en nombre de la "gestión de áreas comerciales urbanas" se desactivan, incluso, las manifestaciones.. como si con la "ley de seguridad ciudadana" no hubiera ya suficiente.. el que quiera protestar, que lo haga sentadito desde el sofá de su casa..
disfruten lo votado..
Privatizar la calle: barrios segregados para comerciantes ricos
Un hombre que pinta retratos en la Plaza Mayor es conminado a levantarse
e irse de la plaza por la seguridad privada de los comercios porque los
hosteleros han contratado a su propio dibujante de caricaturas.
Mientras, en la Puerta del Sol, los afectados por las preferentes son
expulsados por los guardias de seguridad del kilometro 0 porque el ruido
de sus proclamas puede molestar a los clientes de las terrazas que
ocupan el centro neurálgico de Madrid. Son situaciones ficticias que ya
son realidad en barrios de EEUU y Londres y pueden darse en España si el
gobierno impulsa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular de gestión de áreas comerciales urbanas.
La Comisión de Economía del Congreso con una propuesta del PP ha instado
al gobierno a que instaure en España unos barrios comerciales de
gestión público-privada, o lo que es lo mismo, la importación de los
Business Improvement Districts (BID), unos barrios para comerciantes con
muchos recursos que pagan más impuestos a cambio de unos servicios
públicos de mayor calidad gestionados por los mismos comerciantes. Los
BIDs son organizaciones privadas autorizadas por las administraciones
públicas que prestan servicios complementarios de mayor calidad tales
como limpieza, seguridad pública, promoción y publicidad,
embellecimiento y mejoras de los espacios. Los servicios premium son
financiados por una contribución extra pagada por los dueños de las
propiedades de los barrios o distritos. La cuota es acordada por la
colectividad privada y recaudada por la ciudad que a su vez devuelve al
BID en servicios locales de mayor calidad.
Los BIDs repercuten de manera muy positiva en el barrio que tiene tal
consideración, pero a cambio precariza los barrios adyacentes. Los BID
crean una ciudad dual con barrios de primera y segunda categoría,
privatizan el espacio público e incluso son responsables de violación de
derechos civiles, criminalización de actividades económicas
perjudiciales para el comercio tradicional, persecución de la
mendicidad, e incluso, limitación del activismo político por
considerarse perjudicial para los intereses del comercio del BID.
Violación de derechos civiles, criminalización y limitación de activismo político.
Uno de los servicios principales de los BIDs es el de proporcionar
seguridad en el espacio público del distrito. Servicios tales como
contratación de seguridad privada e instalación de cámaras de
vigilancia. Las patrullas de seguridad de los BIDs ya han causado
multitud de casos de violación de derechos civiles en Nueva York, donde
los BIDs tienen una mayor implantación. Es el caso del Grand Central
Partnership que ya ha sufrido una condena por este tipo de violación de
derechos fundamentales, según cuenta la doctora de Derecho
Administrativo de la Universidad de Valladolid, Helena Villarejo.
Otra de las controversias y problemática de la implantación de los BID
se debe a la regulación de los espacios públicos, que también se
encuentra entre las atribuciones de estos barrios premium. En EEUU se ha
producido un fenómeno de criminalización de la venta ambulante y
actividades de arte callejero por el énfasis que estas asociaciones
comerciales ponen a la hora de limpiar y embellecer su territorio acorde
a la imagen de marca que cada BID posee. Esto se ha producido según los
estudios de la doctora Helena Villarejo en BIDs como el de Midtown
Manhattan o el Financial District donde debido a la presión de estas
asociaciones se han restringido estas actividades por considerar que no
son deseadas. Algunos BID como el de Times Square han llegado a limitar
el activismo político, protestas y manifestaciones al considerar estas
actividades transgresoras y por lo tanto inconvenientes para el objetivo
comercial del BID.
Ciudades duales.
Los BIDs no sólo son una privatización encubierta del espacio público,
sino que además crean una ciudad de dos velocidades. Los barrios
premium, debido a la mejor calidad de los servicios públicos, ven como
las propiedades se revalorizan, lo que a su vez provoca una
depauperación de las zonas adyacentes a estas áreas comerciales. Además,
la seguridad privada del BID realiza una segregación por cuestión de
clase, expulsa a los mendigos y la prostitución de su área a las zonas
perimetrales, por lo que deprime otros barrios que sólo tienen la
solución de crear su propio BID haciendo que este tipo de gestión
privada de la ciudad en virtud del poder adquisitivo se extienda en poco
tiempo. Esto acaba causando que las zonas no comerciales o con bajo
poder adquisitivo vean como los servicios públicos van menguando al
mismo ritmo que sube el nivel de los BID.
En este afán de los barrios premium por mantener su área vacía de
mendicidad se llegan a crear programas de atención a los indigentes,
actuando de facto como sustitutivo de los servicios sociales del
ayuntamiento pero sin los controles propios de una administración
pública. Lo único que se pretende con estos programas de atención a la
indigencia es mantener limpios de mendigos las áreas comerciales de su
jurisprudencia. El verdadero objetivo de estos programas es la
dispersión de la mendicidad. En el BID de Los Ángeles, el Downtown LA,
poseen una patrulla que entre otras atribuciones tiene la misión de
limpiar la zona de mendigos. Se trata de la patrulla púrpura. La
patrulla púrpura y el BID Downtown LA han sido denunciados por
asociaciones en defensa de los derechos de los indigentes por considerar
que este tipo de patrulla tiene una agenda anti-homeless.
La propuesta del Partido Popular en el Congreso sólo fue rechazada por
el grupo de Izquierda Plural que en palabras de Alberto Garzón considera
que este tipo de medidas establecen una discriminación territorial y
distorsionan el estado del bienestar ya que los impuestos sirven para
corregir las desigualdades y no para aumentarlas. El PSOE por su parte
se abstuvo de la propuesta al no serle atendida una enmienda que
consideraba necesario respetar las competencias de las CCAA. En su
intervención, el diputado del PSOE Felix Lavilla, expresó que el grupo
socialista estaba de acuerdo en la necesidad de ayudar al pequeño
comercio frente a los grandes centros comerciales pero establece que el
mantenimiento de los servicios públicos existentes son imprescindibles
para empezar a hablar sobre la aprobación de esta legislación.
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