un resumen de cómo funciona el "libremercado" en la "democracia" de hispanistán: el Gobierno legisla a su propia conveniencia ("teme perder el
control de los contenidos que se emiten en abierto") y estableciendo "barreras insalvables" (sic) y "demoras intencionadas" (sic).. evidentemente buscando el "bien común"..
por algo hispanistán tiene la electricidad más cara de Europa.. y muchas cosas más, que no vamos a mencionar para no aburrir..
"capitalismo" de amiguetes.. y legal, claro..
disfruten lo votado..
El Gobierno planea cambiar la ley para blindar la TDT contra las empresas "indeseadas"
El interés de Al Jazeera y de otras empresas extranjeras por entrar en
España es visto con recelo desde el Ejecutivo, que teme perder el
control de los contenidos que se emiten en abierto. En los próximos
meses, se adjudicarán cinco nuevas licencias para la TDT y son varias
las compañías que se prevé que pujen por ellas.
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Para completar este giro, es necesaria la modificación de la Ley General
de Comunicación Audiovisual, algo que el Ejecutivo podría promover
mediante un Decreto-Ley.
Otro de los ases que se guarda bajo la manga el Ministerio de Industria
es el de la forma que tendrá el procedimiento de adjudicación de las
próximas licencias de emisión, la cual podría incluir alguna barrera
insalvable para las empresas extranjeras que quieran introducirse en el
mercado español. “El que estas compañías tuvieran que completar un mero
trámite para emitir en España podría bastar para que no consiguieran la
licencia, pues su adjudicación podría demorarse durante meses
intencionadamente” para que no llegaran a tiempo de presentarse al
concurso, aseveran las mismas fuentes.
Una gestión “nefasta” del Dividendo Digital
Uno de los asuntos más polémicos que han rodeado a la TDT en las últimas
semanas es el retraso de España en la adaptación al Dividendo Digital,
es decir, en la liberación de la franja de 800 Mhz del espectro
radioeléctrico para que las compañías de telecomunicaciones puedan
utilizarla para sus servicios de banda ancha. La fecha límite que la
Unión Europea había establecido para completar este proceso era el 31 de
diciembre, sin embargo, el Gobierno se ha visto obligado a prorrogarlo
tres meses más como consecuencia de dos serios problemas: por un lado,
la sospecha de que las interferencias entre los servicios de televisión e
internet móvil podrían hacer colapsar a millones de receptores; y, por
otro, el bajo porcentaje de edificios que han preparado sus antenas para
recibir correctamente los canales desde sus nuevas frecuencias.
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