hay que recordar que éstos funcionarios estaban ahí por su "vocación de servicio público".. claro, claro..
en un país decente habrían renunciado a la plaza, y devuelto todo lo robado.. en hispanistán seguirán en la poltrona, les pondrán una multa ridícula y simbólica (no sea que cojan estrés) y aquí paz y después, gloria..
disfruten lo votado..
Los funcionarios del caso Enredadera se vendieron hasta por un cable de 14 euros
La operación Enredadera dirigida por la jueza Mercedes Alaya ha
permitido desmantelar una trama de corrupción que amañaba contratos
públicos en toda España. La investigación de la Unidad Central Operativa
(UCO) de la Guardia Civil ha servido para imputar a 32 empresarios y
funcionarios implicados en la concesión fraudulenta de adjudicaciones a
la empresa sevillana Fitonovo a cambio de regalos que en ocasiones
apenas llegaron a ascender a 14 euros. Pero las pesquisas también han
servido para taponar un enorme agujero por el que se habrían esfumado
miles de euros públicos entre 1995 y 2013.
Ese es el periodo durante el que estuvo operando la red, según asegura
la jueza Alaya en el auto de prisión de uno de los cabecillas de la red,
Juan Andrés Brugueras Foye, director comercial de Fitonovo y
responsable directo del entramado. El Grupo de Delitos contra la
Administración de la UCO no sólo ha constatado que esa compañía llegó a
contar con más de una veintena de funcionarios en nómina que le
concedían contratos públicos de forma recurrente. También ha probado que
las comisiones y los regalos que recibían los presuntos prevaricadores
se financiaron con dinero del erario público. Es decir, que Fitonovo ni
siquiera tuvo que renunciar a parte de sus ganancias para sufragar los
cohechos. Su fiesta la pagaron los contribuyentes.
La mecánica del fraude
Los investigadores han aportado a Alaya abundante información sobre esta
práctica. La jueza concluye “que las dádivas o bien eran cargadas
directamente a la facturación que emitía la empresa [Fitonovo] a la
Administración con la connivencia del funcionario, o bien se derivaba
del ahorro que a Fitonovo le suponía realizar la ejecución del contrato
de forma distinta a la legalmente prevista, realizando menos kilómetros o
metros de tratamiento o desbroce [la principal actividad de la firma,
junto al mantenimiento de taludes], empleando medios diferentes, o menos
personal, que le generaran un beneficio a la empresa con cargo al
erario público en cualquier caso”.
Los agentes de la UCO han documentado numerosos casos en los que la
organización corrupta utilizó estos métodos. En noviembre de 2008,
Fitonovo acordó con un funcionario de Adif abonarle el 4% de un contrato
amañado. Los fondos salieron “de la no ejecución de los trabajos
comprendidos en el contrato público en determinados tramos” de vía.
“En perjuicio de las arcas públicas”
Entre 2004 y 2012, la compañía pagó 5.800 euros en sobornos a un
funcionario de la Delegación del Ministerio de Fomento en la provincia
de Huelva a cambio de contratos de mantenimiento de carreteras. El
funcionario en cuestión, que debía encargarse de la supervisión de los
trabajos, permitió que la firma de Brugueras ahorrara “en el coste de
ejecución, bien permitiendo la facturación de tramos superiores a los
ejecutados o bien permitiendo hacer los trabajos de forma distinta a la
contratada en perjuicio de las arcas públicas”. Con la diferencia se
pagaban las comisiones. El dinero salía directamente de los Presupuestos
del Estado.
Fitonovo también compró a otro funcionario del Ministerio de Fomento en
Huelva para acceder a nuevos encargos. En concreto, según ha podido
averiguar la UCO, le dio 67.336 euros, que salieron de las propias
licitaciones, “realizando menos tramos de lo que venía obligada a
realizar por contrato, [utilizando] menos personal o [ejecutando las
obras] de forma diferente a lo contratado”.
Los sobornos no sólo circulaban en metálico. Como reveló El Confidencial
este miércoles, la trama también corrompió a funcionarios con cámaras
de vídeos, estancias en hoteles, cava, joyas, agendas electrónicas y
hasta pastillas de Viagra. Los funcionarios cayeron tan bajo que
llegaron a aceptar como regalo un cable óptico valorado en apenas 14,61
euros, según detalla el documento judicial. Los agentes han constatado
incluso un episodio en el que uno de los empleados públicos que
colaboraba con la red pidió expresamente a Fitonovo que colara en una
adjudicación un viaje a Panamá –“al parecer destinado al funcionario”–
valorado en 3.000 euros. La red actuaba a demanda.
Un fraude de hasta el 50%
La cantidad defraudada al Estado llegó al 50% del importe de las
licitaciones. Así ocurrió, por ejemplo, en las adjudicaciones concedidas
a la empresa investigada en 2012 por la Sección de Conservación y
Explotación de Carreteras de la Junta de Extremadura. El jefe de este
organismo acordó con Brugueras que sólo se ejecutara la mitad de los
servicios contratados por el erario público. El precio de la otra mitad
se lo repartieron a partes iguales el funcionario y Fitonovo.
A los acusados le resultará difícil contrarrestar las imputaciones.
Según Alaya, “el informe elaborado por la Guardia Civil ha sido
exhaustivo, pormenorizado, descendiendo a los mínimos detalles que
permiten relacionar no solamente las cantidades con los funcionarios
públicos sobornados, sino los expedientes de contratación concretos de
Fitonovo que se vieron favorecidos por las dádivas recibidas por tales
funcionarios”. Para la instructora, el atestado de los investigadores de
la UCO permite “concluir que los indicios existentes contra los
imputados son extraordinariamente sólidos y consistentes”.
El virus que asfixia al Estado
Fuentes de la investigación consultadas por El Confidencial aseguran que
los funcionarios habrían actuado a título personal. Los agentes
disponían de tantos datos que el martes, cuando se desencadenaron las
detenciones, “sólo se registraron los puestos de trabajo de los
imputados”. “Ya se sabía dónde estaba la información que se buscaba. La
investigación está perfectamente documentada”, señalan las mismas
fuentes.
Se trata de una de las tramas de corrupción desmanteladas con mayor
arraigo en el sector público. Al contrario que en otras operaciones, los
partidos políticos habrían jugado en este procedimiento un papel
secundario. Ese es uno de los motivos que da nombre a la Operación
Enredadera. La UCO aprovechó que Fitonovo comenzó dedicándose al cuidado
de parques y jardines para bautizar las pesquisas con el nombre de esa
planta. “Las enredaderas trepan por los árboles hasta que los asfixian, y
eso es lo que está haciendo la corrupción con el Estado”, precisan
fuentes próximas a la operación. "La corrupción ha llegado hasta el
nivel de los funcionarios".
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