y lo bueno es que semejante sistema podrido se sustenta con el beneplácito de millones de borregos, de analfabetos funcionales, que creen que ésto es una "democracia", que creen que "hispanistán está en la senda de la recuperación", y que son tan inútiles que no sospechan que por algún lado tienen que haber responsables y responsabilidades, porque no es cierto que "la crisis vino de fuera".. el sistema estaba podrido, y eso es un problema interno..
disfruten lo votado..
La OSCE denuncia que el "sistema" que sustenta al régimen español está podrido
Spain: Final Report, Early Parliamentary Elections, OSCE/ODIHR (2012) —
La
Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE), ha emitido
un durísimo informe, fechado en 2012 y silenciado por la práctica
totalidad de los medios de comunicación españoles, en el que denuncia
que el “sistema” que sustenta al actual régimen español bloquea el
acceso a la política de los ciudadanos y de la sociedad civil para crear
sus propias candidaturas, algo que le ocurre también a los nuevos
partidos. Además, enriquece a los actuales políticos mediante
subvenciones que van más allá del pago de las papeletas, censura hasta
las cuentas de Twitter y no respeta ni la igualdad ni el secreto del
voto. La podredumbre de este “sistema” llega a tal punto que el órgano
encargado de fiscalizar la contabilidad de los partidos (Tribunal de
Cuentas) envía sus informes a éstos antes de ser publicados para que
puedan reformarlos y la Junta Electoral Central debate las denuncias
electorales de forma secreta. También lamenta que los 6,5 millones de
ciudadanos que han participado en manifestaciones de protesta ni sean
escuchados ni estén representados y que el voto blanco y nulo, que
alcanza niveles en España sin parangón en el mundo, no genere escaños
vacíos.
El Congreso ofrece a menudo un panorama de podredumbre y desolación
El régimen español, conocido en Europa como Monarquía de partidos o
“partitocracia”, es penoso y lamentable, según la descripción que de él
hace la OSCE: “no se respeta plenamente la igualdad de voto”, “la
financiación de las campañas electorales” por parte de los partidos no
es “transparente”, no se promueve una mayor participación de la mujer y
se impide siempre que se puede el “pleno acceso” de observadores
independientes “a todas las fases del proceso electoral”, desde el
secreto del voto hasta su cómputo.
Los ciudadanos españoles agudizan el ingenio para protestar
Los políticos españoles, sobre todo de PP y PSOE, que se han turnado
durante casi 40 años, han ideado un sistema según el cual el voto en las
provincias pequeñas, donde pueden dominar mejor sus intereses con
prácticas caciquiles, vale hasta 3 veces más que en las grandes
ciudades, lo que produce una adulteración tan profunda que de ahí
procede la drástica negativa a introducir distritos electorales
uninominales más pequeños que favorezcan la elección directa: si cada
voto valiese igual, los ciudadanos echarían prácticamente a todos los
políticos profesionales y entraría savia nueva en la representación,
algo que temen con verdadero pánico.
La OSCE pone el dedo en la llaga en su informe sobre España: “el sistema
electoral favorece a los partidos más grandes” y llega a la aberración
de dejar fuera a los ciudadanos que participaron en las manifestaciones
derivadas del 15-M. La OSCE afirma que “se estimó en 6,5 millones el
número de personas que participaron en las protestas”, pero incluso se
cambió la ley electoral en el año anterior a los comicios de 2011, algo
expresamente prohibido por la OSCE, que no admite modificaciones en las
reglas de juego a tan corto espacio de tiempo de la apertura de las
urnas. También reclama que las reuniones de la Junta Electoral Central
sean públicas, con presencia de observadores y prensa, pues hasta ahora
son secretas.
Los políticos han ideado un sistema para enriquecerse e impedir el acceso ciudadano a las candidaturas
La OSCE también aprecia que la actual partitocracia discrimina a las
asociaciones de ciudadanos y a los partidos sin representación
parlamentaria si desean presentarse a las elecciones, exigiendo a los
candidatos más requisitos, trabas y firmas que a los viejos partidos.
Por eso pide “establecer condiciones de igualdad para la nominación de
los candidatos de los partidos no parlamentarios y grupos de
ciudadanos”.
La OSCE dibuja un régimen podrido: ni voto secreto ni igualdad
Este organismo recuerda que organizaciones relacionadas con el
movimiento 15-M pusieron en marcha un proyecto denominado “Doriyakitu”,
pidiendo a los votantes que denunciasen en las propias mesas electorales
las anomalías del sistema español. Las 3 quejas que recuerda la OSCE
aluden a la imposibilidad de votar a listas prohibidas “por no haber
recogido los avales exigidos mediante la inconstitucional ley electoral
vigente, que vulnera el pluralismo político restringiendo los derechos
de sufragio pasivo y, en consecuencia, también el sufragio activo, ya
que no permite votar lo que realmente se quiere”, según “Doriyakitu”.
El voto blanco en España es porcentualmente el más alto del mundo
El sistema tampoco acepta “el voto blanco, la abstención y el voto
nulo”, pues desprecia estas opciones a la hora del reparto de actas.
Además se produce sin igualdad pues “los votos de los ciudadanos no
tienen el mismo valor a la hora de atribuir escaños” ya que “vulnera el
derecho a la igualdad entre las personas, y entre los votos de dichas
personas”. La OSCE sugiere que “los votos en blanco (que se cuentan como
válidos), en realidad deberían asignar escaños en el Parlamento, y
dichos asientos deberían permanecer vacíos”. Y recuerda que el partido
político “Escaños en Blanco” se registró en 21 distritos electorales.
