Ni la madre ni la hija admiten por el momento ser las autoras de los disparos

a ver si acabará siendo un caso de "enajenación mental transitoria", que es lo que se utiliza cuando una mujer mata a un hombre (en "defensa propia", claro).. claro que aquí hay uno de la casta..

por cierto: la "prueba de parafina" se hace al momento (cuanto antes, mejor) y se sabe el resultado al momento.. aquí ya empieza a oler raro..

disfruten lo votado..


Ni la madre ni la hija admiten por el momento ser las autoras de los disparos


Tanto Martínez como su madre, María Montserrat González Fernández, de 55 años permanecen detenidas en dependencias policiales de León como únicas sospechosas del asesinato a tiros de Carrasco en plena calle, cuando se dirigía a la sede del PP para desde allí viajar a Valladolid con el resto de la comitiva popular local para asistir a un mitin de Mariano Rajoy.

Tanto la madre como la hija siguen, hasta el momento, negándose a declarar y ninguna de las dos ha admitido ser la autora material de los disparos que acabaron con la vida de Carrasco. Los agentes, no obstante, se inclinan a pensar que la autora material es la madre, aunque todavía están a la espera de saber el resultado de las pruebas de parafina que determinarán quién tiene restos de pólvora en sus manos. Tampoco el arma del homicidio ha sido encontrada, si bien el padre y marido de las detenidas, el inspector jefe de Astorga, Pablo Antonio Martínez, ya ha informado a sus superiores que su pistola reglamentaria siempre ha estado en su poder. De momento, la Policía busca el arma homicida en el río.
La Policía cree que la reciente derrota en los tribunales de un largo y tortuoso contencioso laboral de la ingeniera Montserrat Triana Martínez González, de 35 años, contra la Diputación de León fue el detonante último del asesinato de la líder del PP leonés y presidenta de esa institución, Isabel Carrasco.

Según fuentes de las investigación, la pasada semana Martínez, exmilitante del PP, había recibido la noticia de que debía devolver una importante cantidad (algunas fuentes apuntan hasta 12.000 euros) cobrados indebidamente después de su despido como interina de la diputación en mayo de 2011, tras haber trabajado allí desde enero de 2007. El pasado año, la institución le intentó notificar en tres ocasiones (en febrero, abril y agosto) una declaración de lesividad, un expediente en el que la Administración considera que la actuación de la ingeniera había sido lesiva para los intereses públicos.