hubo un incremento patrimonial no justificado en las cuentas de estas personas y empresas y también de sus familiares directos.

La unidad de delitos económicos de la policía, encargada de esta investigación también va a cruzar las cuentas corrientes de las empresas, presuntas pagadoras y de los tres imputados en la causa incluido el actual director de carreteras de la Junta, Luis Alberto Solís.

Han pasado ya dos años desde que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, iniciara esta investigación centrada en la adjudicación por parte de la Consejería de Fomento del contrato para la dirección facultativa de las obras de la variante de guardo que recayó en la UTE formada por Estudio de Ingeniería y Proyectos, S.L. (EIPSA)-Civil 4, S.L, por un importe de 408 mil euros.

La adjudicación a esta UTE, según las investigaciones, podría haberse visto favorecida por los investigados mediante la facilitación de información previa, al objeto de que la licitación se presentara en términos ventajosos con respecto al resto de ofertas realizadas por casi una treintena de empresas de fuera y dentro de Castilla y León.

Los hechos se conocieron a raíz de la detención, el 21 de junio de 2012, de la funcionaria Belén G. en su centro de trabajo ubicado en dependencias de la Consejería de Fomento, en la calle Rigoberto Cortejoso de Valladolid, por parte de agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de Madrid, quienes no sólo registraron su despacho sino, su propio domicilio, para luego tomarle declaración en dependencias policiales.

Al día siguiente de la detención, el consejero portavoz y de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, defendía en la SER, la presunción de inocencia esta trabajadora con trece años de servicio en la Administración regional.

El contrato para las obras de la variante de Guardo con un presupuesto de 20 millones de euros y una plazo de ejecución de treinta meses, fue otorgado por el departamento que dirige el Consejero de Fomento Antonio Silván a finales del año 2010 a favor de la UTE compuesta por las constructoras Sacyr e Inmobiliaria Río Vena.

Con posterioridad, a principios de 2011 se produjo la adjudicación de la dirección facultativa de dichas obras, la que está siendo objeto de investigación, en favor de EIPSA-Civil 4 por más de 400.000 euros.