“Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas”, dijeron los expertos.
Desde la sentencia, cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar. Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando casas de imprenta y confiscando materiales electorales. Varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado.
Diferentes personajes políticos han sido arrestados, al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.
“Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española”, señalaron.
El 21 de septiembre, más de 4.000 agentes de policía fueron desplegados en la región autónoma, con una orden del Gobierno de ‘actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal’.
“Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social”, dijeron los expertos.
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