disfruten lo votado..
Sobre los inconvenientes de votar un proyecto de ley cuando faltan 20 minutos para que salga el AVE
El conjunto de las actividades relacionadas con la propiedad intelectual
generan 4% del PIB español; al menos así lo indica el primer folio del
Proyecto de Reforma de la ley que rige estos asuntos. Sin embargo, a
muchos, incluyendo sus responsables, el asunto parece darles exactamente
igual. Ayer hubo tantas enmiendas para discutir -170- como tan pocos
acuerdos -y, claro, tan poco debate-, que cuesta creer que tal cosa como
la propiedad intelectual interese a alguien, incluso a quienes la
legislan.
En una sesión inusualmente concurrida –y especialmente caótica: sin
debate, ni método, ni ton ni son- de la Comisión de Cultura del Congreso
de los Diputados, se aprobó este martes –con 22 votos a favor y 20 en
contra- el proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
que pasará al Senado en septiembre para continuar su larga y farragosa
tramitación.
Como la Ley de Mecenazgo, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
ha sido uno de los grandes proyectos de los populares desde antes de
llegar al poder. Sin embargo, sus demoras y postergaciones han sido
innumerables. Casi tanto como las interrupciones, chascarrillos y
errores que dominaron la sesión de este martes y en la que, se supone,
debía de perfilarse una discusión final para sacar adelante acuerdos en
un instrumento de vital importancia para las industrias culturales en
España.
En medio de una votación confusa, apresurada y atropellada -la
desbandada de algunos diputados fue progresiva y vergonzosa (“Vota tú
por mí, que se va el AVE”, se escuchaba)- , luego de tres horas de
sesión se incorporaron 20 enmiendas, algunas de ellas volcadas en la
lucha contra la piratería a través de la Comisión de Propiedad
Intelectual, cuya lenta e ineficaz actuación ponen en tela de juicio el
papel de este organismo.
Otras enmiendas iban encaminadas a profundizar “los mecanismos de
transparencia” en el quehacer de las entidades de gestión de derechos de
autor, en especial en lo que se refiere a la obligación que tienen
estas de aclarar el uso dado a las cantidades recaudadas y no
identificadas para favorecer los fines sociales de estos organismos.
El diputado Carlos Gorriarán, de UPyD, se refirió a esta como una ley
"conservadora y reaccionaria", con la que el gobierno pretende "salvar" a
las empresas editoras de prensa y a los grandes grupos de comunicación
que no han querido adaptarse al mercado digital". Así dijo al referirse a
la llamada Tasa de Google, una compensación a los editores por el uso
de sus contenidos por parte de los agregadotes y buscadores de noticias.
Sobre ese tema, el portavoz socialista José Torres Mora criticó que no
se hiciera extensiva esa propuesta a los periodistas entendidos como
creadores. “No parece sensato que el editor pida que el derecho sea
irrenunciable para él pero que él haya hecho renunciar a ese derecho al
periodista", dijo sobre un tema que, aseguró, se llevará al Senado.
Algunos parlamentarios, entre ellos Ascensión de las Heras, de Izquierda
Plural, y Rafael Larreina, de Amaiur, aseguraron que esta ley da la
espalda a la socialización del conocimiento. La expresión alude al no
reconocimiento en el proyecto de las licencias de Creative Commons y
Copy Left.
Además de Izquierda Plural, el PSOE, PNV y UPyD -que no el PP- mostraron
alguna coincidencia en la compensación por copia privada, uno de los
temas más criticados por el Consejo de Estado en su dictamen sobre el
anteproyecto, y que ha levantado especial escozor en algunos sectores.
De acuerdo con algunos parlamentarios, esta debería de correr a cargo de
las operadoras, en lugar de ser cargados a los Presupuestos Generales
del Estado
Tras ser eliminado en 2011, el canon por copia privada pasó a sufragarse
mediante una asignación que las principales entidades de gestión
consideraron insuficiente: 5 millones de euros. Se suponía que sería una
medida transitoria y sin embargo, ha quedado contemplada en el
proyecto. Este martes, además, las críticas de los parlamentarios no
entraron en los asuntos técnicos y legislativos discutidos en episodios
anteriores, sino en el hecho de que fuesen los ciudadanos -que no las
empresas, eximidas en el anteproyecto- quienes pagaran por copias
privadas que podrían contemplarse en un recargo sobre los soportes, como
ya ocurría.
Luego de llevar a cabo un brevísimo –por no decir nulo- debate y una
rápida negociación de media hora sobre puntos específicos, la votación
transcurrió en medio de una total confusión con tufo a letanía.
Enmiendas que parecían votarse doblemente –o no votarse- a causa de la
falta de atención -"¿ésa ya no la habíamos votado ya?"- que dominó un
largo y todavía infructuoso epidosio en el camino a la aprobación de
esta legislación.
La guinda de muchos pasteles
Se suponía que el proyecto ya había sido discutido con enjundia a puerta
cerrada. Y sin embargo, de acuerdo hubo poco. Uno de los temas sobre el
que quedó una rara y espesa laguna, fue, entre otros, el del canon. No
hay que olvidar que, además de la eliminación del Ministerio de Cultura,
esa fue la primera medida que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó en la
materia.
A pocos días de asumida la legislatura, y sin aportar mayores detalles,
se aseguró que se pasaría del sistema del canon digital -aquel, el de
las discordias- a un modelo con cargo a los presupuestos del Estado. La
decisión, que se concretó en 2012, levantó sospecha, más aún cuando se
tuvo noticia de los presupuestos de cultura para aquel año, entonces
dotados muy escasamente con 642 millones de euros, 167 millones menos
que en 2011.
En un principio se dijo que la eliminación del canon sería transitoria, y aun así permanece en el proyecto.
Las entidades de gestión de los derechos de autor se llevaron las manos a
la cabeza. El canon, que fue establecido en España en 1987, tiene por
objeto compensar a los autores por la copia de sus obras realizada por
particulares. Su aplicación enfrentó en los últimos años a estos
organismos con el sector de la industria de las nuevas tecnologías y las
asociaciones de internautas. Tanto la Audiencia Nacional como el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaron entonces sendas
sentencias en contra de la aplicación de este gravamen.
Por una parte, las entidades, es decir, tanto AISGE, DAMA, AGEDI, EGEDA,
AIE y SGAE criticaron que el Gobierno hubiese cambiado el sistema del
canon digital sin esperar las conclusiones del mediador nombrado por la
Comisión Europea, cuya misión era armonizar tarifas y soportes de
aplicación del canon en los países europeos. Se consideró, en su
momento, una "actuación a golpe de Decreto Ley".
Las entidades de gestión pasaron del dicho al hecho y denunciaron ante
Bruselas el nuevo sistema español de compensación por copia privada.
Advertían que el modelo implantado por el Gobierno español beneficiaba
"injustamente a las empresas tecnológicas", que sí estaban obligadas a
pagarlo en otros 22 países de la UE (el resto de los que admiten la
copia privada): "esta medida perjudica al contribuyente", aseguraban.
Tres años después, el asunto sigue sin resolverse, cual lustrosa guinda
de un pastel en el que todos quieren su parte.
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