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Frente Cívico "Somos Mayoría" Estatal | La fiscalización se queda a las puertas del TTIP
La Comisión Europea esconde las negociaciones del Tratatado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Tras la tormenta desatada por el caso Lux Leaks, el presidente de la
Comisión Europea, Jean Claude Juncker, no parece la persona apropiada
para impulsar una campaña por la transparencia en las relaciones del
poder político con las grandes transnacionales, pero no puede decirse
que el hombre no intente lavar su imagen. El lunes 1 de diciembre, la
Comisión inauguraba una nueva página en su web, en la que los miembros
de la Comisión Europea tendrán que colgar su agenda de encuentros con
organizaciones y autónomos. El mismo día, sólo dos comisarios habían
subido sus citas con, entre otros, el Grupo Santander y Citigroup. El
registro de las reuniones con lobbies no es algo nuevo en Europa, e
incluso ha sido una de las bazas que ha jugado Mariano Rajoy en el
anuncio de su batería de medidas anticorrupción del jueves 27 de
noviembre.
Hace un año, la sanción de la nueva Ley de Transparencia española dejaba
fuera las “organizaciones de intereses”, en palabras de Rajoy, o
lobbies, siete letras que sirven de paraguas para englobar a grupos de
presión y defensa de intereses, sea de particulares, empresas u
organizaciones de la sociedad civil. No obstante, el tiempo ha pasado
desde que Sáenz de Santamaríapresentase la Ley de Transparencia, y lo
que entonces no parecía buena idea ahora es una nueva exigencia. España
es, junto a Portugal y Grecia, el país europeo en el que la presencia de
los lobbies no aparece en registros adecuados. Pese a esta carencia,
Juan Hernández Vigueras, doctor en Derecho y experto en finanzas
internacionales, confiesa que no cree mucho en una legislación que
regule los lobbies, entre otras razones porque “dado el funcionamiento
del Parlamento, y dadas las listas cerradas, las influencias se cuecen
fuera de allí”.
No es el único que no ve en los registros la forma más eficaz de
controlar el poder de las empresas transnacionales sobre cargos electos.
Víctor Lapuente, profesor de Transparencia y Buen Gobierno en la
Universidad de Gotemburgo, cree que los registros “no hacen falta” si
existe una buena ley de acceso a la información, “si puedes pedir con
quién se ha reunido el presidente” y si esta agenda “está hecha por una
institución imparcial”.
Pero, señala Lapuente, “en el caso de que sospechemos que no es así, no
resuelve el problema”. El periodista Pep Campabadal se ha interesado por
el funcionamiento de prácticas de transparencia en Estados Unidos y la
Unión Europea, y establece una diferencia entre las leyes que
directamente consideran secretas determinadas informaciones de aquellas
que, mediante trabas burocráticas, impiden de facto acceder a la
información, en el tiempo necesario para que ésta permita reaccionar a
la ciudadanía. Así, los registros tienen utilidad en cuanto “reducen la
sensación de impunidad” y, resume Campabadal, como pueden producir
requerimientos, pueden tener un efecto disuasorio.
Lo estructural
En julio, el Corporate Europe Observatory publicaba los datos sobre la
presencia de lobbies en la negociación del Acuerdo Transatlántico de
Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés). Varios datos
llamaron la atención, como el hecho de que un 30% de las visitas
pertenecían a lobbies no inscritos en el Registro Europeo de
Transparencia. El 92% de los 500 encuentros del grupo negociador del
TTIP fue con intereses empresariales, y sólo un 7% de las reuniones se
produjeron con organizaciones de la sociedad civil europea. En cabeza
está el lobby de la agroindustria, que se ha reunido más de cien veces
con los equipos negociadores.
Pero los encuentros con los lobbies han sido sólo una pequeña parte de
las críticas de esta y otras organizaciones a la negociación del TTIP
por parte de la Unión Europea. En julio, el Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea emitía la sentencia C-350/12, que reconocía
el derecho de acceso a la información y la obligación de permitir el
acceso total o parcial a los documentos de una negociación internacional
a cualquier ciudadano. La diputada delAlde Marietje Schaake y la
Ombudsman (Defensora del Pueblo), Emily O’Reilly, han pedido
transparencia, y la segunda exige una Comisión de Investigación que
examine en qué condiciones se lleva a cabo la negociación entre Estados
Unidos y la Unión Europea. Sobre el papel, el acceso a información
debería ser suficiente, explica Victoria Anderica, coordinadora de
campañas y proyectos de la organización Access Info Europe, y está
garantizado por el reglamento 10/49, lo suficientemente garantista para
favorecer el derecho a la información, pero “con este tratado se están
escudando en una de las excepciones, que es la flexibilidad en el
proceso de negociación”. Anderica considera especialmente grave que el
tratado se esté negociando sin consulta ni transparencia, “porque la
toma de decisiones puede tener impacto directo sobre la vida de las
personas sin que haya habido ningún tipo de consulta ni de
transparencia”.
Hernández Vigueras considera que el Estado español tiene poco margen en
temas comerciales y de exteriores de la UE. Para este expresidente de
Attac, la connivencia parte “de que hay un denominador ideológico común,
que es no interferir en los mercados”. El problema, que ese acuerdo
influye en la legislación en un ramo inabarcable de sectores y, por
tanto, en la legislación de todos los Estados miembro: “Este tipo de
tratados ya no son abstractos y generales, sino que son verdaderos
reglamentos que, como las directivas europeas, te dejan poco margen para
regular”.
Varios eurodiputados han relatado que los pasos adelante dados por el
equipo del TTIP se han traducido en el acceso sin cámaras, bolígrafos ni
bolsos a una reading room en la que faltan documentos y algunos han
sido “blanqueados” bajo el argumento de que hay información “no
relevante”, según explica Luis Rico, integrante de Ecologistas en Acción
y de la Plataforma Estatal No al TTIP. El argumento del equipo europeo
es que se intenta “no mostrar las cartas” a la otra parte, pero para
Luis Rico el problema es que la otra parte “no es el equipo
estadounidense, sino que somos la ciudadanía”. Anderica concluye que un
acuerdo como el TTIP “no puede estar al margen del escrutinio público”. Y
cree que la flexibilidad en la negociación puede significar que se
vulneren otros derechos.
Juncker salva el impacto de ‘Lux leaks’
El 27 de noviembre, el Parlamento Europeo rechazaba por una amplia
mayoría la moción de censura a Jean Claude Juncker (en la foto junto a
Mariano Rajoy). El primer presidente electo de la Comisión Europea puso
su cargo a disposición después de que el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación desvelase que Luxemburgo estableció
acuerdos fiscales con 340 empresas entre 2002 y 2010, cuando Juncker era
primer ministro de ese país.
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