La Comisin Europea anula la ayuda de 250 millones para ampliar El Musel tras la denuncia de OLAF

otro asunto sobre-cogedor, sin duda..

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La Comisin Europea anula la ayuda de 250 millones para ampliar El Musel tras la denuncia de OLAF


La Comisión Europea (CE) envió ayer al Gobierno de España una propuesta de cierre al expediente sobre la subvención para la ampliación de El Musel en la que no sólo ratifica la petición de devolución de las ayudas recibidas que había planteado la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) sino que reprocha «la falta de acción de las autoridades españolas en respuesta al informe de la OLAF y la falta de acción de las autoridades españolas en respuesta al contratista negar el acceso de la OLAF a los registros contables». España tiene ahora dos meses de plazo para indicar si está conforme o no con la citada resolución, pero la previsible negativa, conforme a lo dicho hasta ahora por el Ejecutivo, no servirá, con toda probabilidad, para modificar la decisión europea, de forma que la vía judicial parece imparable.

Evidentemente, los argumentos españoles para defender la actuación de la Autoridad Portuaria de Gijón en la contratación de las obras de ampliación de El Musel no han convencido a las autoridades europeas, que ofrecen seis causas para realizar una propuesta de cierre que consiste exactamente en «cancelar la totalidad de la cofinanciación del proyecto de la UE: es decir, una recuperación de 198 millones de euros ya pagados y una liberación de 49,5 millones de euros aún no pagados».

Las seis causas referidas son «la infracción del artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; diversas infracciones a la Directiva de contratación pública 93/38/CEE.; la falta de acción de las autoridades españolas en respuesta al informe de la OLAF; la falta de acción de las autoridades españolas en respuesta al contratista negar el acceso de la OLAF a los registros contables; falta de una pista de auditoría suficiente, y justificación insuficiente de los gastos realizados».

El Ejecutivo tiene ahora dos meses para decir si está conforme o no con la decisión

El Gobierno de España esperaba la decisión de la CE, porque no hay muchos precedentes en los que una propuesta de la OLAF haya sido rectificada por la Comisión. De hecho, el Ministerio de Hacienda, que es el competente para tratar todo lo relacionado con los fondos europeos, anunció incluso antes de aparecer la resolución ayer emitida, su propósito de apelar al Tribunal de Luxemburgo contra la anulación de las ayudas comprometidas.

Antes, la Administración españolas dispondrá de un plazo de dos meses para aceptar o no la decisión que implica un varapalo para las cuentas y la imposibilidad absoluta de que la Autoridad Portuaria de Gijón pueda afrontar la deuda.

Al presentar sus alegaciones contra el informe de la OLAF, el Gobierno de España optó ya por agotar los plazos concedidos, como forma de conseguir, al menos, la mayor demora posible para devolver el dinero, en el caso de que realmente llegue ese momento.

También es probable que, ante la disconformidad española, difícilmente amparada en argumentos todavía no esgrimidos, la CE ratificará sin excesiva dilación la propuesta de cierre ayer notificada. A partir de ese momento, la única fórmula para detener el reintegro de los 198 millones reclamados será la vía judicial.

En el ámbito legal sí hay más posibilidades de conseguir una rectificación, especialmente cuando se trata de aspectos formales, más determinantes en el mundo del Derecho que en el de la Administración. EL COMERCIO publicó el pasado septiembre que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea anuló una corrección financiera que fue comunicada tardíamente en el caso de la construcción del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona.

En ese sentido, ya en 2010 la subdirectora general de Fondos de Cohesión y de Cooperación Territorial Europea, Ana Raquel García, remitió una carta a la Dirección General de Política Regional de la CE para señalar que habían transcurrido los tres meses previstos para resolver la propuesta de corrección financiera contra la que la Autoridad Portuaria de Gijón había presentado sus alegaciones. En esa carta, la Administración española destacaba que, «pasado dicho plazo, interpretamos que los gastos efectuados por las autoridades nacionales son correctos, de forma que la única decisión que podrá adoptar la Comisión será la que así lo declare».

En realidad, no fue así, pero el conflicto creado con ello no ha llegado al final de recorrido, salvo que el Gobierno acepte la resolución ahora emitida por la CE.