jueces y fiscales defendiendo los privilegios medievales de la casta (el aforamiento).. porque "todos somos iguales", pero unos más que otros, claro.. cuando cualquier país moderno tiene algunas decenas de aforados (eso si no se cuentan con los dedos de una mano, que también puede ser el caso) hispanistán tiene decenas de miles.. literalmente..
una de las causas de tanta corrupción, nepotismo y despilfarro insitucionalizado es, precisamente, la existencia de éstos privilegios propios del medievo..
y lo llaman "democracia"..
disfruten lo votado..
Las asociaciones judiciales critican el desaforamiento y la instrucción colegiada
La conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la
Magistratura (APM), y los progresistas afiliados a Jueces para la
Democracia (JpD), consideran innecesaria la medida que el ministerio de
Justicia pretende incluir en la Ley del Poder Judicial para retirar el
aforamiento a jueces y fiscales.
Pablo Llaneras, portavoz de la APM se manifiesta abiertamente en
contral. “Si se va a investigar si el comportamiento de un juez es
delictivo, lo tiene que hacer un juez de grado superior y no de grado
inferior”, señala. Llaneras defiende incluso el aforamiento de todos los
políticos: “Se debilita la credibilidad de las instituciones si el
procesamiento de un político se lleva a cabo por decisiones de jueces
que tienen menos experiencia y conocimiento y pueden estar sujetas a
revisión en instancias superiores. Apoyamos el aforamiento a políticos
cuyo cargo así lo justifique”.
Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, defiende una “solución
global de consenso respecto a la limitación de los aforamientos y no a
este tipo de parches”. Si se quiere reformar la Constitución para
retirar el aforamiento de los políticos, poco sentido tiene reformar
solo una parte. De todos los aforamientos, los que más justificados
están son los de jueces para que no les juzgue el compañero que trabaja a
su lado, con lo que se podría afectar al principio de imparcialidad”.
Respecto a la instrucción colegiada, Llaneras (APM) considera que es una medida que no plantea problemas de constitucionalidad.
“De hecho, las decisiones judiciales en segunda instancia ya son
adoptadas por órganos colegiados. No obstante, podría provocar problemas
de agilidad procesal. No lo creemos necesario, ahora funciona
correctamente”.
Bosch (JpD) considera que la instrucción colegiada va a “entorpecer
las investigaciones penales que requieren decisiones rápidas y con un
órgano colegiado pueden quedar bloqueadas”. “Además puede poner en
peligro la independencia judicial al apartar a un juez para asignarle
otros dos compañeros para instruir determinadas causas”.
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