y otra muy distinta es que los familiares de los fallecidos sigan cobrando mensualidades cuando ya se ha extinguido el derecho.. eso sólo tiene un nombre: estafa; y como estafa que es debería acarrear no sólo la devolución de las cantidades indebidamente cobradas, sino también una multa para que la próxima vez se lo pensaran mejor antes de estafar al sistema público..
luego se tienen que subir los impuestos porque claro.. falta dinero.. cuando unos irresponsables siguen cobrando indebidamente ayudas públicas, y sin consecuencias..
disfruten lo votado..
6.000 fallecidos ‘cobraron’ ayudas públicas en los dos últimos años
- La Comunidad reclama cinco millones a los herederos por recibir indebidamente fondos de Dependencia
- El Gobierno regional ha recuperado ya la mitad del dinero
A 31 de diciembre de 2013, las personas beneficiarias con derecho a prestación en la región eran 89.098 de una población de 6.495.551 habitantes, lo que supone el 1,37% de los residentes en Madrid. Las personas que solicitaron la prestación de dependencia fueron 175.555 (2,70%). De ellas, 29.719 (26,96%) son cuidadas por sus parientes, 21.356 reciben ayuda a domicilio (19,37%), 18.617 cuentan con atención residencial (16.89%) y 11.742 acuden a centros de día (10,65%).
Los ciudadanos que recibían una prestación por dependencia en la región eran 89.098 a 31 de diciembre de 2013 (1,37% de la población). En total, 175.555 (2,70%) personas solicitaron una ayuda.
El plazo medio de reconocimiento de la prestación era de 173 días, por debajo de la media estatal, con un plazo medio de 210 días.
De los 5.812 casos de personas fallecidas cuyos familiares siguieron recibiendo la prestación, 3.151 corresponden a 2013 y 2.661 se detectaron este año.
El Ejecutivo autonómico exige a los herederos la devolución de 5.264.693,01 euros, de los que ya ha integrado 3.054.546,54 euros. Quedan pendientes 2,2 millones.
Los requerimientos del reintegro de las cuantías percibidas indebidamente se dividen entre quienes percibían la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar (PECEF) —se les transfiere una cantidad que los familiares gestionan para el cuidado del dependiente— y aquellos que obtenían una Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), acudiendo de forma regular a los centros de día de la Consejería de Asuntos Sociales. En el primer caso, la cuantía fue de 2,5 millones, cuya devolución ha provocado la apertura de 3.520 expedientes. En este tiempo, el Ejecutivo de Ignacio González (PP) ha recuperado algo más de la mitad solicitada (1.280.731 euros). La cifra es ligeramente superior en el caso de los PEVS, con 1.773.815 euros reintegrados de los 2.766.194 requeridos. El número de expedientes abiertos en este caso es de 2.292.
La mejora de los controles ha permitido al Ejecutivo madrileño reingresar 12.562.091 euros (tres millones proceden de los casos de ciudadanos fallecidos) por ayudas desde 2009 abonadas de forma improcedente o por la extinción del derecho a recibirlas por más causas que el fallecimiento del beneficiario de la prestación (traslado, revisión, incompatibilidad...). Así, de los 10.410 expedientes revisados en los últimos cinco ejercicios, la Comunidad ha recuperado 12.562.091 euros de los 17.133.548 euros que exige. También se han dado casos en los que, fruto de la falta de control, se pagaban por ejemplo 30 euros de más a los perceptores de ayudas. Al cabo de varios años, esa cantidad de más suponía una suma de 2.000 euros.
De ellos, 4.089.145 euros —reclama 600.000 euros más— corresponden a 2.967 expedientes entre 2009 y 2011. El número de casos fraudulentos aumentó de forma considerable en 2012, cuando la Administración autonómica detectó irregularidades en 4.797 informes. De los 8.548.888 euros requeridos en ese ejercicio, la Consejería de Asuntos Sociales ha obtenido hasta la fecha casi 7 millones. El menor número de casos se produjo en 2013 (2.646), con un importe de 1.476.356 euros reintegrados (3.895.289 reclamados).
El Gobierno madrileño señala que realiza el control de las situaciones de las bajas por fallecimiento de los beneficiarios con una periodicidad mensual. Para ello, emplea los datos que el IMSERSO deja a disponibilidad de la Comunidad en un servidor, a los que incorpora la fecha del fallecimiento. En cuanto al control de posibles duplicidades, el Ejecutivo regional apunta que la aplicación informática controla, al efectuar el alta del expediente, si previamente existen otros expedientes para el mismo solicitante. De darse esa situación, el sistema alerta mediante un mensaje.
El Tribunal de Cuentas subraya que las comunidades autónomas han “incrementado las medidas de control de fallecidos”. De esta forma, la actualización de los censos de beneficiarios ha contribuido “a depurar los casos de duplicidad o de fallecimiento”, requiriendo en su caso los correspondientes reintegros.
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