Defensa adjudica de nuevo un contrato de seguridad a la empresa de un imputado

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Defensa adjudica de nuevo un contrato de seguridad a la empresa de un imputado


Esta empresa es propiedad de Miguel Ángel Ramírez, imputado por un presunto delito de fraude fiscal que puede ascender a más de 40 millones de euros

El Ministerio de Defensa ha vuelto a adjudicar un contrato de vigilancia de algunas de sus instalaciones con la empresa Seguridad Integral Canaria SA, propiedad de Miguel Ángel Ramírez, que está imputado por un presunto delito de fraude fiscal que puede ascender a más de 40 millones de euros.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) correspondiente al 29 de noviembre, la Dirección General de Infraestructura, dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, asigna la "vigilancia y seguridad en la fábrica de armas de Oviedo" a la empresa de Ramírez durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre de este año y el 31 de agosto de 2016; es decir, casi dos años. El presupuesto de licitación de este contrato asciende a 299.879,62 euros.

El pasado septiembre, Seguridad Integral Canaria SA se adjudicó otro contrato con Defensa para la vigilancia de más edificios propiedad del ministerio. La empresa también tiene asignada la seguridad en edificios de Patrimonio Nacional y en el Metro de Madrid. El contrato con Defensa publicado en septiembre consistía en "servicios de seguridad y control para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos" y fue adjudicado a dos empresas: Seguridad Integral Canaria S.A. y Proman Servicios Generales S.L.

A la primera se le encargaban servicios de seguridad, mientras que a la segunda le correspondía ofrecer servicio de auxiliares de control, tales como conserjes o porteros. Todo ello por un montante final de unos 43 millones de euros.

Ramírez, indultado por el Gobierno

Miguel Ángel Ramírez es el fundador y actual propietario de Seguridad Integral Canaria S.A. y también es presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. En noviembre de 2011 fue condenado a tres años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, pero a finales de 2013 el Gobierno le indultó en contra de la opinión del fiscal.

El Ministerio de Justicia defendió entonces la concesión de este indulto, pero declinó comentar las donaciones que hizo al PP y los contratos públicos que tiene firmados con la Administración, alegando que desconoce las empresas en las que participa. En estas declaraciones, que forman parte de una respuesta parlamentaria al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) José Luis Centella, subrayan que, a la hora de evaluar el caso de Ramírez, se tuvo en cuenta "el histórico penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta", así como el hecho de que "en su informe policial carecía de antecedentes".

En todo caso, remarcó que "la concesión individualizada de una gracia no significa la revocación de la sentencia", pues "el indulto sólo moldea de manera parcial el cumplimiento de una determinada condena" y, aunque obtenga ese perdón, "el indultado sigue siendo culpable por haberlo declarado así una sentencia firme dictada en sede judicial".

Fomento le adjudicó la seguridad de tres ministerios

Nueve meses después del indulto, en julio de 2014, Seguridad Integral Canaria recibió una concesión pública por la que se le adjudicó la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios, donde se encuentran los departamentos de Fomento, Empleo y una sección de Agricultura.

La empresa de Ramírez ya ejercía estas funciones en Nuevos Ministerios desde 2011, cuando fue contratada por un lapso de dos años que terminaron extendiéndose a tres y medio. Seguridad Integral Canaria se ocupa, al menos durante otro año más, de la vigilancia en el complejo tras firmar un contrato por valor de 2,8 millones de euros, muy similar al anterior.

Una nueva imputación por fraude

A comienzos de 2014, la Fiscalía presentó una querella en su contra ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por defraudar una cantidad que podría alcanzar los 40 millones de euros al camuflar como dietas –concepto que está exento de cotización a la TGSS y de retención de IRPF- el pago de horas extra de sus trabajadores –no exentas de cotización y retención– entre 2008 y 2013, causa por la que continúa imputado.

Miguel Ángel Ramírez fue imputado tras la denuncia del sindicato FTSP-USO de estas supuestas defraudaciones de Seguridad Integral Canaria en los años 2008 y 2009. En este sentido, el sindicato aseguraba que el fraude podría estar sobre los 2 millones de euros en estos dos años, aunque la instrucción del caso también investiga hasta 2013, de forma que esta cifra podría verse incrementada hasta los 40 millones de euros.

Intento de ERE en Metro de Madrid

El pasado 3 de septiembre Seguridad Integral Canaria envió una carta a sus trabajadores en Metro de Madrid, donde se ocupa de la seguridad de tres zonas, para informarles de que había decidido realizar un despido colectivo de 90 trabajadores a causa de "la disminución de la demanda de servicios de vigilancia" en el suburbano.

Fuentes del comité de empresa aseguraron a infoLibre que, cuando se firmó el contrato de adjudicación en 2011 por 2,8 millones de euros, "Metro les dijo que el 30% de la plantilla [de vigilantes de seguridad] iba a desaparecer" en los próximos meses.

No obstante, a mediados de ese mismo mes, Seguridad Integral Canaria retiró este Expediente Regulador de Empleo (ERE). Según CCOO, la empresa retiró el expediente "por unanimidad tras reconocer las deficiencias en la forma de comunicación a los representantes de los trabajadores y en la documantación aportada, ya que no obedecía a los requerimientos mínimos para su admisión por la autoridad laboral".