Los 32 detenidos formaban un grupo criminal de funcionarios corruptos
La meticulosidad con la que el empresario Rafael González rellenaba cada una de las casillas de su archivo Excel para registrar los movimientos de su empresa Fitonovo, dedicada al mantenimiento de parques y jardines, ha sido la llave de una operación que se ha extendido por toda España. Jugosas mordidas económicas, regalos como coches de lujo o teléfonos móviles, sueldos mensuales a algunos trabajadores públicos. Casi todo valía. Los responsables de Fitonovo admitieron que llegaron a repartir 700.000 euros entre 2003 y 2012 en dádivas y sobornos, principalmente entre funcionarios y cargos del segundo escalafón de diversas administraciones públicas.
Tras quince meses de investigación, ha sido el golpe definitivo a una “organización criminal” dedicada a la obtención fraudulenta de contratos públicos, según ha informado el Ministerio del Interior. Entre los detenidos no hay distingos políticos y figuran exresponsables o cargos públicos de PSOE, PP, IU o Coalición Canaria. Está previsto que se les imputen delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precios de concursos y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.
La denominada ‘Operación Enredadera’, dirigida por la juez Mereces Alaya junto a la UCO de la Guardia Civil, ha permitido desmantelar una red de contactos de funcionarios corruptos con 13 provincias españolas como escenario de esta nueva "trama criminal", según ha informado la Guardia Civil. Se contabilizan 32 detenciones, la mayoría en Andalucía (23) y una decena de ellas en Sevilla. El origen está dentro de la operación Madeja, que investigaba sobornos al anterior equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla a cambio de contratos, principalmente en el área de Parques y Jardines. Desde ahí, la trama, con la empresa Fitonovo en el centro, habría logrado infiltrarse en numerosos organismos públicos con la ayuda de funcionarios y responsables públicos.
La red habría extendido sus tentáculos por varias comunidades. Además de en Andalucía, hay detenidos en Zaragoza, Madrid, Canarias, Extremadura y Valencia. Fitonovo creó una contabilidad paralela que se nutría de facturas falsas para pagar los sobornos. Según ha trascendido, muchos de los concursos corresponden a la empresa estatal Adif, dependiente del Ministerio de Fomento, relativas a adjudicaciones de la limpieza de la vegetación de las vías ferroviarias. También hay obras en carreteras.
El dueño de Fitonovo y su hijo, Rafael González y José Antonio González Baró han abandonado este medio día el juzgado de Mercedes Alaya tras acogerse a su derecho a no declarar. La magistrada, que los ha citado a primera hora poco antes de estallara la operación Enredadera, les impuso una fianza civil de dos millones y un millón de euros, respectivamente. También ha comparecido ante Alaya un empleado de la empresa, el administrador de la filial Fiverde, Manuel Ángel Macedo, para quien ha dictado fianza de medio millón de euros. Los tres ya estaban imputados en la primera fase de la Operación Madeja.
Igualmente ha desfilado por el despacho de la juez Joaquín Peña, exdirector del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla con el actual gobierno municipal del PP. Para él, que fue destituido meses atrás en la primera fase de la operación, se ha impuesto una fianza de 200.000 euros. Esta tarde estaban citados otros tres ex responsables municipales del anterior equipo del gobierno socialista. En la nómina de detenidos también figura Antonio Miguel Ruiz Carmona, persona de confianza del exteniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos, exlíder de IU en Sevilla. Está investigado por haber podido cobrar hasta 70.000 euros a cambio de adjudicar obras deportivas.
La investigación judicial está bajo secreto de sumario desde julio de 2013. En el centro de la trama está un ex asesor del anterior gobierno socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño, que ya fue detenido en la primera fase de la operación y que pudo recibir, junto a su esposa, la abogada Ana María Vaquero, hasta 400.000 euros en prebendas y un coche de lujo a cambio de estos contratos públicos con Fitonovo y Fiverde. Castaño abandonó la cárcel el pasado agosto tras pagar una fianza de 60.000 euros. Según trascendió en su momento, uno de los principales sospechosos aseguró que parte del dinero que habría cobrado como mordidas fue a parar al PSOE. El notable incremento de su patrimonio encendió las alarmas..
La declaración del hijo del dueño de estas empresas, José Antonio González Baró, ha sido fundamental para elevar las detenciones, según ha podido saber El Confidencial. Éste declaró ante la juez Alaya que la trama se habría extendido a otras ciudades más allá de la capital hispalense. Fitonovo, que era una empresa sin plantilla en 2003, donde se ubica el origen de la trama, llegó a tener en poco tiempo un centenar de trabajadores. Según ha trascendido, las comisiones ilegales a funcionarios y cargos públicos pudieron sumar 700.000 euros hasta 2012. Si en 2005 la empresa facturó 100.000 euros, la cifra se disparó a 36 millones en 2012.
Entre los detenidos, según fuentes de la investigación, figura de momento un funcionario de la Diputación de Sevilla, el jefe de servicio de Carreteras, el ingeniero Carlos Podio, que se acaba de reincorporar a su puesto tras un año de baja por enfermedad. La Diputación abrió una investigación interna tras saltar la operación Madeja en diciembre de 2013 para conocer las presuntas irregularidades. Durante tres meses se abrió una auditoría interna que concluyó que no había ilegalidad en la tramitación de los expedientes. La Guardia Civil ha requisado varias cajas con documentos y la Diputación sevillana ha sido uno de los epicentros de la operación, cuando desde las nueve de la mañana llegaron tres coches con varios agentes.
Vista de la antigua estación de El Portillo de Zaragoza, sede de Adif en la capital aragonesa. (EFE)Vista de la antigua estación de El Portillo de Zaragoza, sede de Adif en la capital aragonesa. (EFE)
También hay detenidos en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), por la adjudicación de las obras de un gimnasio, La Palma del Condado (Huelva), por la construcción de la piscina pública, y La Carolina (Jaén), donde está bajo sospecha la adjudicación del estadio municipal y detenido un concejal del PP y segundo teniente de alcalde del ayuntamiento. También hay detenidos en la delegación de la Consejería de Fomento de la Junta en Huelva. Los tentáculos de la red se extendieron hasta Extremadura, donde está detenido un jefe de la Consejería de Fomento desde la anterior legislatura, o Canarias, donde ha sido detenido un portavoz de Coalición Canaria en Lanzarote. Según fuentes de la investigación, las detenciones se han realizado en Sevilla (10), Córdoba (4), Jaén (3), Huelva (3), Granada (1), Cádiz (1), Zaragoza (2), Madrid (2), Canarias (2), Badajoz (1), Valencia (1) y Lanzarote (1).
La Operación Madeja tiene su origen, como el caso ERE, en la investigación abierta en Mercasevilla. Cuando la juez Mercedes Alaya comenzó a investigar si se había amañado el concurso para vender el suelo de la lonja sevillana a una promotora que había dado donaciones al mercado no podía ni imaginar que de este caso surgirían algunos de los casos de corrupción más graves de Andalucía.
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