El juicio por una estafa inmobiliaria revela el descontrol en el Catastro de Alicante

en un país decente no se tardarían 14 años en empezar un juicio.. y en un país decente se investigaría el rastro del dinero y no sólo saber con que cuenta de usuario se modificaron los datos pues, como relata el acusado, muchos usaban los ordenadores..

así funcionan las cosas en hispanistán..

disfruten lo votado..



El juicio por una estafa inmobiliaria revela el descontrol en el Catastro de Alicante

La Audiencia exculpa antes del juicio a tres de los funcionarios imputados y deja a uno en el banquillo que asegura que alguien entró con sus datos en el sistema para alterar los expedientes

Tras catorce años de instrucción judicial, la Audiencia de Alicante exculpó ayer a tres de los funcionarios del Catastro imputados en una estafa inmobiliaria en Xàbia y descartó que haya responsabilidad del Estado. El juicio arrancó ayer con sólo dos imputados en el banquillo, ya que los principales acusados ya han fallecido. La declaración de uno de los imputados desveló graves errores en el funcionamiento de los controles en el Catastro de Alicante, ya que en, según dijo, en los años en que ocurrieron los hechos era habitual que empresas que trabajaban para ellos o ayuntamientos usaran sus ordenadores.

Los hechos ayer juzgados se remontan al año 2000. La investigación apunta a la existencia de una trama con contactos dentro del Catastro alicantino que se dedicaba a ponerse a su nombre diversas fincas para venderlas después a terceras personas y de espaldas a los verdaderos propietarios. Una vez que lograban una certificación catastral con la finca a su nombre, iban al notario para que les levantara acta. Mediante este método, consiguieron ponerse a su nombre tres parcelas en la urbanización Trencall de Xàbia que vendieron después a otra mercantil. Según el escrito de acusación, en diciembre del año 2002 se volvió a hacer otro intento con tres parcelas más en la urbanización Balcón de Xàbia, pero esta vez se encontraron con que el notario conocía a los verdaderos propietarios de las fincas.

De los cuatro funcionarios imputados, el juicio sólo se celebró para uno, que es el único al que acusaba la Fiscalía y que, según los ordenadores, intervino en la operación abortada por el notario. Los otros tres estaban en el banquillo a instancias de la acusación particular que acabó retirando los cargos contra ellos poco antes de la vista. Desde la acusación se pedía que se declarara al Estado responsable civil porque los hechos eran consecuencia de un mal funcionamiento de la Administración. «No puede ser que alguien pueda conseguir una certificación catastral sin acreditar nada», dijo ayer la abogada que representaba a los compradores que llegaron a gastar 168.000 euros por el suelo. El abogado Cayetano Serna, que defendía a uno de los funcionarios exculpados, calificó ayer de «despropósito» el mantener a estos trabajadores imputados, que eran responsables del servicio, 14 años para retirar la acusación el día del juicio. Fuentes del caso admitieron que la instrucción había sido deficiente, sin haber investigado a fondo la relación entre funcionarios y presuntos estafadores.

El único funcionario imputado aseguró ayer que era ajeno a los hechos y que no conocía a ninguno de los otros acusados. Según manifestó, lo único que recuerda de aquellos años era que hubo una investigación porque desaparecieron expedientes. «Mis superiores me dijeron que retrotrajera todo el expediente al momento anterior del cambio en el titular de la parcela», dijo. Según explicó, «en el ordenador aparecía que era yo que el había tomado la decisión, pero ni siquiera intervine. Fue alguien con mi cuenta de usuario». En este sentido, aclaró que era normal que personal de ayuntamiento y empresas colaboradoras del Catastro trabajaran en los ordenadores de las dependencias, incluso una de ellas era de Xàbia. «Como no había equipos suficientes, usaban nuestras cuentas de usuario. No les dábamos la clave, pero tenían abierta nuestra sesión. Podían hacer lo que quisieran», dijo. El fiscal pide para él cinco años de prisión por delito continuado en falsedad de documento público, mientras su abogado Aitor Esteban Gallastegui, la libre absolución.

Para el otro acusado se piden siete meses de prisión por su supuesta complicidad en la estafa, tras haber ido como testigo al notario a declarar que las parcelas eran propiedad de uno de los acusados fallecidos. Ayer aseguró que conocía a este acusado de toda la vida y que en una ocasión le llevó a ver la finca. «Un día me enseñó la certificación del catastro de esas parcelas y me pidió que le acompañara al notario para declararlo», dijo. El acusado negó a preguntas de las partes haber estado imputado por hechos similares en otros procedimientos.