Cuando los requerimientos judiciales fueron apremiantes, Juana, no sé si por propia iniciativa o aconsejada desafortunadamente por otras personas, decidió desaparecer con sus hijos ocultándolos y sustrayéndolos a los posibles medidas que inevitablemente debían acordarse. Alguien debió advertirla de que estaba cometiendo un delito que lleva aparejada una pena de dos a seis años de prisión y la posible pérdida de la patria potestad. Este delito ha sido cometido en España, por tanto deben ser las autoridades judiciales españolas las que juzguen los hechos.
Por si la situación no era lo suficientemente tensa, el presidente del Gobierno, la presidenta de la Junta de Andalucía y algunos políticos más, con una grave irresponsabilidad, entraron en el debate social y mediático, mostrando una cierta comprensión con una conducta que vulneraba flagrantemente la ley y los compromisos internacionales contraídos por España.
El tono y la agresividad de grupos y sectores comenzó a elevarse llegando a violentar gravemente, hasta extremos que pudieran lindar con Código Penal, la libertad y de independencia de los jueces españoles, tachándoles poco más o menos de prevaricadores y llegando a presentar una denuncia del Consejo General del Poder Judicial para que se investigue a una jueza que no había hecho más que cumplir estrictamente con la ley para salvaguardar el Estado de derecho y el prestigio internacional de nuestro país.
y ésto es lo mínimo que hay por el lado de hispanistán.. luego hay otra demanda que se verá en Italia.. el caso no se ha acabado..
disfruten lo votado..
Juana tampoco está en mi casa - José Antonio Martín Pallín - Magistrado emérito del Tribunal Supremo
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