Los partidos usan coches oficiales de marca alemana y alta gama con el dinero de las subvenciones
Este organismo internacional desvela que la situación española es tan
anómala democráticamente que “algunos partidos políticos comparten con
la OSCE la opinión de que el nivel de las subvenciones es demasiado
generoso y debería reducirse”. Además, según ellos, estas transferencias
de dinero público solo deben cubrir “los costos de impresión de las
papeletas y no deben ser utilizadas para el reembolso de otros gastos”,
como ocurre ahora, pues se pagan las sedes, sueldos políticos, gastos de
funcionamiento, campañas electorales, seguridad, etc…
La OSCE ridiculiza al régimen por censurar hasta las cuentas de Twitter que parodian a los candidatos
La OSCE también reprocha en su informe “que se hayan cerrado cuentas en
Twitter durante la campaña electoral porque se parodiaba a candidatos”
así como “la censura en la publicación de encuestas cinco días antes de
los comicios”, algo “anticuado en la era de internet”. También demanda
la presencia de “observadores internacionales” en las votaciones. “La
ley electoral no garantiza plenamente el respeto al secreto del voto, un
principio fundamental para unas elecciones democráticas. Las
autoridades deben considerar medidas para mejorar aún más el secreto de
la votación”.
Los órganos reguladores están copados en España por los partidos y el
Tribunal de Cuentas le pasa sus informes a los fiscalizados
Las trampas de los partidos políticos han sido descubiertas por la OSCE
en su informe: el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza los gastos
electorales, es una costosa pantomima porque solo aprueba la
contabilidad después de que ésta pase de nuevo a los propios partidos
del Parlamento (y además los miembros del Tribunal de Cuentas son en su
mayor parte políticos en activo elegidos por los partidos). Pero además
de adulteradas, las cuentas se publican “con significativo retraso”,
según la OSCE, logrando evitar así su actualidad informativa.
Y aunque la OSCE recuerda que España está obligada a cumplir estas
exigencias “con prontitud” y la Oficina para las Instituciones
Democráticas y Derechos Humanos le transmitió al Gobierno que “estaba
lista para ayudar a aplicar estas recomendaciones”, la respuesta del
ejecutivo español fue no aceptar críticas ni recomendación alguna.
Aunque la mayor parte de la prensa española no informa de estas condenas
internacionales, lo cierto es que la OSCE tiene ya a España como un
país con serias deficiencias democráticas.
Prácticamente todos
los ministros han sido denunciados por abusos en el ejercicio de su
cargo. Ninguno ha dimitido ni ha podido ser revocado
Muy pocos países del mundo han dado lugar a que se emitan en un mes dos
notas públicas de condena, como ha ocurrido en septiembre de 2013, pero
es que además en 2012 ya se advirtió que las elecciones en España poseen
graves deficiencias y otra de ellas particularmente grave: la OSCE
recuerda a los políticos españoles del actual régimen que “el mandato de
los funcionarios electos debe incluir la posibilidad de revocarse antes
de que expire”, pues los políticos han hurtado también a los ciudadanos
los mecanismos para ello.
Ingrid Sartiau y Albert Sola reclamaron la paternidad del rey con su ADN. Las leyes impiden en España siquiera investigarla.
Y es que los cargos públicos españoles han ideado un sistema según el
cual los ciudadanos no pueden retirarles el apoyo en caso de corrupción,
malversación de fondos o incluso asesinato, como ocurre con la
“inviolabilidad” del Jefe del Estado, al que han hecho creer “intocable”
desde el punto de vista legal hasta en los casos de denuncia de hijos
consanguíneos por paternidad manifiesta, como ha ocurrido recientemente
con el rey Juan Carlos.
Pérez de los Cobos, presidente del Constitucional, ocultó con obscenidad su militancia en el PP.
Este moderno “derecho de pernada”, que impide incluso a los jueces
investigarlo, alcanza también a los fueros especiales de los diputados
en el Tribunal Supremo (con una Sala II, especial para juzgarlos a
ellos) y en los tribunales autonómicos (Tribunales Superiores de
Justicia). Estos jueces son designados por las cúpulas de los partidos
políticos sin más méritos que la militancia, simpatía, amistad o
connivencia, como ha ocurrido recientemente con el presidente del
Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos o antes con el
filosocialista Pascual Sala.
En
España son los partidos políticos los que se reparten el Poder Judicial
y la Fiscalía y muchas veces se cuelan hasta diputados que no son ni
jueces ni fiscales
La promiscuidad llega a tal extremo que el Consejo General del Poder
Judicial es designado por los líderes de los partidos (PP, PSOE, CiU y
PNV) mediante un descarado “reparto”, al igual que el Fiscal General del
Estado, que se va rotando entre militantes o simpatizantes de PP y
PSOE, como han sido Leopoldo Torres (PSOE), Javier Moscoso (PSOE), Conde
Pumpido (PSOE), Eligio Hernández (PSOE), Jesús Cardenal (PP), Carlos
Granados (PP) o Torres Duce (PP). A veces incluso son los propios
políticos los que con descaro se incluyen en órganos judiciales, como el
CGPJ, aún no siendo siquiera jueces, como ocurrió con el caso de los
diputados Margarita Uría y Emilio Olabarría (PNV) o Ramón Camp y Mercé
Pigem (CiU), entre otros muchos.
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