La oleada de corrupción se come el 4% del PIB español

por el título, parecería que la "corrupción" hubiera llegado ayer; no sólo ha supuesto una cifra astronómica e inasumible para un país en la miseria, es que el país ha acabado endeudado y en el "tercer mundo", mientras la casta (la que se ha ido beneficiando) y los mismos borregos (los que sostienen la "democracia") seguían aplaudiendo..

luego resulta que hay paro, que los sueldos son la mitad que en Europa (para el que tiene trabajo, claro)..

disfruten lo votado..


La oleada de corrupción se come el 4% del PIB español

En España hay 1.700 causas abiertas con unos 500 imputados y un coste total de más de 40.000 millones.

El caso Gürtel, el desvío de fondos de los cursos de formación, los ERE en Andalucía, las obras del AVE a Barcelona...y así un largo etcétera que golpea a las arcas públicas. Según los últimos estudios e informes realizados por distintas organizaciones nacionales e internacionales, en España hay actualmente 1.700 causas abiertas en los tribunales por casos de corrupción, con más de 500 imputados entre políticos, empresarios y funcionarios del Estado.

Son cifras que tienen un coste anual de 40.000 millones de euros, según un estudio elaborado por la Universidad de Las Palmas, lo que equivale ya al 4 por ciento del PIB nacional y que representaría casi un tercio del coste en toda la Unión Europea. Bruselas no da datos segregados por Estados, pero el pasado mes de febrero estimó ya el coste total para los contribuyente en 120.000 millones de euros.

Causas abiertas

En los juzgados se tramitan así casos que afectan a tipos penales como la prevaricación, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversaciones, negociaciones prohibidas a funcionarios, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y delitos contra el pa- trimonio histórico y contra el medio ambiente. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay, en concreto, 1.661 causas abiertas en los diferentes órganos judiciales españoles por delitos relacionados con la corrupción. No obstante, y pese a este abultado número de procesos en marcha, la cifra de personas que están en prisión cumpliendo condena es muy reducida, sobre todo debido a la dilatación de los procesos judiciales, que en muchos casos son muy amplios, requiriendo incluso la sustitución de un juez por otro. En el caso Gürtel, por ejemplo, sólo el extesorero del PP Luis Bárcenas está actualmente en prisión. El resto de imputados, más de 150 en total, están aún a la espera de que finalice la fase de instrucción de la causa que investiga el juez Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.


En la cárcel está también el expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, por el desmantelamiento de Marsans para evitar el pago a sus acreedores, aunque está pendiente de ser juzgado por más causas en distintos tribunales.

Y aunque ahora está en libertad a la espera de una nueva instrucción, también ha estado en la cárcel Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, tras la investigación por la compra del City National Bank of Florida, y asimismo está imputado por la comercialización entre los inversores particulares de preferentes.

Políticos en prisión

Por comunidades, Baleares es la autonomía en la que más políticos están en prisión por alguna causa relacionada con la corrupción. Por diferentes casos, están entre rejas, por ejemplo, la que fuera presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, María Antònia Munar, condenada en firme a un total de once años y medio por diferentes casos; los exconsellers Josep Juan Cardona, Bartomeu Vicens y Francesc Buils; el exjefe del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico Antoni Rebassa y el antiguo alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo.

No es el caso, sin embargo, del expresidente de la comunidad autónoma Jaume Matas, condenado a nueve meses de prisión por tráfico de influencias en la primera de las causas por los que ha sido juzgado y que está pendiente de que el Gobierno resuelva su petición de indulto antes de entrar en prisión.

Tras Baleares, las otras dos autonomías con mayores índices de corrupción y políticos en prisión son Cataluña y Andalucía. En el primer caso entraron en la cárcel, entre otros, el exinspector jefe de Hacienda Josep María Huguet y el expresidente de Ferrocarriles de la Generalitat Antoni Herce.

En Andalucía, y con la exministra de Fomento y exconsejera de la Junta Magdalena Álvarez imputada por los ERE fraudulentos, han entrado ya en la cárcel el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, y el antiguo asesor de Urbanismo del ayuntamiento de la localidad de la Costa del Sol, Juan Antonio Roca.

El problema de la corrupción es que ha tocado a prácticamente todos los resortes, llegando incluso a la Familia Real, con la imputación de la Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, por el caso Noos. Esta misma semana, precisamente, la defensa de Urdangarin ha presentado un escrito en los juzgados de Palma de Mallorca, en el que propone que se retiren las imputaciones por delito fiscal contra el duque de Palma a cambio de la liquidación de su deuda con Hacienda y del pago de la multa que le pudiera ser impuesta. El juez instructor del caso, José Castro, dio el pasado lunes diez días a la Agencia Tributaria para que determinara de forma definitiva si Iñaki Urdangarin defraudó a Hacienda.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Agencia Tributaria le acusan, de momento, de haber defraudado más de 240.000 euros del IRPF. La Fiscalía, que pedirá prisión para Urdangarin, se adhirió ayer a la petición formulada por el PSPV en el Ayuntamiento de Valencia para que sea imputado su vicealcalde, Alfonso Grau, en el marco del caso. La corrupción suma y sigue.